Los funcionarios se movilizan frente a Hacienda por la jubilación parcial del personal laboral del Estado
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado el inicio de una campaña de movilizaciones para denunciar la falta de avances en la negociación del V Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado (AGE) y exigir el desbloqueo de la jubilación parcial anticipada para este colectivo.
La primera protesta tendrá lugar el próximo 11 de junio frente al Ministerio de Hacienda, departamento que, junto con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, tiene competencias en la financiación y desarrollo de aspectos fundamentales para las condiciones laborales de los empleados públicos. Entre las cuestiones pendientes destacan la carrera profesional, la promoción interna, la equiparación salarial con otras administraciones públicas y la aprobación del decreto que regulará la jubilación parcial.
Desde CSIF consideran que la negociación del V Convenio Único atraviesa una situación de parálisis preocupante. Según denuncia el sindicato, el proceso lleva alrededor de un año y medio sin avances significativos, una circunstancia que atribuyen tanto a la inestabilidad política como a la falta de voluntad por parte de la Administración para afrontar las demandas de un colectivo que reúne a cerca de 38.000 trabajadores.
El sindicato advierte de que esta situación está afectando directamente a las condiciones laborales y económicas del personal laboral de la Administración General del Estado. En algunos casos, las retribuciones de estos empleados se sitúan en niveles próximos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una realidad que, a juicio de la organización, hace aún más urgente la actualización del convenio colectivo.
El personal laboral de la AGE está integrado por trabajadores contratados mediante relación laboral y sujetos a un convenio colectivo específico, a diferencia de los funcionarios. Estos profesionales desempeñan una amplia variedad de funciones en ministerios, organismos autónomos y diferentes servicios de la Administración estatal, contribuyendo al funcionamiento diario de numerosos servicios públicos.
Uno de los principales motivos de las movilizaciones es la exigencia de una solución inmediata al bloqueo de la jubilación parcial anticipada. CSIF recuerda que esta medida ha sido reivindicada durante años y que permitiría facilitar el relevo generacional dentro de las plantillas públicas, mejorar las condiciones de salida de los trabajadores de mayor edad y fomentar la creación de empleo.
La organización sindical sostiene que la situación actual deriva de la última reforma de las pensiones acordada entre el Gobierno, CCOO y UGT, que, según su análisis, no tuvo en cuenta las particularidades de los procesos de selección y contratación en las administraciones públicas. Como consecuencia, el acceso a la jubilación parcial para el personal laboral ha quedado bloqueado.
Ante esta situación, CSIF propone una solución transitoria consistente en permitir la contratación temporal de trabajadores relevistas mientras las plazas se cubren de manera definitiva a través de las correspondientes ofertas de empleo público. Además, la central sindical plantea extender este derecho no solo al personal laboral, sino también a los funcionarios y al personal estatutario de los servicios públicos.
Otra de las reivindicaciones prioritarias es el desarrollo efectivo de la carrera profesional. El sindicato reclama la implantación de un sistema basado en criterios objetivos, transparentes y negociados con los representantes de los trabajadores. Según CSIF, este modelo debería reconocer adecuadamente la experiencia acumulada, la formación adquirida y la trayectoria profesional de los empleados, garantizando posibilidades reales de progresión dentro de la Administración.
En materia retributiva, la organización denuncia una importante brecha salarial entre los trabajadores de la Administración General del Estado y los empleados de otras administraciones públicas. De acuerdo con los datos manejados por el sindicato, el personal laboral de la AGE percibe de media 7.380 euros menos al año que los trabajadores que desempeñan funciones equivalentes en administraciones autonómicas.
Esta diferencia salarial, aseguran desde CSIF, está generando una pérdida continuada de poder adquisitivo y favoreciendo la fuga de profesionales hacia otras administraciones que ofrecen mejores condiciones económicas. Por ello, reclaman una equiparación salarial que elimine las desigualdades existentes y permita retener el talento en la Administración estatal.
La promoción interna constituye otro de los ejes de las reivindicaciones sindicales. CSIF considera necesario eliminar las barreras que actualmente dificultan el desarrollo profesional de los trabajadores y establecer mecanismos que garanticen oportunidades reales de ascenso y mejora profesional para toda la plantilla.
El sindicato considera que la falta de avances en estas cuestiones resulta injustificable y perjudica a miles de trabajadores que llevan años esperando respuestas. En este sentido, la organización afirma que no aceptará nuevas demoras en la negociación de un convenio que considera esencial tanto para mejorar las condiciones actuales como para garantizar el futuro del personal laboral de la Administración General del Estado.
Por este motivo, CSIF ha decidido intensificar la presión mediante movilizaciones y concentraciones, comenzando por la prevista el próximo 11 de junio frente al Ministerio de Hacienda.
La central sindical confía en que estas acciones sirvan para reactivar unas negociaciones que consideran imprescindibles y para situar en la agenda política las demandas de un colectivo que desempeña un papel fundamental en la prestación de los servicios públicos.