El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha aprobado este viernes, con el voto favorable de nueve de los rectores y la abstención del de la Universidad de Jaén, la propuesta de la Junta para la distribución de 1.825,7 millones de euros entre las diez universidades públicas andaluzas, incluyendo 85,78 millones para la Pablo de Olavide (UPO) y 449,36 para la Universidad de Sevilla . Ha sido en una reunión celebrada en Córdoba y presidida por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. Fruto de la negociación entre la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y los rectores, el reparto incluye l os 1.788,2 millones inicialmente presupuestados en las cuentas de la Junta para 2026 y otros 37,5 millones vinculados al refuerzo presupuestario y financiero del sistema y al acuerdo de 8 de abril de 2025 entre Junta y rectores, sobre retribuciones de personal. Con independencia de la tramitación administrativa que debe seguir cada año la orden de distribución de recursos del modelo hasta su aprobación definitiva, los diez campus públicos reciben mensualmente transferencias de la Administración autonómica en el marco de este instrumento de financiación que se reajustan atendiendo a las partidas finales acordadas para cada uno de ellos. Para la Universidad de Sevilla, de los 449,36 millones de euros, 402,62 millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento; y 38,67 millones se corresponden con la financiación mediante contratos programa, con la que se pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos, precisa la Consejería. A todas esas cifras se añaden 2,53 millones consolidables procedentes de la partida destinada al refuerzo presupuestario y financiero del sistema público universitario . Además, el modelo incluye para la US otros 5,52 millones de euros para atender los acuerdos económicos en materia de personal fijados el pasado 8 de abril de 2025 y que implican el abono de la totalidad en 2026 (inicialmente acordada con los rectores para 2026 y 2027) de los complementos salariales tanto del personal docente e investigador (PDI), como de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios (PTGAS). En total ambos importes suman 3,12 millones de euros, detalla la Consejería. Ello, tras el ajuste en el presupuesto promovido por la rectora de la Hispalense, Carmen Vargas, cifrado en 16 millones de euros y que, entre otras cosas, incluye desde el cierre de centros por la tarde a menos contrataciones de profesorado laboral temporal y reducción de grupos, extremo que Vargas atribuía a carencias en la financiación autonómica y que la Junta achaca a un «desfase» en la gestión del anterior rector, Miguel Ángel Castro. Para la Universidad Pablo de Olavide, de los 85,78 millones de euros que se reparten, 74,12 millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento; y 9,13 millones se corresponden con la financiación mediante contratos programa, con la que se pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos. 2,53 millones para complementos retributivos y refuerzo financiero. A todas esas cifras se añaden 1,65 millones consolidables procedentes de la partida destinada al refuerzo presupuestario y financiero del sistema público universitario. Además, el modelo incluye para la UPO otros 876.618 euros para atender los acuerdos económicos en materia de personal fijados el pasado 8 de abril de 2025 y que implican el abono de la totalidad en 2026 (inicialmente acordada con los rectores para 2026 y 2027) de los complementos salariales tanto del personal docente e investigador (PDI), como de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios (PTGAS). En total, ambos importes suman 2,53 millones de euros. El Consejo Andaluz de Universidades ha dado cuenta además de la constitución de u na comisión técnica paritaria que se encargará de estudiar la metodología usada por las instituciones académicas para calcular los costes de personal con el fin de disponer de un marco financiero equilibrado y sostenible. Se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el PTGAS: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios. También este órgano técnico estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos. Las universidades públicas han celebrado así que haya sido aprobado «un primer reparto presupuestario para 2026 que incluye una partida adicional de 37,5 millones de euros, destinada a cubrir diferentes conceptos reclamados ampliamente» por las mismas , como son la cuantía pendiente para el abono total de los complementos autonómicos del PDI y el 50% del quinto tramo del complemento de productividad del PTGAS del año 2024, y la partida de 16 millones de euros consolidables anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía durante la apertura del curso académico 2025-2026. También destacan la creación de un mecanismo de auditoría conjunta entre las Universidades y la administración autonómica «para determinar de forma exacta los costes reales de la plantilla universitaria y abonar la diferencia de ingresos no percibidos en virtud del cumplimiento íntegro de la cláusula de salvaguarda correspondiente a cada universidad». «Demandamos a la Junta de Andalucía que dicha auditoría esté finalizada en el mes de julio, para que sus conclusiones se apliquen durante este ejercicio económico. En este sentido, desde las universidades públicas de Andalucía acogemos con satisfacción este avance en la aplicación efectiva del modelo de financiación vigente, que es la mejor garantía para el correcto funcionamiento del sistema», indican, señalando que «quedan pendientes algunas cuestiones de especial relevancia , como el abono íntegro de las cantidades adeudadas en el ejercicio del 2025», emplazando a la Junta de Andalucía a «seguir negociando para garantizar el cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados y por tanto del modelo de financiación que, en este momento, siguen sin atenderse en su totalidad».
