¿‘Ticos con corona’? La pregunta incómoda detrás de los recursos de amparo por atención médica
Una frase desafortunada encendió la discusión pública: llamar “ticos con corona” a quienes recurren a la Sala Constitucional para que se les garantice atención médica oportuna. La expresión es injusta y conviene desmontarla. Pero la respuesta que ha recibido deja sin decir algo igual de importante.
Acudir al amparo no es un privilegio. Es el ejercicio de un derecho que la Constitución reconoce a toda persona. Quien espera una cirugía o un medicamento que su enfermedad no le permite postergar, y acude a la Sala Constitucional, no abusa del sistema: usa la herramienta que el ordenamiento le ofrece cuando los plazos clínicos se incumplen. Hasta aquí, las organizaciones de pacientes tienen razón.
El problema es que ese derecho, legítimo en el papel, no se ejerce igual en la vida real. Interponer un recurso supone saber que existe, vivir donde hay quien lo redacte y, con frecuencia, pagar un abogado. Esas condiciones no se reparten por igual entre los costarricenses; se concentran en las zonas urbanas y en quienes disponen de algún recurso. El habitante de una comunidad alejada, con menos escolaridad y sin contactos, rara vez llega al tribunal, aunque su necesidad sea idéntica o mayor.
Aquí aparece la pregunta incómoda. La capacidad del sistema no crece porque un juez lo ordene. Los quirófanos, las horas de especialista y el presupuesto de medicamentos son los que son. Una orden de amparo no alarga la fila: la reordena. Coloca adelante a quien supo reclamar y, sin proponérselo, desplaza a quien no pudo hacerlo. Cuando el acceso al tratamiento depende de la capacidad de litigar y no de la gravedad clínica, la solidaridad que sostiene nuestro seguro social queda herida.
Conviene decirlo con cuidado, porque la conclusión fácil sería equivocada. Que un derecho se ejerza de forma desigual no lo convierte en privilegio, ni vuelve culpable a quien lo ejerce. Reprochar al paciente que ganó su amparo es atacar el síntoma y dejar intacta la enfermedad. Tampoco todo recurso desplaza a un tercero: muchos solo obligan a la institución a entregar lo que ya debía: un medicamento aprobado que la burocracia retuvo. Ahí no hay un paciente perjudicado por otro, sino una negación corregida.
Por eso, la salida no está en pedir que la gente deje de recurrir, ni en señalar a quien lo hace. Está en cerrar la brecha que vuelve desigual ese derecho. Una defensa pública ágil en materia de salud, el acompañamiento de la Defensoría de los Habitantes y un trámite simplificado convertirían el amparo en lo que debe ser: una garantía al alcance de cualquiera, no solo de quien sabe moverse.
El debate se ha planteado como si hubiera que elegir entre dos afirmaciones opuestas. No hay tal dilema. El amparo es un derecho legítimo y, a la vez, su ejercicio desigual revela un sistema que falla a todos, pero en el que solo algunos pueden reclamar. Negar lo primero es injusto con el paciente. Negar lo segundo es injusto con quien nunca llega a la Sala Constitucional. La discusión madura empieza cuando sostenemos ambas verdades a la vez.
En cuarenta años de ejercicio, he visto las dos colas: la del paciente que sabe tocar la puerta correcta y la del que espera, en silencio, una cita que no llega. Ninguno de los dos tiene la culpa del sistema que los separa, pero solo uno de ellos sabe defenderse; quisiera pensar que no desplaza a quien más lo necesita. Por eso, no me preocupa que la gente recurra a la Sala Constitucional. Me preocupa todo el que no recurre porque ni siquiera sabe que puede hacerlo. Me preocupa el sistema de salud, que no demuestra mayor pericia en el manejo de sus tiempos de respuesta.
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Marco Vinicio Boza Hernández es médico especialista en medicina interna y salud pública.