Los policías nacionales recurren ante los tribunales la "cláusula" del Gobierno que les excluye de las 35 horas semanales
El pasado 14 de abril, el Boletín Oficial del Estado (BOE) hacía oficial la resolución por la que se reducía a 35 horas semanales la jornada laboral de los funcionarios de la Administración General del Estado. Eso sí, la medida estrella de Yolanda Díaz y los sindicatos tenía un "pero", uno bastante grave que no impidió que saliera adelante tal cual. Y es que en su artículo 1.2 determina, sin argumentación o justificación alguna, que "las normas contenidas en la presente resolución no se aplicarán al personal militar de las Fuerzas Armadas ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Policías nacionales, militares y guardias civiles quedan fuera, gracias a la denominada "cláusula antipolicía". Un nuevo "escándalo", a juicio de la Confederación Española de la Policía (CEP), que ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Y es que ese artículo en concreto deja directamente fuera de la mejora, "sin explicación alguna", a los más de 73.300 agentes en activo y a los casi 2.700 alumnos en prácticas. "Una exclusión injusta con la que este Gobierno vuelve a tratarnos como funcionarios de segunda", denuncian desde este sindicato policial.
Hay que recordar que desde el Ministerio del Interior se niegan a reconocer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo, lo que les impide acceder a la jubilación anticipada como otras Policías autonómicas o locales (a los 59 años y con el 100% de su sueldo). Por no hablar de la falta de equiparación salarial, que afecta a las nóminas, pagas extras o dietas y que establece una considerable brecha salarial con mossos y ertzainas, por ejemplo.
"Mesas trampa" de negociación
Desde la CEP puntan a un "nuevo desprecio de quien con la mano izquierda convoca 'mesas trampa' de no se sabe bien qué negociaciones y con la derecha nos saca a patadas de las mejoras en las condiciones laborales que merecemos". Por ese motivo, hace una semana interpusieron un contencioso en la Audiencia Nacional para demostrar que -más allá de lo que decidan los jueces- no se quedarán de brazos cruzados: "No estamos dispuestos a ver cómo nos tratan como profesionales de segunda sin al menos luchar para evitarlo". Aprovechan también para dar un tirón de orejas a los "sindicatos de clase" (CSIF, UGT y CCOO), por no presentar ninguna alegación o imponer una cláusula de protección del derecho de los policías. De haberlo hecho, tendrían que haberse plantado el 27 de marzo, día en que ratificaron el acuerdo, pero optaron por "lavarse las manos".
Y todo ello, lamentan desde la Confederación Española de la Policía, ante el silencio cómplice del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que califican como "el peor en toda la democracia". Es más, con este gobierno, señalan, los policías han pasado a estar a la "cola de los derechos profesionales".
En 2005, la Función Pública establecía la jornada laboral de 37,5 horas semanales, un hito conseguido por la Policía Nacional en 1989 (16 años antes). Ahora, mientras el resto de funcionarios del Estado disfruta de las 35 horas semanales, los agentes, junto a guardias civiles y militares, son excluidos de esta mejora. Un retroceso del que culpan a Grande-Marlaska, máximo responsable de que desde la CEP se nieguen a acudir a esas "mesas trampa" de negociación.