El Gobierno vasco concede el tercer grado al exjefe de ETA Guridi condenado a más de mil años
Sin frenos para el Gobierno vasco. La institución ha concedido el tercer grado al exjefe de ETA, Olarra Guridi, que fue condenado por la Audiencia Nacional a más de mil años de prisión por el atentado contra el subsecretario de Política Científica Juan Junquera. También ha sido exonerado el miembro de la organización terrorista Xabier Zabalo Beitia. Ambos cumplen sus penas en la prisión de Martutene.
La noticia ha adelantado con una nota de empresa el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) que ha recordado que ambas decisiones del Gobierno vasco son "fraudulentas" y ha exigido la dimisión de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, por una política penitenciaria que "ha quedado completamente desautorizada por la Audiencia Nacional". Para la asociación es un "nuevo episodio de una amnistía encubierta".
En este sentido, desde el año 2021 las competencias de política penitenciaria son autonómicas. "Lo que estamos viendo es una política deliberada de ‘vaciar las cárceles’ de presos de ETA. Y hacerlo, además, siguiendo las instrucciones de SORTU sin respetar el derecho a la justicia de las víctimas" ha señalado la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez que ha exigido la dimisión de María Jesús San José.
COVITE también recuerda que los recientes autos del juez José Luis Castro han confirmado el carácter instrumental de estos escritos, redactados en algunos casos inmediatamente antes de la concesión de privilegios penitenciarios.
Un mal endémico de la política penitenciaria
En el día de ayer, la jueza de la Audiencia Nacional Ana Mercedes del Molino rechazó la concesión de la semilibertad a Juan Ramón Carasatorre, exetarra condenado por haber participado en el asesinato del concejal del PP, Gregorio Ordoñez. Lo cierto es que sin el apoyo de la Justicia, que ha aumentado su espacio en los últimos meses, las familias quedan "desprotegidas" ante la política penitenciaria de la Ejecutiva vasca.
Tal y como ha podido confirmar este diario, los beneficios penitenciarios se dividen en tres: libertades condicionales, terceros grados y las semilibertades por el 100.2, Anboto y Txeroki se han beneficiado de esta vertiente. Estas modificaciones se iniciaron con la llegada a Moncloa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus primeras legislaturas.
Con una pequeña división entre los tres campos, se han producido un total de 149 terceros grados, ya sea acordados por el Gobierno vasco o antes de la cesión de competencias; 61 libertades condicionales, que en algunos casos han sido revocadas por la Fiscalía ante las demandas de las asociaciones de víctimas y un poco menos de 20 semilibertades gracias a la flexibilización del artículo 100.2.