El IVA no distingue pobreza
La urgencia fiscal volvió a tocar la puerta. Después de años de reformas postergadas, caída en los ingresos y presión sobre la deuda, el gobierno busca nuevas fuentes de recaudación. En ese contexto aparece la posibilidad de llevar del 1% al 13% el IVA sobre la canasta básica, al menos para los hogares de mayores ingresos. La idea tiene lógica fiscal. Las tarifas reducidas benefician a todos, no solo a quienes las necesitan. Una familia de altos ingresos también compra arroz, frijoles, leche o pan con IVA reducido. Por eso, ampliar la base del IVA puede generar ingresos y eliminar una exoneración mal focalizada.
Pero reconocer ese punto no resuelve el problema distributivo. Según la Enigh 2024, los alimentos y bebidas no alcohólicas representan el 32% del gasto de consumo de los hogares de menores recursos, frente al 13% de quienes disponen de mayores ingresos. Es decir, el gasto alimentario pesa más del doble en los hogares de menores ingresos. Y la canasta básica tributaria no incluye solo alimentos. También incorpora bienes de higiene personal, limpieza del hogar y útiles escolares. Con cálculos propios a partir de la Enigh2018, los productos incluidos en esa canasta representaban cerca del 42% del gasto de consumo para el primer quintil, frente al 14% en el quintil de mayores ingresos. Por eso el mecanismo de compensación no es un detalle operativo. Si se cobra un 13% y luego se devuelve mediante transferencias monetarias, el resultado dependerá de quién aparece en los registros, cuánto se devuelve, cuándo se transfiere y si Hacienda efectivamente gira los recursos. Una devolución tardía, parcial o mal focalizada no evita el golpe de caja en el supermercado.
La alternativa de aplicar el descuento directamente con la cédula parece más atractiva, porque la persona no pagaría el 13%, para esperar después una devolución. Aun así, el diseño abre preguntas complejas. ¿Qué pasa con los hogares pobres no registrados? ¿Qué ocurre con quienes entran y salen de la pobreza durante el año? ¿Con la clase media baja que no califica como pobre, pero tampoco puede absorber 12 puntos adicionales de IVA en bienes básicos? ¿Con pequeños comercios sin capacidad tecnológica suficiente?
La sociedad no se divide entre pobres y ricos. Hay pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad, informalidad y hogares que dependen de un empleo que pueden perder mañana. Un registro administrativo puede ser útil, pero solo si reconoce esa movilidad y minimiza exclusiones y filtraciones. Costa Rica necesita recaudar más y mejor. Pero también necesita hacerlo sin convertir la canasta básica en el lugar donde se cobra la factura de las reformas que no se hicieron a tiempo.
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Andrés Fernández Arauz es economista.