Guardias civiles denuncian los intentos de interferir investigaciones judiciales y vulneran el Estado de Derecho
"Cualquier actuación encaminada a condicionar, interferir o cuestionar el trabajo profesional de un guardia civil por el contenido o las consecuencias de una investigación constituye un ataque a principios esenciales del Estado de Derecho. Los investigadores no pueden convertirse en objetivo de quienes se sienten incómodos por las conclusiones de su trabajo. Las revelaciones conocidas estos días obligan a formular una reflexión que trasciende cualquier coyuntura política y cualquier interés partidista. La pregunta resulta inevitable: ¿qué habría ocurrido si determinadas conversaciones destinadas a desacreditar, apartar o desactivar a investigadores en asuntos de enorme relevancia pública hubieran quedado grabadas y hubieran salido a la luz años atrás?".
El malestar entre los agentes de la Guardia Civil es patente. Las manifestaciones de la Asociación Profesional de Guardias Civiles (APROGC), a las que corresponde el párrafo anterior, son una muestra más de lo que ocurre.
"¿Qué hubiera sido del coronel Pérez de los Cobos, del coronel Manuel Sánchez Corbí o del teniente coronel Daniel Baena si las conversaciones, maniobras o estrategias dirigidas contra ellos hubieran quedado registradas con la misma claridad que las que hoy conoce la opinión pública? ¿Cuál habría sido la reacción institucional, política y mediática? ¿Se habría considerado aceptable intentar neutralizar a servidores públicos por el mero hecho de cumplir con su obligación?", se preguntan.
Ningún guardia civil debe sufrir presiones, campañas de descrédito o intentos de apartarlo de sus funciones por el resultado de una investigación desarrollada conforme a la ley. La confianza de los ciudadanos en las instituciones exige que jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad y demás servidores públicos puedan actuar con plena independencia, libres de injerencias y con la única guía del ordenamiento jurídico. Cuando se intenta desacreditar a un investigador por hacer su trabajo, no se debilita únicamente a una persona; se debilita la confianza en las propias instituciones democráticas, subraya.