La UDEF constata los pagos de la trama tras el rescate de Plus Ultra: "10K done"
Las conversaciones de la supuesta trama de tráfico de influencias a cuyo frente el juez sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero revelan tanto los intentos de frenar la investigación judicial a través de una fiscal «amiga» como los pagos efectuados apenas una semana después de que se completase el rescate de Plus Ultra de 53 millones de euros de dinero público. «10K done», traslada el que fuera consejero de la aerolínea Rodolfo Reyes a Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno y responsable de la consultora Análisis Relevante –en el punto de mira de la investigación por supuestos informes de auditoría que, según la UDEF, camuflarían los pagos a la trama– tras desembolsar la SEPI el total de la ayuda pública en agosto del año 2021.
Así lo pone de manifiesto un informe de la unidad policial, que se nutre del análisis del móvil de Reyes que facilitó a la Audiencia Nacional la agencia de los Estados Unidos, Homeland Security Investigations (HSI), en el marco de una investigación por blanqueo al inversor de la aerolínea.
En ese extenso documento del pasado abril –que sustenta en buena medida la imputación del exlíder del PSOE–, la UDEF sostiene que Zapatero «ejercería un liderazgo no visible en la estructura formal, realizando una supervisión estratégica del proceso de concesión de la ayuda».
Tras levantarse el embargo
El exhaustivo análisis, de más de 150 páginas, detalla cronológicamente el procedimiento que culminó con la concesión de la inyección económica de dinero público a Plus Ultra. Y, también, pone de relieve las conversaciones que avalarían los supuestos pagos que se sucedieron tras el éxito de las gestiones.
Así, el 17 de agosto de 2021, solo una semana después de que la SEPI completase la segunda entrega de la ayuda pública, mediante la entrega a Plus Ultra de 34 millones, Reyes pone al corriente a Julio Martínez Martínez del pago efectuado. «10k done».
La fecha no es casual, pues el juzgado de Plaza de Castilla que investigaba el rescate acababa de anular el bloqueo de los 34 millones de la segunda parte de la ayuda. Es entonces cuando, según inciden los investigadores, la trama habría pagado una «mordida» al alto cargo de la SEPI Julián Mateos, que estaba al frente del fondo del que salió la financiación.
Ese mismo día, el amigo de Zapatero remitió a Reyes una noticia que daba cuenta de que «la SEPI pone a su director de negocios Julián Mateos al frente del fondo de rescate tras la polémica de Plus Ultra». A continuación, el accionista le pregunta si conoce a este alto cargo y el «hombre de confianza» del expresidente le contesta haciendo referencia a haber realizado un pago de 10.000 euros, «sin especificar divisa».
Pilar Rodríguez, la fiscal "amiga"
El desembolso de esta supuesta comisión ilegal se produjo apenas medio mes después de que el 30 de julio de 2021 la Fiscalía Provincial de Madrid solicitase al Juzgado de Instrucción número 15 el levantamiento de la medida cautelar de embargo que mantenía bloqueados los mencionados 34 millones de la subvención. Una petición que finalmente fue atendida por un magistrado sustituto que ocupaba el tribunal mientras la titular, Esperanza Collazos, estaba de vacaciones estivales.
De las conversaciones de Reyes con otro de los investigados, el abogado Miguel Palomero, quien según la UDEF fue el encargado de impulsar la «vía Ábalos» a través de Koldo García –que terminó orillándose en favor de la «vía Zapatero», recalca el informe– se desprende además que la presunta trama habría tratado de torpedear la investigación judicial que se abrió en torno al rescate en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
Con ese objetivo, Palomero le explicó al inversor de la compañía aérea que «la fiscal jefa es amiga y que había que cortar esto», en alusión tanto a la máxima responsable de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que fue alto cargo en el Gobierno de Zapatero y estuvo investigada en el «caso García Ortiz» (que terminó con la condena al entonces fiscal general por revelación de secretos), como al procedimiento judicial en curso en el que se indagaba si pudo haber un delito de malversación de caudales públicos en la concesión de la ayuda.
Un "Kitchen Gabinet"
El letrado Palomero le indicó también a Reyes que iba «a preguntar para que le dijeran de la juez del 15 cómo es, Esperanza Collazos», la magistrada que instruía la causa. Porque, recalcó, la instrucción era «muy importante» y era preciso hacer un «Kitchen Gabinet».
Por otro lado, Palomero aludió a la necesidad de «cuidar» a los jueces en una conversación con el empresario peruano Felipe Baca, tras hacerle llegar este 50.000 euros. Baca le comenta: «Creo que en ese paquete si hay 50». A lo que Palomero responde: «Bien hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios jeje».
El informe también alude a meses de contactos previos a la concesión del rescate. Tras formalizar la petición de ayuda en septiembre de 2020, Reyes pregunta a Roberto Roselli, director de operaciones de Plus Ultra, por los «próximos pasos». Y este responde: «Pues ahora es meterle chola al Zapa. Hoy hablaremos con el tocayo. Igual hay que ver cuando nos contacte el sepi para ir conversando y aclarando dudas».