Cuando la igualdad dejó de ser una fortaleza de Costa Rica
Durante buena parte de la década de 1990, Costa Rica y Uruguay figuraban entre los países más igualitarios del mundo. Hoy, sin embargo, la realidad costarricense es muy distinta. Nuestro país se encuentra entre las naciones más desiguales de América Latina, una situación que debe preocuparnos profundamente, pues compromete la cohesión social, limita las oportunidades de movilidad y pone a prueba la fortaleza de nuestra democracia.
La desigualdad de ingresos, medida mediante el coeficiente de Gini, alcanzó en 2021 un valor de 0,524, la cifra más alta registrada desde 1987. Aunque en los últimos años se han observado reducciones en los niveles de pobreza, la brecha entre quienes más tienen y quienes menos poseen continúa siendo muy amplia.
La desigualdad social se manifiesta cuando las personas no tienen las mismas oportunidades de acceso a la educación, el empleo, la salud, la vivienda o los servicios básicos. En Costa Rica, estas diferencias son particularmente visibles entre las zonas urbanas y rurales, así como entre las regiones periféricas y la Gran Área Metropolitana (GAM).
Entre las principales causas de esta situación destacan el desempleo estructural, la informalidad laboral, los bajos salarios y las deficiencias del sistema educativo, que con frecuencia termina excluyendo precisamente a quienes más necesitan de la educación como instrumento de movilidad social. A ello se suman factores económicos, culturales y sociales que perpetúan las brechas entre distintos grupos de población.
La persistencia de estos problemas ha provocado que la desigualdad permanezca prácticamente estancada desde hace dos décadas, con un coeficiente de Gini cercano al 0,490. Esta realidad coloca a Costa Rica en una posición poco favorable incluso frente a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Reducir la desigualdad exige mucho más que programas asistenciales. Resulta indispensable mejorar la capacidad de ejecución de las instituciones del sector social, generar empleos formales y sostenibles, fortalecer a la pequeña y mediana empresa y promover políticas que permitan mejorar los ingresos de los trabajadores.
Costa Rica construyó históricamente su estabilidad democrática sobre una amplia clase media y una relativa igualdad de oportunidades. Recuperar ese modelo no solo es un desafío económico, sino también una necesidad para preservar la cohesión social y el futuro del país.
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Bernal Monge Pacheco es consultor externo.