Sumar comunica al juez que investigó y no halló nada contra Errejón

La coordinadora y representante legal de Sumar, Lara Hernández, dio cuenta de la investigación interna realizada por el movimiento político contra Íñigo Errejón al instructor del caso por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá.

En el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en primicia la plataforma de Yolanda Díaz aclara que las actuaciones llevadas a cabo de manera orgánica respecto al que fue su portavoz parlamentario giraron en torno a la publicación de un «testimonio anónimo en una red social», días antes de que él dimitiese y abandonase la vida pública, el 24 de octubre del año 2024.

Sumar destacó al juez Adolfo Carretero que estas acusaciones públicas dirigidas contra Errejón «son anteriores» a que la actriz presentase la denuncia por la que se le empezó a investigar penalmente.

La formación a la izquierda del PSOE quiso dejar constancia ante el magistrado de que «llevó a cabo otras actuaciones enfocadas a esclarecer si dentro de la organización se pudo dar algún tipo de acto o conducta de contenido machista» por parte de Errejón «o si alguna persona ligada al partido tuvo conocimiento de ellas».

Ambas pesquisas emprendidas por Sumar dieron el mismo resultado negativo: «No se ha obtenido ningún resultado relacionado con la causa que está conociendo este juzgado».

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid se lo requirió al partido de Díaz después de que el abogado de Mouliaá, Alfredo Arrién, instase a que aportase los datos de la búsqueda interna que realizó para comprobar si había rastros de «posibles comportamientos machistas y de maltrato psicológico y sexual a distintas víctimas».

En estos momentos, el procedimiento se encuentra paralizado a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid fije fecha para deliberar sobre los dos recursos de apelación que interpuso la defensa del expolítico.

Como ya publicó este diario, se prevé que la Sección x resuelva antes el segundo, puesto que versa sobre el mantenimiento de la acusación por parte de la intérprete, después de que amagase con retirarla.

Y, luego, el que temporalmente se presentó antes por parte de la abogada del también cofundador de Podemos, Eva Gimbernat, a fin de anular su procesamiento.

Lo cierto es que el juez Carretero llegó a dictar la apertura de juicio oral para él por un delito de acoso sexual continuado, solo con la acusación de Mouliaá y de la acción popular, a la que representa el letrado Jorge Piedrafita, en nombre de la Asociación Defensa Integral Víctimas Delito Especializada (Adive), que pidieron en ambos casos una sentencia a tres años de prisión.

Además, la denunciante solicitó que se le impusiese una indemnización económica de 30.000 euros por los daños morales y psicológicos sufridos, así como su inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena.

La Fiscalía reclamó el sobreseimiento de las actuaciones al no apreciar suficientes indicios para seguir el proceso contra él, al igual que su defensa, que, evidentemente, solicitó el archivo.

Cita por las calumnias

Se da la circunstancia de que esta próxima semana, ambos están citados por la querella por un delito de calumnias que presentó Errejón contra Mouliaá, después de que esta presuntamente le hubiese acusado de haber extorsionado a dos testigos que fueron interrogados en el caso de la supuesta agresión sexual.

Tras haberse suspendido hasta en dos ocasiones su declaración en este otro procedimiento, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid los citó para el próximo viernes día 24, a las 10:30 horas.

El magistrado Arturo Zamarriego les advirtió de que para evitar «más dilaciones en el proceso» tenían un único plazo de tres días para informe de la existencia de una «causa acreditada» que les impidiese comparecer en los tribunales de Plaza de Castilla (Madrid).

Puesto que la última cancelación del señalamiento se debió a la inasistencia del abogado de la actriz, que alegó a última hora que tenía que someterse a una intervención quirúrgica.

Esta cita judicial a cargo del juez Zamarriego coincidirá con otra de gran relevancia mediática, dado que es el mismo que instruye el caso por las presuntas cloacas del PSOE.

Serán interrogados (a las 10:00 y 11:00 horas) dos testigos de la reunión que Leire Díez y Javier Pérez Dolset mantuvieron con el empresario Alejandro Hamlyn en el despacho del jurista Jacobo Teijelo (que representa a Santos Cerdán).

Se indaga en si, durante la cita, pidieron a Hamlyn información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.