Mónica García, 48 horas improvisando la gestión del brote
La gestión que Mónica García ha hecho en las primeras 48 horas del brote de hantavirus ha reproducido, punto por punto, los rasgos, sobradamente conocidos por el sector que sus críticos le atribuyen desde el inicio de su carrera ministerial: prepotencia, incapacidad para negociar y una tendencia persistente a la opacidad. El Ministerio de Sanidad ha encadenado contradicciones, rectificaciones y silencios que han desatado un malestar creciente en las comunidades autónomas, en los cuerpos de seguridad y en los propios trabajadores que deberán recibir al crucero MV Hondius cuando llegue a Canarias. El resultado es una sensación de improvisación permanente en una crisis que, más que cualquier otra cosa, exige claridad, rigor y liderazgo.
Madrid ha sido la primera en estallar. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, denunció esta mañana que la Comunidad no había recibido "ninguna notificación" sobre la llegada de los 14 españoles que serán trasladados al Hospital Gómez Ulla. Aseguró que Madrid está preparada para atenderlos, pero subrayó que falta "coordinación" e "información puntual". Criticó, además, que las reuniones convocadas por el Ministerio con los directores de Salud Pública fueron "parches" anunciados a última hora y lamentó que la ministra esté "más preocupada por buscarse un puesto" que por mantener un contacto fluido con las autonomías. El PP ha registrado una petición de comparecencia urgente de García ante la Comisión de Sanidad del Congreso "para que informe a esta Cámara sobre la crisis del hantavirus".
En paralelo, Canarias ha resumido la respuesta oficial como un "silencio atronador" por parte del Gobierno. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo ni siquiera le cogía el teléfono y que, 48 horas después de la decisión de permitir el acercamiento del barco, el Gobierno no había explicado los criterios técnicos ni científicos que la sustentaban. Hasta esta tarde no se celebró la reunión en la que Mónica García y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le comunicaron que el crucero afectado por el brote de hantavirus finalmente no atracará en el al Puerto de Granadilla, sino que "solo fondeará", por lo que la evacuación de los pasajeros será con una lancha o una nave nodriza.
Falta de información a las comunidades
La primera grieta de estas 48 horas ha sido la ausencia de información. Madrid y Canarias coinciden en que el departamento de Mónica García no ha comunicado ni los protocolos, ni los criterios, ni los cambios de plan que se han ido sucediendo. La consejera madrileña insistió en que "vivimos en un mar de dudas" y que el Ministerio "no está haciendo sus funciones". En Canarias, fuentes del sindicato CSIF en Sanidad explicaban ayer a LA RAZÓN que "no hay avisos ni protocolos ni nada". La única comunicación recibida fue el aviso para preparar la unidad de aislamiento del Hospital de La Candelaria, sin detalles sobre si se usaría, cuántos pacientes podrían llegar o qué procedimiento se aplicaría.
Mensajes contradictorios sobre el riesgo
Mientras Sanidad insiste en que el riesgo es bajo, las decisiones adoptadas cuentan otra historia. La OMS envió un equipo internacional de epidemiólogos a Cabo Verde porque el país no tenía capacidad para realizar todas las evaluaciones necesarias. España aceptó la petición formal del director general de la OMS, Tedros Adhanom, para facilitar la llegada del barco y coordinar las actuaciones sanitarias. La ministra presentó esta decisión como una obligación jurídica derivada del Reglamento Sanitario Internacional, pero no explicó por qué ese marco no se trasladó con la misma claridad a las comunidades. El contraste entre el discurso tranquilizador y la activación de un operativo internacional reforzó la sensación de incoherencia.
Choque entre Sanidad y Defensa
La contradicción más evidente estalló cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que la cuarentena de los pasajeros españoles sería voluntaria. Minutos después, Mónica García insistía en que el Gobierno tiene "instrumentos legales suficientes" para imponer medidas obligatorias. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tuvo que intervenir para corregir a Robles y asegurar que la cuarentena será "obligatoria en los casos que así lo determinen las autoridades científicas". Poco después Sanidad informó de que estaba elaborando un informe jurídico para blindar esa posibilidad. El Ministerio se apoya en la Ley Orgánica 3/1986, que permite adoptar medidas de hospitalización, control o aislamiento cuando existan indicios racionales de riesgo para la salud pública.
Buena imagen fuera, caos dentro
Sanidad ha elaborado un relato de cooperación internacional impecable, lleno de referencias jurídicas, obligaciones multilaterales y coordinación con la OMS. García citó el ayer en su primera comparecencia artículos del Reglamento Sanitario Internacional para justificar la actuación y recordó que España es "el país con el puerto más cercano con capacidades técnicas plenas". Sin embargo, ese discurso contrasta con la realidad interna: comunidades que no reciben explicaciones, funcionarios sin protocolos y un operativo que cambia cada pocas horas. La ministra presume de coordinación internacional mientras las autonomías denuncian que no saben qué va a ocurrir en su propio territorio.
Funcionarios sin protocolos ni protección
La Guardia Civil, el personal portuario y los sanitarios que deberán intervenir en el operativo han denunciado que no tienen protocolos específicos ni equipos de protección. CSIF recordó que en 2024 se realizó un simulacro similar y se detectaron deficiencias que no se han corregido. Los trabajadores no saben quién suministrará comida al barco ni con qué medidas de seguridad. En Tenerife solo hay una cama de alto aislamiento y el Gobierno no ha explicado cómo se hará el triaje. En el Gómez Ulla, la planta 22 aún no está habilitada.
Un plan que cambia sobre la marcha
El último giro ha llegado hace unas horas, cuando Clavijo anunció que el crucero finalmente no atracará en Canarias, sino que solo fondeará, y que la evacuación se hará en lancha. El Gobierno sostiene que esta opción "ya se contemplaba", pero no la había comunicado ni a Canarias ni a los trabajadores. El operativo se ha modificado varias veces estos dos días, y medio sin una explicación clara. Torres pidió "evitar polémicas políticas", pero la polémica ya está instalada: los gobiernos regionales sienten que el Ministerio ha gestionado la crisis a golpe de rectificación. En estas 48 horas, la ministra ha perdido el control del relato y la confianza de las autonomías.