Azcón, presidente, bajo el fuego abierto en Madrid entre PP y Vox por la «prioridad nacional»
Investida María Guardiola en Extremadura, encarrilado el pacto para hacer lo propio con Jorge Azcón en Aragón la semana que viene, pero enfrentados en el Congreso de los Diputados por la interpretación que cada uno hace de las arras que se han intercambiado en los contratos de sus segundas nupcias. Es el resumen de las últimas horas en la relación de PP y Vox.
Como avanzó LA RAZÓN, este miércoles PP y Vox dieron carpetazo al segundo de sus pactos con las siguientes cesiones del primero al segundo: «Prioridad nacional», una vicepresidencia con el área de «desregulación» y tres consejerías: Agricultura, Ganadería y Alimentación; Medioambiente y Turismo, y Política Social y Familia.
Así concluye el bloqueo que abocó a dos regiones de nuestro país a convocar elecciones fuera de plazo. Extremadura y Aragón tienen desde hoy un horizonte de certidumbre gracias a sendos documentos programáticos para gobernar juntos en coalición, otra vez. Las líneas generales son pintiparadas. Como publicó este periódico, los equipos negociadores apenas han tenido que introducir cuestiones puntuales relacionadas con las particularidades de la tierra. Por lo demás: «Control c + control v». Copiar y pegar.
El sintagma de «prioridad nacional», que tanta polvareda ha generado en estos días, permanece intacto como un principio de referencia para legislar sobre el acceso a las ayudas sociales.
Se trata de una concesión semántica que el PP le ha brindado a su socio de Vox para su contienda ideológica. Porque, en la práctica, lo que realmente acuerdan los dos partidos es fijar un requisito de arraigo para según qué prestaciones. Es decir, que se otorgue una preferencia a las personas que acrediten que llevan tiempo contribuyendo con el territorio, sin distingo de su color, raza, origen o religión.
En Aragón, el PP paga más caro el acuerdo con la cesión de una cartera sensible que puede ser dinamita en manos de Vox (Políticas Sociales). A cambio, Vox se compromete a aprobar cuatro presupuestos autonómicos. La estabilidad como principal meta. El detalle de Aragón: las políticas energéticas, con las renovables en el punto de mira; o la Educación, con las subvenciones a la concertada como gran novedad. En sanidad, vivienda o fiscalidad, todo viene a ser más de lo mismo.
Nada más cerrar el pacto en las Cortes de Aragón, Zaragoza, Azcón y su homólogo en Vox, Alejandro Nolasco, comparecieron ante la prensa. «PP y Vox han llegado a un acuerdo para poder formar un gobierno en Aragón que responda a lo que han querido los aragoneses en las urnas y que se va a dedicar a resolver todos los problemas a los aragoneses», proclamó el barón popular.
Principio de legalidad
En repetidas ocasiones, afirmó que el acuerdo es «coherente y cumple con el principio de legalidad». Quiso incidir ahí: «Principio de legalidad», para que no quepa duda de que el «principio de legalidad» de Vox no irá en contra de ninguna norma estatal vigente. La «baremación» para las ayudas no consistirá en que un español de pata negra vaya delante de un inmigrante, interpretación que Vox quiere vender a su parroquia.
Preguntado por la reciente confusión, con pelea incluida en el Congreso, lo primero que aclaró Azcón es que su «prioridad absoluta» no es nacional. «Son los aragoneses».
Dicho lo cual, reconoció dos debates distintos: uno «que tiene que ver con la política, donde hay posicionamientos distintos», y otro «que tiene que ver con la legalidad». Y añadió: «La prioridad nacional va a ser compatible con la legalidad nacional. Ningún acuerdo irá sin un informe de los servicios jurídicos de la casa».
Aclaración más que pertinente cuando ayer mismo PP y Vox chocaban en la Cámara Baja por una moción que presentó Vox sobre la «prioridad nacional». El partido de Santiago Abascal quiso ir más allá de lo pactado en Extremadura y Aragón, y el PP registró sus enmiendas para llevar el texto al punto exacto donde hay consenso. Ninguna de las dos partes dio su brazo a torcer y el resultado final fue el de un desencuentro que, sin embargo, no parece torpedear las alianzas autonómicas.
Preguntado por la aplicación práctica de la «prioridad nacional» y si se fijaría el origen como uno de los criterios para el acceso a las ayudas, el portavoz de Vox en Aragón dio la callada por respuesta. Es decir, que el inmigrante legal que cumpla con los requisitos tendrá el mismo derecho a las ayudas que un español de octava generación. Explicó Nolasco: serán «baremos que se aplican para conceder ayudas sociales». Todo, dijo, «dentro de la legalidad» vigente.