La seguridad vial en España se enfrenta a una crisis silenciosa marcada por la creciente desprotección de las víctimas de accidentes de tráfico provocados por el consumo de sustancias estupefacientes. La actual dificultad probatoria para acreditar técnicamente la influencia directa de las drogas en el manejo de un vehículo está provocando que jueces, tribunales e incluso la propia Fiscalía archiven casos penales, dejando impunes conductas de extrema gravedad. Según denuncian desde Automovilistas europeos Asociados (AEA), el conflicto reside en que el Código Penal actual solo tipifica como delito la conducción bajo la «influencia» de drogas y no la simple «presencia» de estas en el organismo. Esta distinción legal se traduce en un desamparo sistemático para los afectados, quienes se ven obligados a abandonar la vía penal gratuita para enfrentarse a procesos civiles que resultan ser extremadamente complejos y costosos. Un caso que ha encendido las alarmas es el ocurrido en el barrio madrileño de Canillejas, donde un motorista que circulaba correctamente fue arrollado por una furgoneta que se saltó un ceda el paso. Pese a que el conductor responsable dio positivo en cocaína en el acto, el Juzgado de Instrucción nº 33 de Madrid y la Audiencia Provincial decidieron archivar la causa penal. La justicia argumentó que el siniestro no se debió a una imprudencia grave, sino a un socavón en la calzada, calificando la maniobra del conductor drogado como una imprudencia menos grave destipificada penalmente. Como consecuencia, la víctima, que sufre lesiones gravísimas y ha sido declarada en situación de incapacidad permanente total para su profesión de camionero, se queda sin el respaldo de una sentencia penal condenatoria. Esta tendencia a la impunidad se produce en un contexto de cifras récord, ya que durante el año 2024 la Dirección General de Tráfico tramitó 57.580 expedientes sancionadores por consumo de drogas, el dato más alto registrado hasta la fecha. Sin embargo, la brecha entre las sanciones administrativas y las condenas penales sigue siendo abismal, ya que solo una mínima fracción de estos casos llega a juicio debido a las trabas para demostrar la afectación real de la sustancia en la conducción. En este escenario, la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha denunciado la sorprendente actuación de la Fiscalía, que en casos como el de Canillejas llegó a cambiar de criterio en menos de un mes, pasando de pedir pruebas sobre la influencia de la cocaína a apoyar el archivo definitivo de las actuaciones. Ante la gravedad de esta situación, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha calificado de inadmisible que un conductor que arroja un resultado positivo en drogas y causa daños de por vida no reciba ningún reproche penal ni se le retire el carné de conducir de forma preventiva. Por este motivo, la organización ha anunciado que solicitará la intervención urgente del Ministro de Justicia y del Fiscal Especial de Seguridad Vial. La petición busca que se adopten medidas legislativas y procesales que impidan que las conductas imprudentes cometidas por conductores drogados queden sin castigo, defendiendo que la vida y la integridad de las personas deben prevalecer sobre las dificultades técnicas de acreditación de sustancias en el sistema judicial.
