Cuando el protocolo empieza a parecer sospecha
Las recientes declaraciones relacionadas con medidas adoptadas durante reuniones efectuadas en Casa Presidencial han abierto una discusión que va mucho más allá de la logística de ingreso o de los protocolos de seguridad. Lo ocurrido obliga a preguntarse algo más profundo: ¿estamos frente a medidas razonables de protección o frente a señales que terminan comunicando desconfianza?
Durante mi trayectoria como agente de seguridad presidencial, tuve la oportunidad de conocer de cerca la dinámica y los procedimientos aplicados en la protección de dignatarios, autoridades nacionales y visitantes oficiales. Lo aclaro desde el inicio: los protocolos cambian. Las amenazas evolucionan y los esquemas de seguridad deben adaptarse a nuevas realidades. Sería irresponsable sostener que los procedimientos de hace décadas deben ser exactamente los mismos hoy.
Sin embargo, reconocer que los protocolos evolucionan no significa aceptar cualquier medida sin cuestionarla. Una cosa es modernizar procedimientos, y otra muy distinta, convertir prácticas excepcionales en mecanismos que proyecten un mensaje institucional equivocado.
Según se indicó públicamente, diputados y representantes de otros poderes de la República fueron ingresados a Casa Presidencial por una ruta distinta a la habitual, se les retiraron teléfonos y dispositivos electrónicos, se realizaron revisiones mediante detectores y no se permitió el acceso de sus equipos de comunicación. Posteriormente, Casa Presidencial indicó que estos procedimientos corresponden a medidas implementadas desde la administración anterior –Chaves Robles– y que responden a estándares internacionales orientados a fortalecer la seguridad de quienes ingresan a la sede presidencial.
La explicación, sin embargo, parece abrir nuevas preguntas más que cerrar el debate.
Porque sí existen a nivel internacional protocolos estrictos para determinadas circunstancias: reuniones de inteligencia, instalaciones militares y áreas clasificadas. Nadie discute que un jefe de Estado deba contar con medidas robustas de protección.
Lo que sí resulta válido cuestionar es la proporcionalidad de esas medidas cuando quienes ingresan no son personas desconocidas sometidas a evaluación de riesgo, sino diputados, magistrados y representantes de otros poderes de la República.
La existencia de medidas de alta seguridad en determinados escenarios internacionales no elimina la necesidad de valorar su proporcionalidad según el contexto y la naturaleza de la reunión.
En seguridad, existe una diferencia importante entre medidas proporcionales y lo que algunos especialistas llaman seguridad teatral. La primera responde a riesgos reales; la segunda puede proyectar una percepción de control sin necesariamente traducirse en mayor seguridad efectiva.
En seguridad, existe una premisa que rara vez pierde vigencia: los mejores esquemas de protección suelen ser los menos invasivos y los menos visibles. La seguridad de alto nivel no se mide por la cantidad de controles visibles, sino por la eficacia con que administra los riesgos.
La seguridad no puede convertirse en una barrera que erosione la relación institucional entre poderes del Estado.
Las formas importan. Y comunican.
La forma en que una institución recibe a otra también comunica.
La seguridad debe generar tranquilidad, no incomodidad. Debe fortalecer la confianza; no sembrar sospechas.
En una democracia consolidada, la confianza institucional entre poderes no es un detalle menor; es parte esencial del funcionamiento del Estado. Las diferencias políticas pueden existir, pero la relación entre instituciones debe sostenerse sobre un mínimo de respeto y confianza recíproca.
Y aquí aparece otro elemento que merece reflexión.
El denominado “ciudadano de a pie” podría preguntarse cuán accesible sigue siendo una institución cuya entrada principal ha repetido durante años una frase conocida por generaciones de costarricenses: “Esta es la casa de todos los costarricenses”.
Porque si quienes representan otros poderes del Estado son recibidos bajo esquemas que pueden percibirse como excepcionalmente restrictivos, la pregunta surge casi por sí sola: ¿qué mensaje recibe entonces el resto de la ciudadanía?
No se trata de eliminar controles ni disminuir la protección de quienes ejercen funciones públicas. Se trata de recordar algo elemental: la seguridad debe acercar instituciones y generar confianza, no transmitir distancia entre el Estado y los ciudadanos.
Porque al final, cuando un diputado, un magistrado o un representante de otro poder del Estado cruza las puertas de Casa Presidencial, no entra solamente una persona; entra también una institución de la República. Y la forma en que se le recibe dice mucho sobre cómo entendemos nuestra democracia.
Porque la seguridad protege. Pero las formas también gobiernan.
romacruz05@gmail.com
Rodolfo Manuel Cruz Morales es exagente de seguridad presidencial, exoficial del Ministerio de Seguridad Pública y funcionario pensionado.