El apagón cuesta 2.000 millones de euros en cortafuegos para evitar otro 28-A
Cuando se cumple este martes un año del apagón, la denominada «operación reforzada» que Red Eléctrica de España (REE) puso en marcha desde el día después del «cero eléctrico» está disparando el coste de la electricidad, un hecho acentuado por la situación energética a consecuencia del conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz. El sobrecoste asociado a esta forma de operar el sistema podría situarse entre 1.700 y 2.000 millones de euros solo en lo que llevamos de 2026, casi el doble que en 2025, según las fuentes consultadas por este diario.
Esos casi 2.000 millones en cortafuegos amenazan además tanto la competitividad de la economía como los objetivos de la transición energética, añaden.
Tras el apagón, REE reforzó la gestión del sistema eléctrico recurriendo de forma intensiva a los llamados servicios complementarios –el conjunto de mecanismos que garantizan el equilibrio entre oferta y demanda–, elevando de manera abrupta su coste.
Estos servicios, que reflejan el precio real de operar la red, han pasado de 2.700 millones de euros en 2024 a 3.900 millones en 2025, un incremento de 1.200 millones explicado casi en su totalidad por la operación reforzada, cuyo impacto se estima en 1.200 millones solo el año pasado.
La tendencia no solo se mantiene en 2026, sino que se ha intensificado. Hasta marzo, los servicios complementarios ya han alcanzado 1.300 millones de euros, lo mismo que costaron en todo 2024 (1.225 millones de euros). Esta escalada responde a una operación menos eficiente del sistema y, en los últimos meses, al fuerte repunte del precio del gas, que ha subido un 68% desde febrero, hasta situarse en torno a 50 euros el megavatio hora.
La distorsión ha hecho que el coste de estas medidas supere el del precio de la luz. En febrero de 2026, el precio medio del mercado diario fue de 16,41 euros el MWh, mientras que los servicios complementarios alcanzaron 23,91 euros MWh. Es decir, el 60% del coste final de la electricidad correspondió a la operación de la red y solo el 40% a la generación.
El desequilibrio llegó a niveles récord los días 28 y 29 de marzo, cuando el coste de operar el sistema representó hasta el 95% del precio final de la electricidad.
Aunque el mercado diario marcó precios mínimos –3 euros el MWh y 0,13 euros el MWh, respectivamente–, el incremento de los servicios extra (35,35 euros el MWh y 40,74 euros el MWh) disparó el precio efectivo pagado por consumidores y empresas.
La evolución del coste de operación del sistema refleja la magnitud del problema. En 2019, los servicios complementarios suponían apenas 1 euro por MWh. En 2024, ya alcanzaban los 9 euros por MWh de media. Tras el apagón y la aplicación de la operación reforzada, el coste medio se elevó a 15 euros por MWh.
Como explicó el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, en su comparecencia en la Comisión del Congreso sobre el apagón, que arrancó el pasado lunes, «las altas concentraciones de penetración de renovables y el movimiento en escalones que se conectan y desconectan de forma abrupta, no en rampa, lleva a que se generen grandes movimientos de potencia y grandes oscilaciones que no se estaban controlando».
Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, también abordó la cuestión en el mismo escenario: «Para dar estabilidad al sistema, con mayor penetración fotovoltaica, hay más necesidades de acudir a restricciones. Es una correlación de más del 91%».
Tanto que en 2026 el coste medio ronda ya los 22 euros el MWh, con picos de hasta 40 euros. De mantenerse este ritmo, el impacto económico anual de esta forma de operar el sistema podría duplicar el del año pasado.
Sin fecha de caducidad
Un año después del apagón, no solo no se han dirimido aún las responsabilidades sobre el fundido a negro del 28-A, aunque tanto la Comisión del Senado como la CNMC han señalado la responsabilidad sobre la seguridad del suministro de REE, sino que se desconoce la fecha de caducidad de la operación reforzada. De hecho, a pesar de su coste, esta no está definida en los procedimientos oficiales del sistema eléctrico. No se conocen ni los criterios que determinan su aplicación, ni su coste real, ni la duración prevista de esta situación. Además, añaden, «se está aplicando sin fiscalización específica por parte de la CNMC, el organismo supervisor».
Solo España y Portugal trasladan a los compradores un coste variable no determinado de la operación del sistema.
Además, la operación reforzada tiene efectos directos sobre la electrificación de la economía. Al endurecer la operación del sistema, aumentan los vertidos de renovables, se reducen las señales económicas del mercado diario y se genera inseguridad regulatoria en un contexto de precios bajos. Todo ello ralentiza nuevas inversiones y penaliza la electrificación. El sector reclama, en línea con otros países europeos, convertirlo en un cargo regulado fijo, conocido ex ante y supervisado por la CNMC.
En su informe de recomendaciones por el 28-A del pasado 18 de marzo, Competencia pide más transparencia y que se proporcione información suficiente sobre los análisis realizados por REE, en particular «sobre la metodología utilizada para calcular las reservas, determinar el número de unidades síncronas necesarias y fijar los parámetros aplicados en los análisis de seguridad».