Al Gobierno le pilla el toro con los fondos europeos
La sombra de la duda se cierne sobre la gran palanca de crecimiento que ha sostenido en segundo plano la economía española desde la pandemia. Los fondos Next Generation, la respuesta de la Unión Europea a las consecuencias económicas provocadas por la pandemia, han supuesto hasta un 14% del avance del PIB español en el periodo 2021-2025. Así, hasta abril de 2026, España ha recibido 71.432 millones (55.092 millones no reembolsables y 16.340 de préstamos) en cinco desembolsos, de los cuales se habían comprometido poco más del 80% (57.400 millones), lo que equivale al 3,4% del PIB, y gastado en términos de Contabilidad Nacional solo el 55% (cerca de 39.000).
Según apunta Funcas en su último informe sobre el impacto de los fondos en la economía española, la diferencia entre los desembolsos y los compromisos se acerca, por tanto, a los 14.000 millones, una brecha entre los recursos ya disponibles y los que están aún pendientes de ser comprometidos o ejecutados. La diferencia entre estos fondos comprometidos (3,4% del PIB) y su impacto en el avance del PIB –notablemente menor, entre 1,4 y 2,1 puntos– ha provocado que, «a pesar de la canalización de los fondos hacia la economía, el efecto transformador todavía no se ha materializado plenamente», además de que la productividad refleja «un dinamismo todavía limitado». Asimismo, el estudio incide en que «la tasa de resolución de las convocatorias se sitúa en torno al 60%, lo que pone de manifiesto la existencia de trabas de gestión y de defectos en el diseño de los instrumentos que generan un desfase entre la disponibilidad de ayudas y su traducción en gasto efectivo. Y la gobernanza multinivel ha añadido complejidad».
Una situación que puede complicarse más aún tras la renuncia a 60.454 millones de préstamos, lo que es un 37% menos de lo previsto en 2021. El Ejecutivo ha logrado justificar el cumplimiento de 250 compromisos (152 hitos y 98 objetivos). Pero, tras reajustar el calendario de desembolsos, quedan aún dos pendientes antes de que acabe el Plan de Recuperación, en diciembre de 2026. Para el sexto desembolso, que se solicitó el pasado 3 de marzo, por importe neto de 6.467 millones, se han presentado 78 compromisos, que la Comisión Europea debe validar antes de abonar el pago. En cuanto al séptimo y último, en diciembre de 2026, además de ser el desembolso de mayor importe, 24.661 millones, estará sujeto a cumplir antes del 31 de agosto un total de 143 compromisos, la cifra más alta comparada con todos los desembolsos anteriores.
Por tanto, prácticamente en cuatro meses el Gobierno tiene que cumplir 143 compromisos el 30% del total (471 compromisos), un objetivo puesto en duda por el Partido Popular, que recuerda que si en los cinco años anteriores hemos presentado 328 compromisos –250 aprobados y 78 pendientes de validación–, y «tenemos ya todas las certezas sobre compromisos que no vamos a cumplir y que esos fondos quedarán retenidos por parte de la Comisión Europea», apuntan en el PP. Estos fondos corresponderían a 475 millones por la imposición al diésel (objetivo 388) y por la eliminación de la bonificación por tributación conjunta (objetivo 386); 626 millones por la reducción de temporalidad del empleo público por debajo del 8%, actualmente en el 26,8% (objetivo 144); o 40 millones por la digitalización de las Administraciones (objetivo 162).
Pero esos hitos dudosos son solo la punta del iceberg, ya que hay dudas con otros muchos, como el despliegue de 95.200 puntos de recarga (objetivo 419b) –tenemos solo 55.000 y en 2025 se instalaron solo 12.000–; las mejoras del horario de trabajo; la reforma de las funciones de guardia y las retribuciones de los médicos (objetivo 276); o la ley de transparencia e integridad de los lobbies (objetivo 432), pendientes por la parálisis parlamentaria y la incapacidad de aprobar estas medidas.
El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido en el Congreso la imposibilidad de cumplir con algunos de los hitos marcados por la hoja de ruta de la UE, por ejemplo, el incremento de la tributación relativa a los hidrocarburos. «Ahora mismo trabajamos con la Comisión Europea, tanto sobre el impacto de las reformas que ya han sido adoptadas, con vistas a la posible reevaluación de algunos hitos, como sobre una conversación franca con respecto a la dificultad de aprobar un incremento de la tributación relativa a los hidrocarburos, y más en el contexto actual», admitió el ministro ante los diputados.
La Comisión Europea desembolsó en agosto del año pasado a España el quinto tramo, que lleva asociados 23.100 millones, un pago del que Bruselas descontó 1.000 millones por el incumplimiento del Gobierno de dos hitos clave: la subida fiscal al diésel y las inversiones en la digitalización de las entidades regionales y locales. Para acceder a estos fondos pendientes, el Ejecutivo pidió –junto con la solicitud del sexto desembolso– el pago de los fondos retenidos por la Comisión en relación con el hito 167, relativo a la digitalización de las entidades regionales y locales, al considerar que este objetivo ya se ha cumplido, pero la Comisión Europea lo tiene pendiente de evaluación, aunque fuentes comunitarias consultadas por LA RAZÓN señalan que «el asunto no pinta bien».
«Aunque Bruselas permitió redirigir algunos fondos del Plan a instrumentos financieros para incentivar la inversión privada, siempre y cuando estén determinados los beneficiarios antes del 31 de agosto, lo cierto es que en 2026 finaliza su vigencia y ahora nos quedan 30 años para devolverlos», señala Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP, que denuncia la desinformación que practica el Ejecutivo.
Por esta opacidad informativa por parte del Gobierno, hace unos días el Tribunal Supremo ha ordenado al Ejecutivo que informe al PP sobre quiénes son los «beneficiarios finales de fondos Next Generation con indicación del nombre o razón social y el importe percibido», tal y como solicitó la senadora popular Eva Ortiz, en una petición de información parlamentaria en septiembre de 2025. Así, estima el recurso del PP porque la respuesta del Ejecutivo «no guardaba correspondencia con la pregunta concreta formulada puesto que no daba la información solicitada». A juicio del Supremo, el Gobierno «no ha facilitado la información solicitada y, además, la respuesta tampoco daba razón fundada en derecho que le impidiese facilitar la concreta información solicitada», por lo que le ordena responder «en un plazo no superior a 30 días».
Al menos el Gobierno ha asegurado que aportará «nuevas evidencias» sobre la ejecución del hito 388, vinculado a las reformas fiscales sobre el tratamiento del diésel –para equipararlo a la gasolina–. Hacienda, en base a los nuevos datos de recaudación facilitados por la Agencia Tributaria, intentará justificar que España supera «ampliamente» el objetivo de incrementar los ingresos fiscales en un 0,3% del PIB, por lo que, con las cifras reales de recaudación correspondientes a 2025 «queda acreditado el cumplimiento de los objetivos cuantitativos establecidos para el hito 388».
Sin embargo, para el PP la última modificación de la adenda, que el Gobierno llama «de simplificación» es, en realidad, la «adenda de la resignación». Según enumera Nadal, «el Gobierno ha renunciado al 37% de los fondos que teníamos disponibles –60.454 millones de los 163.000 que nos adjudicaron–; también al 40,4% de los Perte que debían transformar nuestra economía, pasando de 42.480 millones a 25.314, en sectores punteros como la fabricación de chips, la industria aeroespacial, la descarbonización industrial, el agua o el sector sanitario; ha descartado inversiones por más de 10.000 millones que afectan a todos los sectores estratégicos, y que ya no se harán, desde vivienda, sanidad, transporte, medio ambiente, digitalización, investigación, turismo, industria, formación, pymes, universidades hasta la dana; y renunció a la aprobación de 17 leyes, que incluían reformas estructurales de gran calado, como la ley de industria, la ley de pesca, la ley de diversidad familiar o las leyes sanitarias, entre otras».
Nadal lo tiene claro y cree que «España ha perdido una oportunidad única para transformar nuestra economía y garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible en las próximas décadas», y lo ha hecho por múltiples razones: «El Gobierno no ha sido capaz de diseñar un plan adaptado a las necesidades de nuestra economía, donde la burocracia, la falta de coordinación con los sectores y las comunidades, y la ausencia de una gestión eficaz ha lastrado el impacto esperado; ha utilizado los fondos para cubrir sus propias carencias ante la ausencia de presupuestos, utilizando la flexibilidad del mecanismo para mover partidas presupuestarias entre ministerios; y, finalmente, el Gobierno ha multiplicado el intervencionismo y la discrecionalidad, anunciando adjudicaciones incluso antes de convocar los correspondientes concursos y ha generado una inseguridad jurídica. En definitiva, ha fracasado en su gran apuesta de proyectos de impacto transformador».