DHK Finance insiste en despojar a BANTRAB y al Estado de Guatemala
La reciente resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio cerró uno de los litigios financieros más trascendentales del país e ilustra la persistencia de estructuras criminales que buscan aferrarse a espacios de influencia dentro del sistema bancario guatemalteco.
El 11 de marzo de 2026, la Sala declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el propio BANTRAB, anulando la sentencia venida en grado y resolvió extinguir el dominio de USD 20M que DHK Finance había ingresado al sistema bancario. Asimismo, declaró la nulidad ab initio de 15 655M acciones preferentes Serie B, estableciendo su invalidez desde su origen.
Sin embargo, el caso DHK no es un error financiero aislado; es, paradójicamente, un caso de éxito al impedir el lavado de dinero —que logró entrar al sistema bancario—, adquisición de acciones y generación de dividendos. Solo fue expulsado tras más de una década de litigios, arbitrajes y presiones políticas.
¿Dónde nace la intención de lavar?
El origen de los fondos se conecta con estructuras venezolanas emergentes tras la pugna de PDVSA del régimen chavista, cuando exfuncionarios, exdirectivos y operadores petroleros desplazados comenzaron a mover capitales a través de offshores panameñas, asesorías ficticias y banca regional.
Por consiguiente, DHK Finance, inscrita en Panamá, no aparece como una inversión espontánea. Su entramado se articula con figuras como Hidalgo Rafael Socorro y Evanan Romero Gutiérrez, exfuncionario petrolero venezolano, con historial de influencia en Guatemala.
¿Cómo se destapa la red de lavado?
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos detectó inconsistencias en el origen de los fondos y nexos con redes de lavado de dinero vinculadas a estructuras criminales en Venezuela, lo que derivó en denuncias penales, allanamientos, secuestro de documentación y el embargo de las acciones por orden judicial.
Sin embargo, lejos de acatar el fallo como punto final del proceso, DHK persiste en su intento de lavar dinero; planteó un amparo que, para fuentes vinculadas al caso, confirma la resistencia de la presunta estructura financiera ilícita a las acciones legales del Estado.
Mientras dicha acción se interpreta como un nuevo intento por aferrarse a acciones adquiridas con dinero de origen sin comprobar, y por prolongar, mediante recursos legales, una relación que los tribunales han declarado inexistente desde su nacimiento jurídico.
Esta conducta no es aislada. A lo largo de más de una década, DHK recurrió sistemáticamente a distintas vías judiciales, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de conservar su participación en BANTRAB y “cosechar” los beneficios derivados de ella.
En 2022, sus pretensiones en el extranjero fueron desestimadas mediante un laudo arbitral ratificado posteriormente por una corte federal de EE. UU. Pese a ello, la empresa insiste en acciones legales que persisten en desgaste institucional, actitud típica de estructuras que buscan normalizar capitales ilícitos dentro del sistema financiero.
La PGN celebró el fallo de marzo, destacando que más de GTQ 361M —producto de la inversión y los dividendos generados— pasarán a favor del Estado.
Integraciones espurias y dinero con intereses ajenos
Las inversiones de DHK no fueron fortuitas ni aisladas, sino facilitadas por integraciones cuestionables en BANTRAB durante un periodo de gobernanza debilitada, marcado por intereses políticos, financiamiento ilícito y acuerdos opacos. Ese fue el contexto donde capitales de origen dudoso ingresaron al sistema financiero, se transformaron en acciones preferentes y buscaron incidir en la estructura bancaria.
Este proceso coincidió con la expansión indirecta de intereses chinos en la región, canalizada mediante intermediarios y estructuras híbridas, en línea con una lógica de penetración no frontal en sectores estratégicos.
Estado actual
BANTRAB acató la resolución judicial y sostuvo que la operación anulada correspondió a actos irregulares de administraciones anteriores; desde 2017, ha fortalecido su gobierno corporativo, controles y debida diligencia, respaldado por un crecimiento de activos de GTQ 18 243M en 2016 a GTQ 46 233M en 2026.
El amparo de DHK —que debe conocer y resolver la Corte Suprema de Justicia (CSJ)— emerge como un mecanismo de desgaste en un entorno de alta sensibilidad institucional, donde lo que está en juego trasciende los GTQ 361M y se proyecta sobre la integridad del sistema financiero.
Estas acciones confirman la necesidad de vigilancia permanente para evitar que el sistema bancario sea utilizado como vehículo de lavado y captura institucional.
El amparo no busca justicia, busca cansancio.
Lo que está en juego no son solo GTQ 361M sino la señal que se envía: ¿Puede una estructura señalada por lavado volver a tocar la puerta del sólido banco guatemalteco? La respuesta la dará la CSJ.