Las "cloacas" del PSOE se coordinan a través de un grupo de WhatsApp desde 2022
Las «cloacas» del PSOE coordinan su ofensiva sobre distintas causas judiciales desde 2022 a través de un grupo de WhatsApp llamado «La Compañía». El chat estuvo integrado por gran parte de los activos a los que Ferraz, la sede de los socialistas en Madrid, encomendó, presuntamente, la misión de anular investigaciones judiciales que afectaban tanto al partido, primero, como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno más cercano después.
Además de la conocida «fontanera» y exmilitante socialista Leire Díez, entre los integrantes estuvieron el entonces fiscal anticorrupción José Grinda –presunta víctima a la que le habrían ofrecido 300.000 euros a cambio de cambiar su postura en algunos casos mediáticos–, varios abogados a los que distintas fuentes sitúan como colaboradores de los servicios de inteligencia, y la difunta periodista Patricia López, encargada de algunas de las investigaciones más relevantes relacionadas con el Ministerio del Interior de la etapa de Mariano Rajoy.
La Audiencia Nacional investiga una presunta «trama» que habría sido financiada con el PSOE pagando viajes, estancias y abogados para alterar causas mediáticas. Desde el «caso Aznalcóllar», que afectaba al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, hasta los ERE de Andalucía. Y más recientemente, el «caso Koldo», que ha sido la «piedra de Rosetta» de la presunta corrupción del Gobierno de Sánchez. Para anularlo, partieron de la base de que tenía conexión con «Gaslow», una trama de fraude en los hidrocarburos –distinta en la que está investigado el empresario Víctor de Aldama. Es decir, la tesis de «La Compañía» pasaba por anular el primero, para que el segundo cayese como una ficha de dominó, y arrastrase otras causas que se siguen en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
El chat, sin embargo, no estaba integrado por todos los supuestos integrantes de las «cloacas» que el juez Santiago Pedraz decidió citar como investigados. El empresario Javier Pérez Dolset, que acompañó a Leire Díez en distintas reuniones presenciales con algunos de los testigos a los que la Guardia Civil ha tomado declaración, supo de la existencia de este grupo a finales de 2025. La citada periodista Patricia López le entregó una copia y le explicó el funcionamiento pocos días antes de fallecer. Esto último ocurrió el pasado 21 de diciembre. Poco después, un digital publicó varios de los mensajes que se intercambiaron las «cloacas del PSOE».
Una de las bases que el juez ha utilizado para impulsar la causa son las libretas que utilizó Leire Díez a suerte de diario de sus trabajos. En uno de ellos se lee que intentaron «contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe», en alusión al caso de la mujer del líder del Ejecutivo, que estalló casi a mediados de 2024.
Eso sitúa los primeros movimientos en 2022, hace ahora cuatro años. Por aquel entonces, la «fontanera» ya había contactado con Dolset, que tenía en su poder los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo y trabaja desencriptándolos.
Los inicios
El grupo de WhatsApp «La Compañía» funcionó como un medio de «coordinación» para sus integrantes desde hace cuatro años. Las fuentes consultadas apuntan, por otro lado, que el engranaje de las «cloacas» comenzó mucho antes, casi a la par de la llegada del PSOE a la Moncloa tras la moción de censura contra el PP. El asunto de «Aznalcóllar», por ejemplo, afectó al expresidente de la SEPI en octubre de 2019, cuando dimitió de su cargo al ser citado como investigado en la adjudicación de una mina en el municipio sevillano que bautizó la causa.
Una de las pruebas que sustentaría que las presuntas «cloacas» funcionaron desde antes de 2022 está en una reunión que Díez mantuvo en abril de 2024 en Ferraz, la sede del PSOE. A ella acudió el ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que en aquel momento era director adjunto del gabinete del presidente que encabezaba Óscar López.
La reunión la confirmó el propio alto cargo del Gobierno en sede judicial a principios del pasado mes de febrero, y que acudió a petición de la Secretaría de Organización del partido, que por entonces dirigía Santos Cerdán, presunto cabecilla de las «cloacas» socialistas.
En la reunión, Díez y Dolset llevaron parte de los audios de Villarejo. Por aquel entonces, los que más les interesaban eran los referentes a las saunas del suegro de Pedro Sánchez que grabó el ex comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, investigado en la «operación Kitchen» hasta que una enfermedad lo sacó de la causa. «Al llevarles los audios, la respuesta de Hernando es que ya los tenía», explica una fuente.
Además de Díez, Cerdán y Pérez Dolset, están imputados el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; el abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo; el abogado Ismael Oliver, que fue letrado del exasesor Koldo, y el guardia civil Juan Sánchez Yepes. Además, el magistrado ve indicios contra el que fuera mano derecha de Cerdán, el aún diputado Juan Francisco Serrano Martínez, y contra el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana, por posible colaboración. Pedraz aprecia posibles delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.