A unos pocos guiris de la impunidad
«Nunca me podría imaginar (sic) que un ex presidente del Gobierno pudiera ser imputado», dijo Julio Martínez, «Julito», y no extraña su sorpresa, sobre todo porque estuvo a un tris de tener razón en su confianza en la impunidad del personaje. Sin la intervención de las fiscalías suiza y francesa ahora mismo no estaríamos hablando de lo que hablamos ni el expresidente prepararía la declaración como imputado que prepara.
Lo que digo es especialmente relevante por cuanto muestra que el nivel de infiltración y ocupación de las instituciones y organismos de control es tan grande que el manto de invisibilidad funcionó... hasta que llamaron a la puerta los guiris.
Todo empezó y murió en Plaza de Castilla.Lo que pasó en ese cierre en falso del procedimiento judicial por el rescate de Plus Ultra no parece inocente.Y eso que no me tomo al pie de la letra lo que podría ser una baladronada del abogado de la trama «la fiscal jefe es amiga», ni mucho menos su comentario a la vista de un bloque de pasta sobre que «conviene tener contentos a jueces, fiscales, funcionarios y policías». No saben la cantidad de abogados que hay sueltos intentando convencer a sus clientes de que todo va de untar a los jueces, para que les unten a ellos. Además había otros potentes alicientes para que en el juzgado ocurriera lo que la trama quería.
El tema se enterró con el concurso entusiasta de la Fiscalía –que de quién depende– y de la Abogacía del Estado que lo hace de Bolaños. Obviamente, como sabemos ahora, se equivocaron o algo peor. El interés en el archivo no era ni el de la legalidad vigente, ni de la del Estado, que perdió la pasta, ni el bien público. Lo hemos visto ya en procedimientos que afectan al gobierno o su entorno, en los que estos organismos no sólo no acusan sino que pasan a defender intereses que, como poco, pueden parecernos ahora espurios. Las acusaciones populares, esas que Bolaños quería recortar por fachas, fueron las únicas que permitieron a la juez Esperanza Collazos intentar tirar del hilo.
En julio de 2021, la magistrada paralizó cautelarmente la entrega del segundo plazo de la ayuda de 34 millones. Obviamente consideraba que si el rescate no cumplía con la legalidad, eso era una pérdida de dinero público. Nos los podíamos haber ahorrado. Fue la abogada del Estado, Rosa Seoane, la del «procès», la que se empeñó en que había que aflojarles la guita y rapidito. No le iba a la zaga la fiscal del caso, Luisa Llop. La juez no estaba por la labor y antes de irse de vacaciones le pidió a la Agencia Tributaria todas las declaraciones y documentos de Plus Ultra y de la empresa Snip Aviation que la participaba. No se me sorprendan si descubren que en plenas vacaciones de la juez fue el compañero que la sustituía, el juez Serret, el que liberó la ansiada pasta, de la que parece haber salido, como poco, un 1% en comisiones.
Para cuando la magistrada acumuló informes periciales, incluido el de la Intervención General que tampoco vio problemas, y quiso llamar a declarar a los panas de Plus Ultra, resulta que se le había pasado el plazo de un año de instrucción sin prorrogar. Aunque lo defendió y pretendió continuar, la Audiencia de Madrid le dijo que con ese plazo vencido sólo le quedaba archivar. Aquí hubiera acabado la historia, amiguitos, para la trama. Todos contentos: receptores y receptadores. La fiscal Llop vino a mejor fortuna y fue reclamada en destacamento por la Audiencia Nacional por designación directa. Primero se envía a un fiscal de la AN a suplir bajas de Antidroga sin oposición de nadie, porque tiene experiencia, y para sustituirle se propone el nombramiento de Llop. Más tarde, y sin casi apoyos en el Consejo Fiscal, García Ortiz la consolidaría la plaza. Mientras su jefa en la fiscalía de delitos económicos, Virna Alonso, fue designada para Anticorrupción y la jefa de ambas, Pilar Rodríguez, conocida como lady cianuro tras su correo en el caso fiscal general, pasaba solo un rato imputada.
Sólo la llegada directa a Anticorrupción de las peticiones de las fiscalías francesa y suiza, que seguían un blanqueo de capitales en torno a Plus Ultra, pudo resucitar el caso. Primero se presentó querella en la AN que se declaró no competente y luego en el propio Instrucción 15 de Madrid, donde la misma juez Collazos llevó a cabo la detención de los socios de Plus Ultra y del presunto testaferro de ZP, «Julito». Una vez vista, en procedimiento secreto, la magnitud del cotarro, se inhibió a la Audiencia que, esta vez sí, abrió causa que ha permanecido secreta hasta ahora. Es en ese tribunal donde la abogada del Estado Rosa Seoane, que había llevado la defensa del vicepresidente de la SEPI Bartolomé Lora, pretende personarse para defender al abogado Miguel Palomero, el de la fiscal jefe amiga y el Kitchen Cabinet. Raruno. Le tuvo que decir la Audiencia Provincial que nanay, que había un conflicto de intereses. Podría sorprendernos qué intereses.
Los que se sienten impunes siempre creen que lo controlan todo pero, de pronto, lo insospechado arriba y te desmonta el chiringuito. Con ZP, vaya a saber por qué, no funcionaron ninguno de esos mecanismos, ni el Sepblac y su lista de PEP (Persona Políticamente Expuesta) –un suplicio que sufren todos los vigilados especialmente por sus cargos para evitar el blanqueo– que pasa por exigirte una y otra vez que justifiques el origen del dinero para cada movimiento que das, hipotecas incluidas. No funcionaron las inspecciones de Hacienda a consultores y empresas afines, que a tantos han perseguido. No funcionó la Tesorería de la Seguridad Social ni los mecanismos de la SEPI. Todo falló. Todo se tapó.
Solo la petición de ayuda de los fiscales guiris y, ojo, el cintureo de Luzón que consiguió convencer a Dolores Delgado de que lo renovara en el cargo, ha permitido llegar hasta donde estamos. Si en vez de dorarle la píldora, con lo de Stampa y lo del Rey, no lo hace y ponen en su lugar a otro amigo del grupito es muy probable que «Julito» no estuviera llorando. Y, aún peor, que ZP nos estuviera dando otra ración de moralina.
Una chiripa ha salvado la acción de la Justicia, ¿en cuántos otros casos no?