La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE sigue bloqueada tras un año sin avances

La aspiración del Gobierno español de lograr que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de la Unión Europea continúa sin avances significativos. Casi un año después del último debate formal sobre la cuestión en el Consejo de Asuntos Generales de la UE, la iniciativa permanece estancada por la falta de consenso entre los Estados miembros.

La última vez que España logró llevar el asunto a la mesa de los ministros europeos fue en julio de 2025. Desde entonces, y pese a los esfuerzos diplomáticos realizados por el Ejecutivo, la propuesta no ha vuelto a figurar en el orden del día. Fuentes comunitarias confirman a Europa Press, que el Gobierno ni siquiera ha solicitado su inclusión en la reunión prevista para este martes en Luxemburgo, consciente de que no cuenta con los apoyos necesarios para alcanzar la unanimidad exigida.

Diversas capitales europeas coinciden en señalar que la medida no figura entre las prioridades de la Unión en un momento marcado por conflictos internacionales, tensiones geopolíticas y otros asuntos considerados más urgentes para los Veintisiete.

La petición española fue presentada en agosto de 2023, en el marco de los acuerdos alcanzados con Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Aprovechando la presidencia española del Consejo de la UE durante el segundo semestre de ese año, el Ejecutivo intentó acelerar su tramitación y llevó la propuesta hasta en cuatro ocasiones al Consejo de Asuntos Generales. Posteriormente volvió a plantearla durante las presidencias de Bélgica, Polonia y Dinamarca, sin éxito.

Sin embargo, durante el semestre actual, bajo presidencia chipriota, España no ha promovido ningún nuevo debate ministerial sobre el asunto, según confirman distintas fuentes europeas a Europa Press.

La unanimidad, principal escollo

Desde el inicio del proceso, la necesidad de obtener el respaldo unánime de los 27 Estados miembros se ha revelado como el mayor escollo. Aunque el Gobierno ha tratado de despejar las dudas de sus socios, persisten las reservas jurídicas y el temor a que la medida siente un precedente para otras lenguas minoritarias en la Unión.

Para facilitar un acuerdo, España se ha comprometido a asumir los costes derivados de la oficialidad, estimados por la Comisión Europea en unos 132 millones de euros anuales. Asimismo, propuso una aplicación gradual a partir de 2027, limitada inicialmente a la traducción de los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, que representan alrededor del 3 % de la producción legislativa comunitaria.

El Ejecutivo también sostiene que el caso del catalán, el euskera y el gallego es singular, al tratarse de lenguas reconocidas en la Constitución española antes de la adhesión del país a la UE, utilizadas en las Cortes Generales y presentes desde hace años en traducciones oficiales de tratados y normativa europea.

Como garantía adicional, España planteó incluir una declaración que estableciera que futuras solicitudes serían evaluadas individualmente y bajo criterios estrictos, entre ellos que la lengua sea originaria históricamente del Estado solicitante y cuente con reconocimiento constitucional desde hace al menos veinte años.

Las dudas persisten

Pese a estas propuestas, las reticencias continúan. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado en varias ocasiones que una mayoría de Estados miembros no se opone a la iniciativa, aunque todavía existirían varios países con reservas. Otras fuentes europeas elevan a una decena las delegaciones que mantienen dudas.

Entre ellas destaca Alemania. Durante el último debate celebrado en julio de 2025, Berlín defendió la necesidad de aclarar previamente la base jurídica de la medida y respaldó la interpretación del servicio jurídico del Consejo, que considera que podría ser necesaria una reforma de los Tratados europeos.

Consciente del peso político alemán, el Gobierno abrió un diálogo bilateral con Berlín a finales del pasado año para intentar acercar posiciones. No obstante, los contactos no han dado resultados. Tras la reunión celebrada en mayo entre Albares y su homólogo alemán, Johann Wadephul, el Ministerio de Exteriores germano reiteró que mantiene sus dudas, especialmente desde el punto de vista jurídico.

Aunque el Gobierno español continúa defendiendo la oficialidad de las tres lenguas como una prioridad política, varios socios comunitarios discrepan de esa valoración.

Fuentes diplomáticas señalan que, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, las tensiones en Oriente Próximo y otros desafíos estratégicos, resulta difícil considerar esta cuestión como urgente. Algunos representantes europeos también apuntan que existe cierta incomprensión ante la insistencia española en este asunto mientras otros debates de interés para la Unión generan menos implicación por parte de Madrid.

Además, varios Estados miembros siguen reclamando un informe formal del servicio jurídico de la UE que aclare definitivamente las implicaciones legales de la propuesta. Sin embargo, para que dicho análisis se inicie es necesario que España lo solicite expresamente, algo que todavía no ha ocurrido.

Tampoco se ha pedido a la Comisión Europea una evaluación de impacto completa sobre el coste económico y operativo de la medida, pese a que Bruselas ha mostrado disposición a elaborarla. Los socios comunitarios reclaman datos detallados y una mayor seguridad jurídica antes de pronunciarse definitivamente sobre una iniciativa que, por definición, tendría repercusiones para el conjunto del presupuesto europeo.