Seis años después del despliegue de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que las empresas pudieran hacer frente al golpe de la pandemia de Covid-19 se empiezan a ver las costuras de una medida que nació como una salvación para las compañías y que se ha convertido en cierto quebradero de cabeza para la entidad pública y para la banca. Estos préstamos se configuraron para dar liquidez al sector productivo ante el parón de la economía por el virus mundial. Se pusieron sobre la mesa más de 100.000 millones de euros con aval público, con vencimientos que en el caso más extremo y tras algunas extensiones llegan a los 10 años. Pero la realidad es...
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