La Cruz para quedadas que el Gobierno quiere eliminar
Choque de nuevo por una Cruz de los Caídos, esta vez en Cáceres, por el empeño del Gobierno de Pedro Sánchez en erradicar estos elementos esgrimiendo la normativa de la Ley de Memoria Democrática. Pero, como en otras ocasiones, se trata de una pieza ensamblada en el perfil urbano sin más connotación que la de ser considerada una ubicación orientativa en la ciudad.
«Para los cacereños no es un símbolo franquista, es un punto de referencia. Cuando quedamos, decimos: “Nos vemos en la cruz”. Está en el centro, de ahí sale el Paseo de Cánovas, que es la arteria principal y nadie cuando la ve siente que esté contemplando un recuerdo del franquismo», asegura a LA RAZÓN Julia García White.
Para esta pacense que vivió en su infancia en un edificio a la vera de la cruz, «esa es la opinión de todos» sus paisanos. «Lo demás es rizar el rizo», afirma respecto a las últimas novedades que amenazan a un enclave que varias plataformas y grupos están intentando salvar desde hace años.
Ya en 2020, la Fundación Española de Abogados Cristianos reunió 57.800 firmas –la población local rebasa los 95.000 habitantes– para pedir que no se retirara la Cruz de los Caídos. El Ayuntamiento dijo entonces que no se derribaría, sino que sería trasladada al cementerio. Hasta el día de hoy.
Una hora después de que se anunciase que el pacto de investidura de María Guardiola incluía que la Cruz debía ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC) –con el objeto de protegerla y conservarla– una resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática sellaba el destino de la gran cruz de piedra levantada en 1937 en homenaje a los caídos de Cáceres con motivo del «Movimiento Nacional salvador de España», precisamente en el lugar donde se encontraba la fuente conocida como La Palmatoria, que databa de la época republicana: la Plaza de América.
La respuesta del alcalde ante la inclusión de la Cruz en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática por parte de la cartera de Ángel Víctor Torres, fue inmediata. «Los cacereños no vemos en la Cruz otra cosa que no sea un elemento más de la ciudad. Un punto de referencia, que debe quedarse donde está», señaló Rafael Mateos a través de sus redes sociales, antes de manifestar su disposición a recurrir la decisión.
La resolución estatal incluye la retirada de la cruz debido a la «falta de elementos arquitectónicos o artísticos» que justifiquen su permanencia en el espacio público, y por la vinculación estética con el régimen de la dictadura.
El Ministerio de Política Territorial ha señalado que la retirada se llevará a cabo de manera inmediata, de acuerdo con la normativa.
El regidor discrepa absolutamente. Además de considerar que el monumento «está integrado en el paisaje urbano» y que «no supone para ningún cacereño una exaltación de ningún régimen», ha recordado que en 1984 el alcalde socialista Juan Iglesias Marcelo decidió resignificar el monumento y se colocó una nueva inscripción en la que se puede leer: «La ciudad de Cáceres en memoria de sus hijos muertos por la patria».
«Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y lo que además nos demanda la sociedad, que es recurrir una resolución que entendemos que es injusta, que va contra el sentir mayoritario de la ciudad de Cáceres. Y que yo como alcalde voy a defender en vía administrativa, en vía judicial y en la calle, si es necesario», subrayó Mateos en declaraciones a Europa Press.
"Bomba de humo"
La resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática está fechada el pasado 17 de abril a las 14:49, una hora después de que Partido Popular y Vox anunciaran el pacto para forma gobierno en la región e investir a María Guardiola como presidenta, un hecho que el regidor cacereño calificó como «bomba de humo» por parte de Pedro Sánchez, ya que el acuerdo recoge solicitar la declaración como BIC del monumento, algo que Mateos ve además con «muy buenos ojos».
También se refirió el primer edil a la valoración que una comisión técnica hace sobre el «escaso valor arquitectónico» del monumento, sobre lo que recordó que el Plan General Municipal (PGM) aprobado en 2010 otorga a la Cruz la máxima protección de los bienes municipales. En esta línea defendió que él ha llegado al Gobierno local para «mirar al futuro». «Yo he venido a construir una ciudad mejor. He venido a unir, no a enfrentar ni a dividir», advirtió.
Por su parte, Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, deplora la situación seis años después de aquella recogida de apoyos. «Lo que estamos viendo es un Gobierno que impone su ideología por encima de la voluntad de los ciudadanos. No buscan convivencia ni reconciliación, buscan un relato único y eliminar todo lo que no encaja en su visión sectaria de la historia», señala a este diario. «Utilizan la “memoria democrática” como excusa para borrar símbolos cristianos del espacio público», denuncia.