Cuenta atrás del juez Peinado para llevar a Begoña Gómez a juicio antes de jubilarse

Juan Carlos Peinado cumple 72 años el próximo 27 de septiembre y, con ello, llegará a la edad límite que la legislación marca para la jubilación forzosa de los jueces.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tiene que cumplir con varios pasos procesales antes de la mencionada fecha (para la que quedan menos de dos meses y uno, el actual de agosto, es inhábil para la Justicia), antes de confirmar si envía definitivamente al banquillo a la mujer del presidente del Gobierno para que se someta a un tribunal de jurado popular, tras el aval a su procesamiento que ofreció la Audiencia Provincial de Madrid.

La mujer del presidente está acusada de dos delitos, uno de tráfico de influencias y otro de malversación de caudales públicos. A Gómez la acompañará su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, a la que únicamente se le atribuye un ilícito de malversación de fondos públicos, en calidad de «cooperadora necesaria» en el desvío del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para fines privados de la esposa de Pedro Sánchez.

Hasta septiembre no se prevé que se produzcan avances, puesto que Peinado amplío el plazo hasta el mes que viene para que el nuevo abogado defensor de la cónyuge del jefe del Ejecutivo, el penalista mallorquín Jaime Campaner (que sustituyó al exministro socialista y exfiscal Antonio Camacho en la representación de Gómez), presente su escrito de defensa.

Campaner solicitó al juez una extensión del margen para «disponer del tiempo suficiente para instruirse» de una causa, cuyo sumario supera «con creces» los 1.000 folios y ser capaz así de «ejercer una asistencia letrada eficaz». Hay que tener en cuenta que, de momento, el abogado de la alto cargo de Presidencia del Gobierno, José María de Pablo, tampoco ha enviado su escrito de defensa.

Previamente, la acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír, trasladó su escrito de conclusiones provisionales en que reclamó para la mujer de Sánchez una condena a 13 años de cárcel y, en el caso de su asistente Álvarez, una pena de seis años de prisión.

La UCM, por su parte, requiere a ambas el pago solidario de una indemnización superior a los 100.000 euros, en concepto de responsabilidad civil, en relación a la apropiación del programa informático que se desarrolló en el seno de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía Gómez.

Una vez el magistrado instructor tenga sobre su mesa los escritos de defensa de las dos, será momento para que señale día y hora para la celebración de la audiencia preliminar en que todas las partes tendrán que exponer su posición sobre la procedencia de abrir juicio oral contra la pareja del también líder del PSOE y su asesora.

Únicamente podrá exigirles que «estén localizadas en todo momento», ya que los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia de Madrid negaron que, como había dicho el instructor, se apreciase la existencia de riesgo de fuga y, por ello, se les pudiese imponer algún tipo de medida cautelar de carácter personal, que sí llegó a dictar el juez Peinado y fue revocada por la instancia judicial superior.

Tras la vista, el magistrado tiene un plazo máximo de tres jornadas para dictar el auto en que, finalmente, confirmará si Gómez será juzgada o, en cambio, procede al sobreseimiento de las actuaciones en su contra.

Cumplido este paso, la Fiscalía, que declinó presentar escrito de conclusiones provisionales, hará llegar al juez Peinado otro en el que compilará los argumentos en base a los que reclama la absolución de Gómez y Álvarez.

La Audiencia de Madrid respaldó su procesamiento por la existencia de numerosos indicios «con una fuerza incriminatoria más que consistente» de que Gómez decidió prevalerse de su «condición de mujer del presidente del Gobierno» para conseguir que el rector de la UCM, Joaquín Goyache, ordenase crear su cátedra; que empresas privadas financiasen el software y para intermediar en favor del empresario Juan Carlos Barrabés, así como la utilización por su parte «para fines privados de su asistente personal». El jurado lo formarán nueve vecinos de la Comunidad de Madrid sin conocimientos jurídicos.