Marzo entra en los cálculos electorales de Moncloa: la corrupción acelera la necesidad de una salida
Señal de la excepcionalidad que rodea al Gobierno es que la principal preocupación de Moncloa no es la oposición. Ni unos socios parlamentarios cada vez más desafectos. El problema que ocupa todo el espacio en las conversaciones políticas del entorno del presidente es la corrupción y las investigaciones policiales y judiciales que les afectan.
En el núcleo sanchista son conscientes de que la principal diferencia con respecto a otras crisis es que ya no existe una solución política evidente. "Cuando un Gobierno afronta una negociación territorial, una crisis parlamentaria o un conflicto con sus socios puede abrir una mesa de diálogo, negociar concesiones o reformular acuerdos. Cuando la amenaza procede de investigaciones judiciales, informes policiales, declaraciones de imputados o nuevas revelaciones periodísticas, la capacidad de intervención es muy pequeña", lamentan en el grupo parlamentario socialista. Para el presidente del Gobierno, los tiempos han dejado de depender de la voluntad política y han pasado a depender de factores externos que no controlan. Y esta es precisamente la razón por la que en determinados ámbitos del Gobierno comienza a abrirse paso una reflexión que siempre han negado (y siguen haciéndolo oficialmente): si la situación no mejora, la cuestión clave es determinar cuándo resulta más conveniente interrumpir la legislatura.
En este contexto aparece la referencia de marzo. No es una decisión tomada ni un calendario cerrado, sino, a juicio de algunos referentes de equipo del presidente, la primera ventana electoral racional desde un punto de vista estratégico. La hipótesis parte de la conclusión de que el deterioro continuará durante los próximos meses y la agenda política seguirá dominada por la corrupción, por lo que la posición del Gobierno no será mejor dentro de un año que ahora. Este plan no aspira, por tanto, a buscar la fórmula para tener alguna posibilidad de mantener el Gobierno: en lo que están es en conseguir que Sánchez pueda continuar al frente de la oposición, liderando desde allí a la combinación de siglas que le dieron la investidura.
Por eso la imposibilidad de aprobar Presupuestos ha dejado de interpretarse exclusivamente como un fracaso parlamentario. En esta hoja de ruta que se cuece en la sombra (no es la única que manejan) empieza a asumirse que las cuentas públicas podrían acabar convirtiéndose en el argumento político que justifique una convocatoria electoral. No tanto porque el Gobierno considere imposible gobernar sin Presupuestos, algo que ya ha demostrado durante esta legislatura, sino porque la ausencia de unas nuevas cuentas serviría para construir un relato político de bloqueo institucional y agotamiento parlamentario. Esto sucedería a finales del presente año. A partir de ahí, marzo es un mes "fácil" para convocar elecciones.
Cálculo a tener en cuenta es que permitiría al líder socialista contar con la maquinaria de su partido, ya que alcaldes y otros dirigentes territoriales estarían movilizados para sus comicios de mayo. Irse después de mayo, si se cumplen las negras previsiones que manejan, sería "tener detrás un partido derrotado y sin ningún incentivo para mantener activada la maquinaria electoral". La posibilidad de un super domingo electoral, en el que coincidan todos los procesos electorales, se niega oficialmente, quizás porque saben que en el plano orgánico malmeten contra esta posibilidad con la amenaza de una revolución que, hasta ahora, nunca se ha producido, por cierto.
En todo caso, el debate ya gira alrededor de la percepción que existe en algunos sectores socialistas de que los escándalos han dejado de funcionar como episodios aislados para convertirse en una secuencia continua. Y este es el elemento que más inquietud genera porque ya no se trata de una noticia concreta ni de una investigación determinada, sino de la impresión de que la agenda política está atrapada en la asfixiante sucesión de revelaciones, declaraciones judiciales, informes policiales y distintas controversias que impiden recuperar la iniciativa.
La respuesta de La Moncloa ante esta situación ha sido cada vez más política, relato orwelliano, y menos fuerte en lo defensivo. Pero precisamente ahí surge una de las principales dudas que empiezan a formular algunos dirigentes socialistas. Dicen que esta estrategia resulta eficaz para cohesionar al electorado más fiel y mantener movilizado al bloque ideológico propio, pero no resulta suficiente para convencer a los votantes que observan con creciente cansancio la sucesión de escándalos. "Una cosa es ganar una batalla por el relato y otra muy distinta modificar la percepción que termina instalándose en la opinión pública cuando los escándalos se prolongan durante meses". Sentencia una exministra.