El cálculo electoral de PNV y Junts enfría una moción contra Sánchez
Ni el PNV ni Junts están hoy pensando seriamente en una moción de censura contra Pedro Sánchez. Están pensando en las próximas elecciones municipales del año que viene y, sobre todo, en cómo evitar que unas elecciones generales coincidan con las autonómicas y locales de 2027 en un «súper domingo» que arrastre toda la política territorial hacia el choque nacional entre PP y PSOE.
Ésa es la verdadera conversación que atraviesa ahora mismo a los socios parlamentarios del Gobierno, mucho más, por supuesto, que cualquier especulación sobre movimientos inmediatos para derribar a Sánchez.
En privado, dirigentes nacionalistas admiten que unas generales simultáneas convertirían Euskadi y Cataluña en escenarios subordinados a la polarización estatal, exactamente el terreno donde peor se manejan los partidos que viven de una agenda territorial propia.
El presidente del PNV, Aitor Esteban, verbalizó este fin de semana esa preocupación al advertir de que las generales no deberían ir más allá de 2026 para evitar, así, la coincidencia con municipales y autonómicas. En el entorno peneuvista echan el freno ante las interpretaciones que leen esas palabras como una amenaza de ruptura inmediata con Sánchez o como el anticipo de una moción de censura. El análisis interno es otro: el PNV teme quedar atrapado en una campaña estatal dominada por la confrontación ideológica, la corrupción y el eje Sánchez-Feijóo, donde desaparecen los debates de gestión y autogobierno que tradicionalmente le benefician.
En Sabin Etxea preocupa especialmente que una campaña nacionalizada reactive el voto útil constitucionalista en Euskadi y alimente, además, la competencia con Bildu en clave plebiscitaria. El PNV quiere llegar a las municipales defendiendo gestión, estabilidad institucional y poder territorial. No convertido en un actor secundario de una guerra política española que no controla.
La reflexión es parecida en Junts, aunque con una complejidad añadida. El partido de Carles Puigdemont teme que cualquier movimiento para facilitar una alternativa del PP, apoyada en Vox, desencadene una ofensiva total del independentismo contra ellos. ERC, la CUP y hasta Aliança Catalana llevan meses preparando el relato de que Junts ha abandonado la confrontación independentista para convertirse en una derecha pragmática dispuesta a pactar con Madrid.
Ese riesgo condiciona cualquier cálculo parlamentario.
En Junts son conscientes de que una moción de censura contra Sánchez tendría un coste interno enorme en Cataluña. No sólo por el desgaste ideológico, sino también porque podría dejar en tierra de nadie el gran activo político pendiente de Puigdemont: su regreso definitivo y la construcción de un relato de victoria política tras años de procés, amnistía y negociación con el PSOE. Por eso, aunque la legislatura atraviesa uno de sus momentos más delicados por la presión judicial y el deterioro político del Gobierno, los socios parlamentarios no se mueven todavía en clave de derribo inmediato sino de supervivencia electoral propia. Y ahí el calendario pesa tanto como la ideología.
Además, en Junts lleva abierta desde hace tiempo una discusión interna cada vez menos disimulada sobre cuál debe ser la estrategia de futuro del partido ante el desgaste acelerado de Sánchez. Están quienes creen que todavía conviene aprovechar la debilidad del Gobierno para seguir arrancando concesiones y quienes consideran que el deterioro político y judicial del sanchismo puede acabar arrastrando también a sus socios.
La situación se complica por otro factor delicado: los interlocutores entre el PSOE y el independentismo (Iván Redondo, Santos Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero) han acabado políticamente amortizados, judicializados o fuera de circulación tras los años más duros del procés y las negociaciones posteriores. Puigdemont sigue pendiente de que se haga efectivo su regreso de Cataluña, mientras los plazos comprometidos por el PSOE se han ido retrasando sucesivamente.