La Audiencia Nacional ha dado un portazo a las acciones judiciales emprendidas por un hombre detenido en diciembre del año pasado en una operación contra el narcotráfico , en demanda de obtener la libertad provisional. Y es que el tribunal constata que en la investigación, aún en marcha, pesan indicios suficientes sobre su participación en esta red que operaba en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz y que sería responsable de un alijo de más de mil kilos de cocaína intervenido en una nave de La Puebla del Río , pues el grupo contaba con inmuebles para el almacenaje de drogas en dicho municipio sevillano y en Coria del Río, Isla Mayor y su pedanía del Poblado de Alfonso XIII. Así queda de relieve en un auto emitido el pasado 16 de abril por la Audiencia Nacional y recogido por este periódico, que desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa de este acusado, contra la decisión previa del juez de la plaza número seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, de denegar su solicitud de libertad provisional frente a la medida cautelar de prisión ordenada el 15 de diciembre del año pasado. Al detalle, ante la denegación inicial de su petición de libertad provisional, su defensa alegaba ante la Audiencia Nacional que «lo único que reflejan las diligencias es la mera coincidencia social o vecinal con terceros posteriormente investigados, circunstancia que ha sido proscrita por el Tribunal Constitucional para convertirla en indicio de criminalidad alguno». La causa judicial, no sobra precisarlo, investiga un supuesto delito contra la salud pública cometido por organización criminal, un delito de depósito de armas de guerra y un delito de tenencia y depósito de sustancia explosiva e inflamable; por parte de personas de nacionalidad de la antigua Yugoslavia, Colombia y España, con acciones en Málaga, Cádiz y Sevilla, «rescatándose droga en aguas internacionales a bordo de buque s, para posteriormente trasladarla a lugares de almacenamiento y custodia conocidos como 'guarderías', empleando para ello vehículos de carga y lanzadera». A esta red de narcotráfico, de la que participaba supuestamente el clan colombiano de Los Micos o los Trepadores, se le atribuye un alijo de 88 kilogramos de cocaína aprehendidos en un garaje de Fuengirola (Málaga), 1.355 kilogramos de cocaína que «intentaron extraer sin éxito de un buque» en aguas internacionales y, además , «1.040 kilogramos de cocaína que fueron intervenidos en el registro practicado en una nave de La Puebla del Río, en Sevilla». Y es que según figura en el auto, el grupo contaba con inmuebles para el almacenaje de drogas en dicho municipio sevillano y en Coria del Río, Isla Mayor y su pedanía del Poblado de Alfonso XIII, todos ellos en el ámbito territorial del cauce vivo del río Guadalquivir. «Como consecuencia de los registros practicados, entre otros efectos, fueron intervenidos siete vehículos, dos de los cuales figuraban como sustraídos, y de entre los mismos, se incautó un 'Toyota Land Cruiser' cuyo usuario era quien hoy apela, atribuyéndole un papel en el entramado que se correspondería con la obtención y transporte de los vehículos sustraídos para su posterior uso en la carga de la mercancía estupefaciente que controlaba la organización», explica el auto de la Audiencia Nacional. Según el tribunal, «no se pueden asumir los alegatos del apelante, pues sí que existen suficientes indicios en su contra como para mantener la situación personal que se combate, sin que hayan variado las circunstancias desde que se decretase la medida (de prisión) el 15 de diciembre de 2025 y si persisten y se afianzan los indicios valorados, no se neutraliza el riesgo de fuga que no hace mucho se tuvo en cuenta» a la hora de decretar su ingreso en prisión provisional; a la espera de avances en la investigación.
