Venganza, en una de las acepciones del Diccionario de la Real Academia Española , significa «satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos». Es un sentimiento negativo que daña a quien lo sufre. Es atribuible a los seres humanos y solo figuradamente a entes de creación intelectual como es el derecho. A esto último me acojo en las líneas que siguen. La convivencia de la política y el derecho ha sido siempre peliaguda, y en muchas etapas históricas el segundo ha sido arrollado por la primera. En la gran conquista que entraña el Estado de derecho en la organización política de las sociedades, esta convivencia es imprescindible, pues el imperio de la ley exige que las metas que la política fije previamente deban articularse por los cauces jurídicos establecidos, entre los cuales el cimiento básico es la Constitución Española. Es obligado, por tanto, que los actores políticos que desarrollen su actividad dentro del Estado de derecho, que si añadimos social y democrático es el nuestro según el artículo 1.1 de la Constitución, tengan gravado a fuego el respeto a las pautas que señala el Derecho para perseguir y lograr las metas políticas que se propongan, que en España pueden ser bastante diferentes dadas las características del texto constitucional de 1978. Esto significa que, en el necesario equilibrio que la función del político y la del jurista han de guardar en la fórmula jurídico-política de la que me ocupo, a la primera incumbe fijar los objetivos hacia los que se quiere dirigir a la sociedad que se gobierna, y a la segunda, configurar las vías jurídicas para alcanzarlos. Va directamente en contra de este planteamiento el rampante desprecio al derecho que, según veo yo las cosas, crece hoy en ciertos sectores de nuestra sociedad y de los poderes públicos que nos gobiernan, aunque es cierto que lo que florece ahora procede de semillas sembradas hace mucho tiempo. Creo haber oído a un jurista, político y escritor de tanta entidad como es el asturiano Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos hablar con pesadumbre de la existencia en nuestros días de políticos que él llama con tino «juridicidas», es decir, políticos que consideran, entre otros extremos, que el derecho es un obstáculo en el camino del logro de fines políticos más o menos avanzados, por lo que es preciso relegar o reducir a su mínima expresión las exigencias de carácter jurídico, cuando, en sentido totalmente opuesto, el respeto al derecho es la mejor garantía del buen término de lo que se pretenda políticamente, con independencia de su contenido. Los políticos «juridicidas» admiten en teoría y 'a priori' el Estado de derecho, pero normalmente son bastante insensibles a sus esencias, a veces no escritas; se encuentran incómodos ante sus requerimientos; y tienden a forzarlos hasta desfigurarlos con tendencia a rozar lo contrario a derecho, entendido esto en lo sustantivo y en lo concerniente a los conceptos, categorías y procedimientos necesarios para articular políticas de manera jurídicamente aceptable. Es característico de los llamados políticos «juridicidas» impulsar que la política desborde el terreno propio del establecimiento de los fines hacia los que la sociedad debe encaminarse en cada momento, y que lo sobrepase invadiendo y no respetando el propio de la construcción jurídica de lo que antes haya sido determinado políticamente. Dicho desde otro punto de vista, es predicable de esta clase de políticos que los criterios políticos arrumben a los jurídicos a la hora de redactar las normas que van a conformar nuestro ordenamiento jurídico en sus distintos escalones. Las consecuencias de lo que, siguiendo a Pedro de Silva me atrevo a llamar «juridicidismo», son graves. Entre ellas destaco la dilución de los conceptos y categorías jurídicos fundamentales, la deficiente técnica normativa, la adulteración del lenguaje jurídico, la falta de claridad expresiva y la incorporación a las normas de términos ajenos a lo jurídico como, por ejemplo, los económicos. El derecho, contrariado por las normas que impulsan los políticos «juridicidas», reacciona vengativamente, permítanme este adverbio, viéndose forzado, entre otras cosas negativas, a dar entrada a la inseguridad jurídica, al ensanchamiento del campo donde la arbitrariedad de los poderes públicos pueda jugar y a que los fines políticos de la norma jurídica con tintes «juridicidas» puedan quedar aguados por interpretaciones judiciales amparadas en las deficiencias de la traducción jurídica de la voluntad política. Pero, por si esto fuera poco, todavía hay más y con ello nos topamos con una manifestación extrema de lo que da título a esta Tercera: la venganza del derecho. El derecho constituye un cuerpo normativo con muchas vertientes que tiene que ser aplicado integradamente, es decir, en toda su plenitud. Cuando no se atiende a las exigencias derivadas de lo jurídico por falta de conocimientos, por su simple relegamiento o por la pretensión de hacer de juristas quienes no lo son, el derecho se venga con la ineficacia, según expresión que he escuchado a Manuel Aragón en una de sus brillantes intervenciones semanales en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Se venga con la ineficacia entendida como inaplicabilidad o con algo de mucho mayor alcance, si cabe. Se venga propiciando efectos muy distintos de los queridos políticamente; dicho de otra manera, se venga abriendo la puerta a aplicaciones jurídicas totalmente contrarias a lo buscado políticamente. Ejemplo paradigmático es la vulgarmente conocida como ley del sí es sí, la Ley orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía de la Libertad Sexual, si al rigor jurídico nos atenemos. Los últimos años de mi larga trayectoria en el Congreso de los Diputados como Letrado de las Cortes Generales, mi también larga experiencia de abogado, y algunas recientes actuaciones del Consejo de Estado, órgano de relevancia constitucional de capital importancia que cumple en este año quinientos de fructífera vida de servicios al Estado, y que, según noticias aparecidas en los medios de comunicación social, ha tenido que salir al paso del «juridicidismo» de ciertas iniciativas normativas, todo ello permite comprobar bastantes manifestaciones de lo que me he atrevido a llamar venganza del derecho.
