Condenado a 30 años el expresidente surcoreano Yoon por enviar drones a Corea del Norte
La magistratura surcoreana no concibe la clemencia institucional cuando se trata de blindar su ordenamiento. El expresidente conservador Yoon Suk Yeol, que ya purgaba una pena de reclusión a perpetuidad desde el pasado mes de febrero, sumó este viernes una nueva losa penal a su legado con tres décadas adicionales entre rejas. El Tribunal del Distrito Central de Seúl dictaminó su culpabilidad por abuso de poder y el cargo de "beneficiar al enemigo".
Su delito consistió en un exceso de autoridad y en una temeridad geopolítica sin precedentes desde el armisticio de 1953: ordenar incursiones encubiertas de vehículos no tripulados sobre la capital de la dictadura nuclear más hermética del planeta. Según el fallo, esta operación no buscaba disuadir a sus vecinos, sino forzar una represalia militar, sembrar el terror entre la ciudadanía y fabricar el pretexto bélico que justificara la imposición del kamikaze estado de excepción de diciembre de 2024.
El cebo en el cielo del paralelo 38
El despliegue aéreo ordenado desde la Casa Azul supuso una aberración táctica. Los informes internos desvelados durante el proceso judicial que se acaba de cerrar, revelan que el Comando de Operaciones de Drones ejecutó más de una decena de infiltraciones en territorio septentrional durante octubre y noviembre de 2024. Al menos tres de esas misiones lograron penetrar la red de defensa antiaérea de la capital enemiga para diseminar material de guerra psicológica.
El equipo legal del exmandatario intentó ampararse en la legítima defensa frente a la rudimentaria guerra asimétrica del Norte, basada en el envío de globos con desechos. Sin embargo, la lógica militar desmontó esta coartada. Informes de inteligencia demostraron que la presidencia llevaba recibiendo planes detallados de infiltración desde junio, mucho antes del supuesto pico de tensión. Operativamente, enviar enjambres aéreos sobre un bastión nuclear no neutraliza amenazas, sino que posibilita una escalada cinética. La fiscalía especial demostró que Yoon jugó a la ruleta rusa con la seguridad nacional para detonar un conflicto en la zona limítrofe.
Seis horas que sepultaron un mandato
El teatro de operaciones se trasladó de forma brusca del paralelo 38 al mismísimo corazón parlamentario la noche del 3 de diciembre, cuando Yoon ejecutó aquel temerario órdago marcial que derivó en una fractura total de la cadena de mando constitucional. Acorralado por una popularidad en picado y por investigaciones que sitiaban a su círculo familiar íntimo, en particular su esposa, el antiguo fiscal general compareció en televisión para abolir, en la práctica, la Carta Magna. Escudándose en la supuesta protección del Estado frente a "fuerzas subversivas", decretó la intervención de las fuerzas armadas en el poder legislativo y la censura total de la prensa.
El experimento autoritario apenas sobrevivió seis b. La rápida movilización de los parlamentarios, que sortearon el cerco uniformado para revocar el edicto en una sesión de urgencia, abortó la derogación del ordenamiento jurídico. Este error de cálculo cristalizó en el rápido proceso de destitución y sentó las bases para el demoledor auto del pasado mes de febrero. En aquel proceso paralelo, el estricto juez Ji Gwi-yeon aplicó la pena máxima al considerar a Yoon el "cabecilla" indiscutible de una insurrección en toda regla. Los togados surcoreanos dejaron claro que utilizar la jefatura de las Fuerzas Armadas para subvertir la asamblea constituye el acto de traición definitivo contra una democracia consolidada.
Lejos de ser un pionero del caos o de representar el bautismo de una anomalía democrática, Yoon sucumbió a la implacable trituradora institucional que somete cíclicamente a sus líderes al destierro, el asesinato o el escrutinio penal. La verdadera tragedia griega de su hundimiento es la de un hombre devorado por su propio mito. El implacable fiscal que forjó su capital político enviando a prisión a la expresidenta Park Geun-hye jamás comprendió que quien afila la guillotina termina ofreciendo el cuello.
El eterno juego de tronos en Seúl
Hoy, el inquilino de la celda de máxima seguridad contempla un país diametralmente distinto. El colapso del conservadurismo aupó al poder al progresista Lee Jae-myung en unos comicios anticipados que han reconfigurado la balanza de poder. Sin embargo, el aparente salvamento de las instituciones empieza a mostrar derivas bajo la batuta del nuevo Ejecutivo, al que la oposición acusa de instaurar un implacable "legalismo autocrático".
El epicentro de esta nueva confrontación institucional reside en una agresiva reforma aprobada el pasado marzo, la enmienda a la Ley de Organización de los Tribunales. Habilitada por el rodillo parlamentario oficialista, esta polémica legislación ampliará el tamaño del Tribunal Supremo, que pasará de catorce a veintiséis magistrados a partir del año 2028. En la práctica, esta arquitectura legal diseñada a medida permitirá al presidente Lee designar directamente a veintidós de los veintiséis jueces de la corte suprema antes de que concluya su mandato en 2030.
Para la derecha sociológica, asediada simultáneamente por investigaciones a fundaciones afines y observando cómo se retrasan las causas pendientes contra figuras clave del oficialismo, el encarcelamiento de su antiguo líder ha dejado de ser un triunfo del imperio de la ley. Corea del Sur ha demostrado poseer los anticuerpos necesarios para extirpar un autogolpe gestado desde la mismísima cúpula.