El juez que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero ha ofrecido a la Abogacía del Estado que se persone como acusación particular, en representación de la Agencia Tributaria, por los perjuicios al erario público causados por los delitos fiscal y de contrabando imputados al expresidente del Gobierno. El magistrado Calama da un paso previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que consiste, en definitiva, en informar a la víctima de su derecho a ser parte en la investigación penal y, en el futuro, a poder presentar un escrito de acusación contra el imputado. Cuando la víctima es un ciudadano particular o una empresa privada, ninguno está obligado a aceptar ese ofrecimiento, porque es una facultad y porque, como regla general, la Fiscalía asume tanto la acción penal como la civil. Sin embargo, cuando el perjudicado es el Estado, más en concreto, el erario público por fraudes tributarios, la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, no tiene 'derecho' a perseguir al defraudador, sino una obligación legalmente exigible de hacerlo para proteger el patrimonio estatal. La Abogacía del Estado no tenía que haber esperado a que el juez le ofreciera la posibilidad de personarse como acusación particular: tendría que haberlo hecho por iniciativa propia y de forma automática en cuanto el juez imputó a Rodríguez Zapatero los delitos fiscal y de contrabando. El auto del juez central de la Audiencia Nacional, tal y como el Gobierno ha venido sirviéndose del Servicio Jurídico del Estado, pone a la Abogacía del Estado en una disyuntiva: actuar con objetividad y sujeción al principio de legalidad o atender el interés personal de Pedro Sánchez, que hoy coincide con la protección de su canciller en las tinieblas. Conforme a la objetividad y la legalidad, no hay duda: solo cabe la personación. La segunda opción ya dio un resultado sonrojante: aquella inefable querella de Pedro Sánchez, envuelto en la dignidad impostada de su cargo, contra el juez Juan Carlos Peinado, firmada contra toda lógica jurídica por una abogada del Estado. Ante un importe muy superior al millón de euros, correspondiente a unas joyas no declaradas por Rodríguez Zapatero, el caso es de un nivel tan básico que no tendría que suscitar duda alguna sobre si procede o no la personación de la Abogacía del Estado. Guardadas en una caja fuerte, fuera del domicilio familiar, sin explicación inmediata convincente –salvo la fantasía de la herencia de turno–, todo son indicios que avalan los juicios provisionales y las decisiones del juez Calama. A la Abogacía del Estado le basta con aplicar un poco del celo controlador que la Agencia Tributaria extiende hasta el más mínimo de los ingresos de las familias, los autónomos y las empresas para salir corriendo a llamar a la puerta del juez Calama. Cualquier decisión en sentido contrario sería inconcebible, porque, además, la personación en este momento de la investigación no conlleva de forma automática acusar a Rodríguez Zapatero. Solo implica garantizar que los intereses generales presuntamente vulnerados por el expresidente socialista con sus comisiones, sus sociedades pantalla, sus influencias internacionales y sus carísimas joyas van a estar dignamente representados por una Abogacía del Estado que debe reivindicarse frente a la manipulación sanchista.
