Los fiscales aprietan a Bolaños por la plantilla
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, apremia al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a ejecutar un estudio «realista» ante la creación de plazas antes de asumir la instrucción penal.
Se trata de una cuestión que piden también a la Fiscalía General del Estado para «tener una cifra razonable» de cara al compromiso del ministro de ampliar la plantilla bajo la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que Bolaños califica como la «mayor convocatoria y transformación de la carrera judicial».
En una conversación con este periódico, la presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, asegura que no tienen capacidad real para analizar la situación real del Ministerio Público, pero que el objetivo de exigir un estudio está en la necesidad real de cuantificar cuántos fiscales serán necesarios para acometer las funciones que la «ley Bolaños» encomienda ahora a los funcionarios del Ministerio Público como, por ejemplo, los procesos de instrucción de investigación penal de los delitos que hasta ahora estaba en manos de los magistrados.
Así, piden que se haga una evaluación de todas las plazas necesarias, teniendo en consideración «el nivel de población, la presencia de fiscales por número de habitantes, las cargas de trabajo de cada fiscalía y el número de asuntos judiciales asignado a cada funcionario del Ministerio Público». Según explica, la creación de 200 plazas para fiscales anunciadas por Bolaños –al margen de las 500 para magistrados– no es ni la «gran recuperación de la platilla fiscal ni tampoco la gran convocatoria». A su juicio, es un número ínfimo porque, en realidad, «no son 200 plazas nuevas las que se crean, si no que estamos por debajo de plantilla en estos diez últimos años en 177 plazas». Este dato relativiza el impacto del anuncio del Ministerio, ya que buena parte de las nuevas plazas servirían simplemente para cubrir ese déficit histórico.
Hay que tener en cuenta que, históricamente, la creación de nuevas plazas dentro del Ministerio Fiscal ha seguido criterios como la tasa de reposición, es decir, vacantes generadas por jubilaciones, renuncias u otras causas de baja definitiva. Sin embargo, este criterio se eliminó formalmente el año pasado tras la decisión del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública de considerar que en la práctica este criterio no solucionaba las necesidades reales entre la oferta y la demanda. Aun así, la citada organización denuncia que desconocen cuáles van a ser los parámetros que seguirá la Administración Pública en la nueva creación de plazas.
Para la presidenta de la asociación hay también otro problema de fondo: los fiscales siguen esperando la concreción normativa de las plazas de nueva creación que el ministerio prometió para 2025. Según explica, este proceso podría estar caducado por absorción, esto es, que las 200 plazas de ahora se confundan con las prometidas el pasado año.
Cabe recordar, además, que las nuevas plazas anunciadas por Bolaños se produjeron después de que esta misma asociación se quejara públicamente para que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometiera a ampliar la plantilla, al igual que anunció que haría en el caso de la judicatura. En un comunicado que envió la organización el pasado mes de febrero, explicaba que habían tenido conocimiento por los medios de comunicación y las redes sociales de la creación de las 500 plazas para magistrados. De hecho, esta cuestión llevó a la presidenta de la asociación a solicitar al titular de Justicia una reunión.
La queja de esta asociación por la insuficiencia de plazas en la carrera fiscal es compartida por otras organizaciones, que también han demostrado su descontento públicamente con la nueva reforma que acometió el ministro. Tal y como publicó este periódico, para la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la experiencia en este último año demostró que «las reformas organizativas por sí solas no generan eficiencia si no van acompañadas de medios personales y tecnológicos suficientes y reales». Se trata de una afirmación que concuerda con lo que exige de forma generalizada el sector: un aumento de plantilla para conformar un servicio eficaz.