Aragón: pacto inminente entre PP y Vox con «prioridad nacional»

El principal contrato de arras que ha firmado el Partido Popular con Vox en sus segundas nupcias consiste en una figura retórica. Para su regreso al redil de los gobiernos autonómicos, el partido verde no ha exigido ni latido fetal, ni derogar las leyes de género, ni teléfonos de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar.

Ha reclamado desde el primer momento imponer un sintagma que, más bien, se trata de una declaración de intenciones: que las ayudas sociales, de ahora en adelante, estén inspiradas en el concepto de «prioridad nacional». Lo que viene a ser: «Españoles primero».

Un eslogan con el que poder abanderar el debate público en su terreno de juego más favorable: la lucha contra la inmigración. Es el mayor peaje que le ha pagado el PP para acabar con el bloqueo en Extremadura y Aragón.

LA RAZÓN ha podido saber por fuentes de los equipos negociadores que, pese a la controversia desatada por la gran idea-fuerza del acuerdo extremeño, no habrá ningún cambio en el documento que, todavía hoy, perfilan ambos partidos y que verá la luz en cuestión de horas. Si es que las cosas no se tuercen por otros elementos que están encima de la mesa.

Del pacto aragonés no cabe esperar modificaciones en lo sustancial: inmigración, impuestos, sanidad, vivienda. Habrá elementos novedosos propios de las particularidades de la tierra, sobre todo en energía.

Vox le tiene declarada la guerra a las renovables y Aragón es una de las comunidades donde más se han extendido en los últimos años, incluso con la sospecha de corrupción por la trama de Forestalia. Pero los recelos del partido verde con las nuevas fuentes de energía no tienen tanto que ver con presuntas causas como por una cuestión ideológica.

Así pues, el texto aragonés, en lo mollar, será un «control C + control V» del extremeño. Copiar y pegar. Vox se lleva la palma con su «Prioridad nacional», que volverá a ser un principio inspirador.

Una contrapartida para el relato político, a pesar de que el PP ha dejado claro que se trata de una cuestión semántica que, en la práctica, tiene otra denominación: «Arraigo». Un requisito que ya se establece para numerosas prestaciones sociales de nuestro país. Sin ir más lejos: el Ingreso Mínimo Vital. No lo pueden cobrar los que llevan menos de un año regularizados. O las pensiones no contributivas. Se exigen diez años de residencia.

Lo que PP y Vox han suscrito en Extremadura –y propondrán también para Aragón– es que todo aquel que se quiera beneficiar de según qué prestaciones, debe acreditar un arraigo. Un requisito que los populares ven más que razonable, por ejemplo, para poder adquirir una vivienda de protección oficial. Sin embargo, surge otra controversia.

El ejemplo de la Vivienda

Para el «sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social», que está «inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente», lo que se procura es «la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». Por lo que el sistema incluye la siguiente exigencia: «Arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Extremadura». Y detalla: «Mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler».

Traducido al cristiano: cualquier inmigrante que resida de manera legal en Extremadura desde hace diez años tendrá preferencia sobre un español que lleve nueve años empadronado a la hora de acceder al programa público de vivienda social que PP y Vox han pactado. Y es que el arraigo al que se hace alusión en el pacto, que es la novedad factual, no tiene tanto que ver con la nacionalidad como con el tiempo de residencia en un territorio.

La teoría de Vox es que, por lógica, la mayoría de las personas que podrían quedar excluidas de unas ayudas si se establece una «baremación» –como dice el PP– sobre el empadronamiento, ergo, el arraigo, son los inmigrantes. Pero, en la práctica, el acceso a las ayudas será el mismo sin distingo de color, procedencia o religión.

La discriminación, pues, no se hará por el lugar de nacimiento, sino por otros factores. Entre otras cosas porque, a día de hoy, con la legislación vigente, para el acceso en las ayudas sociales de nuestro país no se puede establecer una primacía de un español en detrimento de un inmigrante. Lo impiden la Ley de Extranjería y la propia Constitución Española.

Este martes, en el Congreso de los Diputados, aterrizó el debate de la susodicha «prioridad nacional» con una moción de Vox a la que el PP le presentó una enmienda para incidir en el arraigo.

No hizo otra cosa que replicar un el texto extremeño para defender que «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas» debe estar inspirado en un «principio de prioridad nacional» que procure: «La asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

Un sistema adaptado a la «legalidad vigente», clavo al que se aferran los populares para desmentir una claudicación en contra de ley. Hoy, se votará en el Pleno. Turno para fijar posiciones.