El Gobierno extiende hasta diciembre el control a las petroleras
El Gobierno ha decidido extender hasta el próximo 31 de diciembre el control extraordinario sobre las grandes petroleras implantado a raíz de la escalada de tensión en Oriente Medio.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la prórroga de la obligación que tienen los operadores con capacidad de refino en España de comunicar semanalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) información detallada sobre sus costes de adquisición de productos petrolíferos y sobre los precios de venta de los carburantes.
La medida, impulsada conjuntamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, busca reforzar la capacidad de supervisión del organismo regulador en un momento en el que los mercados energéticos siguen condicionados por la incertidumbre internacional y por el riesgo de nuevas alteraciones en el suministro de crudo.
El Ejecutivo considera que la situación que motivó la aprobación del mecanismo extraordinario no ha desaparecido. Aunque los mercados han evitado por ahora escenarios extremos de desabastecimiento, la volatilidad de las cotizaciones energéticas continúa siendo elevada, sostiene el Gobierno, que ignora de momento la brusca caída de los precios del barril de Brent, de referencia en Europa, en las últimas dos jornadas, hasta moverse en los 80 dólares el barril.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido la continuidad del sistema de información obligatoria al afirmar que el contexto internacional sigue marcado por una "gran incertidumbre". Según ha explicado, el Gobierno pretende seguir monitorizando el impacto de la situación sobre los ciudadanos y mantener instrumentos que permitan aumentar la transparencia en la comercialización de combustibles.
La obligación de remitir datos a la CNMC fue introducida mediante el Real Decreto-ley 7/2026, que dio forma al Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Aquella norma estableció inicialmente una vigencia de tres meses para el mecanismo, concebido como una herramienta temporal destinada a comprobar si los movimientos en los mercados internacionales estaban siendo trasladados de forma proporcionada a los precios finales de los carburantes.
La decisión de ampliar su duración supone, en la práctica, que el Gobierno no considera agotada la necesidad de vigilancia sobre un sector especialmente sensible para la economía. El coste de los combustibles tiene una repercusión directa sobre el transporte, la logística y buena parte de la actividad empresarial, además de influir de forma significativa en la evolución de la inflación.
La prórroga llega además después de que la CNMC publicara el pasado 29 de mayo el informe encargado por el propio Ejecutivo para analizar el funcionamiento del mercado de distribución y comercialización de carburantes. El regulador debía examinar, entre otros aspectos, la evolución de los márgenes empresariales y valorar si el marco normativo vigente resulta adecuado para afrontar las distorsiones derivadas del conflicto en Oriente Medio.
Las conclusiones del organismo no cerraron el debate. Lejos de dar por terminado el análisis, la CNMC defendió la conveniencia de seguir recopilando información antes de extraer conclusiones definitivas sobre el grado de competencia existente en el mercado español.
El regulador considera que el periodo de observación disponible hasta ahora es insuficiente para identificar comportamientos estructurales en un entorno internacional caracterizado por fuertes oscilaciones de precios.
Esa valoración ha sido uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la ampliación del régimen de supervisión. El objetivo es disponer de una base de datos más amplia y homogénea que permita distinguir entre los efectos derivados de la evolución de los mercados internacionales y aquellos vinculados a la actuación de los distintos operadores presentes en España.
La información que deberán seguir remitiendo las compañías incluye tanto el coste de adquisición de los productos petrolíferos como los precios a los que venden el carburante a las estaciones de servicio. Con esos datos, la CNMC puede realizar un seguimiento más preciso de la formación de precios a lo largo de la cadena de suministro y detectar posibles anomalías en los márgenes comerciales.
El mantenimiento de este sistema de reporte también refleja la preocupación del Ejecutivo por el impacto político y social que tendría una nueva escalada de los carburantes. El precio de la gasolina y del diésel continúa siendo uno de los indicadores más visibles para los consumidores y cualquier incremento sostenido termina afectando al coste de numerosos bienes y servicios.
En los últimos años, los sucesivos episodios de tensión internacional han situado al sector energético bajo un escrutinio creciente por parte de las autoridades. La invasión rusa de Ucrania primero y el deterioro de la situación en Oriente Medio después han llevado a los gobiernos europeos a reforzar los mecanismos de seguimiento de mercados considerados estratégicos.