El conflicto político, social y administrativo que rodea la gestión de los aparcamientos regulados en el núcleo turístico de Matalascañas, dependiente del municipio onubense de Almonte, ha traspasado definitivamente la frontera de lo penal. Agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Policía Judicial de la Guardia Civil se personaron este miércoles, cerca del mediodía, en la sede central del Ayuntamiento de Almonte con un mandato judicial: retirar de forma inmediata los expedientes sobre el contrato de la zona azul de Matalascañas y de la concesión del aparcamiento municipal de la aldea de El Rocío. La actuación policial llega después de que el Consistorio, liderado por el alcalde Paco Bella (del partido independiente Ilusiona), ignorara requerimientos previos de la Justicia...
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