El Congreso examina hoy la cuestionada gestión sanitaria de Mónica García
La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece hoy en el Congreso de los Diputados en medio de una elevada presión política y parlamentaria derivada de varias crisis sanitarias abiertas y de las críticas de la oposición por la gestión de su departamento. Aunque la titular de Sanidad aseguró recientemente que acudiría "por supuesto" a la Cámara Baja "por decisión propia", en el Partido Popular sostienen que la comparecencia responde en buena medida al incremento de las iniciativas registradas por los populares y al desgaste político acumulado durante los últimos meses. El caso más reciente tiene que ver con la crisis sanitaria generada por el brote de hantavirus, cuya gestión ha provocado nuevas dudas sobre la coordinación del Gobierno y la actuación del la actuación del Ministerio de Sanidad.
Precisamente, el PP ha registrado varias iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones sobre las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, los criterios sanitarios utilizados y la cadena de mando activada durante la crisis. Entre las preguntas planteadas por los populares figura quién tomó la decisión de permitir la llegada del barco a Tenerife, si fue el propio presidente del Gobierno quien autorizó la medida y cómo explica el Ejecutivo que Marruecos rechazase acoger la embarcación. El PP también pide conocer qué expertos asesoraron al Gobierno, cuál fue la base jurídica utilizada y cómo se coordinó el Ministerio con las autoridades canarias, que Pero el hantavirus no es el único frente que acorrala a la ministra.
El Partido Popular denuncia además la "parálisis" del Gobierno en materia de salud pública y recuerda que el Ejecutivo lleva tres años comprometiéndose a aprobar el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a amenazas graves para la salud sin haberlo puesto todavía en marcha. Los populares subrayan que se trata de un Real Decreto cuya aprobación depende exclusivamente del Gobierno y no del Congreso, por lo que consideran injustificable el retraso. A ello se suma la situación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Aunque la ley para su creación fue aprobada en el Congreso hace casi un año, la agencia continúa sin sede definitiva y sin presupuesto asignado. Para el PP, esta situación demuestra la "dejadez total" del Ministerio de Sanidad en un ámbito considerado clave tras las lecciones aprendidas durante la pandemia.
"Falta de trasparencia"
La comparecencia de hoy llega, además, en un momento especialmente delicado para el departamento dirigido por Mónica García. Según denuncian fuentes populares, la ministra acumula ya 71 solicitudes de comparecencia pendientes únicamente en el Congreso de los Diputados, de las cuales 42 han sido registradas por el PP. Desde la oposición interpretan este volumen como un síntoma de "falta de transparencia" y de ausencia de rendición de cuentas.
La ministra se encuentra desbordada por la acumulación de conflictos sanitarios y políticos. Entre ellos destacan la huelga médica vinculada al nuevo Estatuto Marco, la falta estructural de profesionales sanitarios, el deterioro de la Atención Primaria y las tensiones con las comunidades autónomas por la financiación sanitaria. Precisamente, el conflicto del Estatuto Marco se ha convertido en uno de los principales focos de desgaste para el Ministerio. El PP acusa al Gobierno de haber impulsado una reforma "sin diálogo real" con los profesionales ni con las autonomías, sin memoria económica suficiente y generando una conflictividad inédita en el sistema sanitario. Las movilizaciones de médicos y sindicatos han ido aumentando durante las últimas semanas, alimentando el malestar dentro del sector.
Desde el Partido Popular sostienen que la ministra ha priorizado la confrontación política frente a la gestión sanitaria y reclaman que la comparecencia de hoy sirva para ofrecer explicaciones concretas y no "anuncios ambiguos". Un ejemplo de ello son las declaraciones que García hizo en el Pleno del Interterritorial del pasado viernes, donde aseguró que se estaban realizando "trabajos", en conjunto con los ministerios de Función Pública y Hacienda, para plantear una nueva propuesta a los médicos. Al respecto, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, pidió ayer a la ministra por carta que, si es cierto que existen informes técnicos, jurídicos y económicos al respecto, las comunidades autónomas debían conocerlos.