El delegado del Polisario: "Muchos socialistas nos confiesan su incomodidad por el giro del Gobierno en el Sáhara"
La exclusión a última hora de los inmigrantes apátridas del proceso de regularización extraordinaria del Gobierno ha caído como una bomba entre la población saharaui en España. Ellos conforman el 95% de esa clase de solicitudes, así que ven como un ataque directo a sus intereses la maniobra del Ejecutivo de Sánchez que solo buscaría "beneficiar a Marruecos". Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario en nuestro país desde hace una década, contesta a LA RAZÓN recién llegado de los campamentos de Tinduf (Argelia).
¿Qué lectura hace de la exclusión de los solicitantes de apatridia de esta regularización extraordinaria?
Una vez más, en una ley pensada para regularizar la situación de la población migrante en España, el Gobierno ha dejado fuera a un colectivo muy concreto, el de los apátridas. Y eso no es inocente. Casualmente, alrededor del 95% de quienes solicitan apatridia en España son saharauis. Por eso creemos que no se trata de una decisión técnica ni casual, sino de una exclusión con una clara connotación política.
¿Cree que se hace para contentar a Marruecos?
Lo que está claro es que se hace para excluir a la población saharaui. Y todo lo que excluye al saharaui, todo lo que va en contra de las aspiraciones y de los derechos del pueblo saharaui, termina beneficiando a Marruecos. Esa es la realidad.
¿Cuándo se enteraron de este cambio?
Ayer, durante el debate. Hasta ese momento no estaba recogida esa exclusión. Antes, los solicitantes de apatridia no figuraban fuera del alcance de la medida. Ha sido al analizar el texto y ver a quién afectaba realmente cuando hemos entendido el sentido de esta modificación. Y por eso pensamos que se ha introducido precisamente para apartar a ese colectivo.
Sumar tampoco logra torcer el brazo del Gobierno.
A estas alturas, a nosotros ya no nos sorprende nada. Estamos en una dinámica en la que el Gobierno ha intentado consolidar una posición contraria a lo que ha defendido tradicionalmente el Parlamento español, el Congreso, el Senado y buena parte de las fuerzas políticas, que es el respaldo a una solución conforme al derecho internacional. Desde que el Ejecutivo decidió alinearse con la propuesta de autonomía marroquí, todo parece quedar condicionado por esa postura. Y eso ha roto un consenso de política exterior que había durado 47 años. Además, no cuenta con el respaldo de las instituciones ni siquiera de toda la coalición de Gobierno. Por eso digo que estamos ante una deriva preocupante, pero ya no sorprendente.
En las últimas semanas el Polisario ha mantenido reuniones con mediación estadounidense sobre el Sáhara. ¿Qué se ha logrado?
Se han producido ya tres encuentros: dos en Estados Unidos y uno en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. En ellos han participado Marruecos, el Frente Polisario, Naciones Unidas, la Administración estadounidense y también países vecinos como Argelia y Mauritania. El marco es la resolución 2797, que llama a reactivar conversaciones y diálogo con vistas a una solución que permita al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación. Nosotros hemos dejado muy claro, como Frente Polisario y en representación del pueblo saharaui, que cualquier solución debe ser elegida única y exclusivamente por el propio pueblo saharaui. Marruecos pretende imponer su plan de autonomía, pero nosotros seguimos abiertos al diálogo siempre que conduzca a una salida coherente con la naturaleza política y jurídica del conflicto. El Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión de descolonización inacabada y solo el pueblo saharaui puede decidir su futuro.
¿No ven como una pequeña victoria que España haya vuelto a firmar un documento en el que se menciona a la ONU?
España perdió en 2022 cualquier capacidad de mediación. Nosotros no esperamos de España una solución al conflicto del Sáhara Occidental. Y si en algún momento pudo haber desempeñado un papel mediador, lo perdió cuando adoptó una posición contraria al derecho internacional. Quien asume la propuesta de autonomía dentro de Marruecos ya no puede presentarse como mediador entre las partes, porque se ha inclinado claramente hacia una de ellas. España se autoexcluyó en el momento en que se apartó del marco internacional.
¿Y el restablecimiento de las relaciones entre España y Argelia les beneficia en algo?
Toda mejora en las relaciones entre países de la región o con países como España es positiva, siempre que no se haga a costa de las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui. La buena vecindad, la cooperación y el respeto mutuo contribuyen a la estabilidad en el norte de África. Nosotros siempre veremos eso con buenos ojos. Ahora bien, mientras el conflicto del Sáhara Occidental siga sin resolverse, es muy difícil hablar de una paz sólida y honesta en la región. Ese conflicto sigue siendo un elemento central de inestabilidad.
Han pasado ya cuatro años desde la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI y todavía no se ha explicado qué motivó ese giro. ¿Usted qué cree?
Ni se ha explicado el motivo ni se ha visto una consecuencia positiva clara para los intereses de España. Tampoco en la relación bilateral con Marruecos. Los datos están ahí y no muestran un beneficio evidente que justifique semejante ruptura con la posición histórica española.
¿Usted también cree que se debió a un chantaje de Marruecos?
Nosotros siempre hemos dicho que la relación de Marruecos con España ha estado muchas veces marcada por elementos de manipulación, presión, chantaje y coacción. Por tanto, nos inclinamos a pensar que lo sucedido responde más a ese tipo de dinámicas que a una lógica de interés económico claro, al menos uno que nosotros podamos identificar.
¿Por qué es tan efectivo el "lobby" marroquí?
Porque dispone de instrumentos económicos, políticos y de presión mucho más potentes que los nuestros. Nosotros defendemos una causa basada en el derecho internacional, en la legalidad y en argumentos jurídicos muy sólidos. Pero la política internacional no funciona solo con la razón. Funciona también con intereses económicos, con la gestión de la inmigración, con la cooperación antiterrorista y con otros resortes de presión. Marruecos utiliza todo eso para condicionar posiciones políticas, y el caso de España es un ejemplo claro.
¿Qué esperan de Estados Unidos?
Estados Unidos sigue siendo un actor con capacidad de liderazgo internacional y ha decidido implicarse en esta cuestión para tratar de acercar una solución. Nosotros vamos a seguir participando en ese proceso, pero sin renunciar a lo esencial: no estamos ante un problema interno de Marruecos, sino ante una cuestión de derecho internacional y de descolonización que sigue presente en la agenda de Naciones Unidas, en la Cuarta Comisión y en el Consejo de Seguridad. Nuestra posición seguirá siendo la misma: apoyar cualquier esfuerzo serio que conduzca a una solución libremente elegida por el pueblo saharaui, sin imposiciones ni coacciones.
Imagino que, en privado, muchos diputados socialistas les trasladan su malestar.
Sí, hay incomodidad. Y no solo porque históricamente el PSOE haya tenido una posición muy clara sobre el Sáhara Occidental, sino también porque una gran parte de las familias acogedoras del programa Vacaciones en Paz son militantes o cargos públicos socialistas. Según la información que tenemos, muchos no se sienten cómodos con esta postura. Otra cosa es que, al final, la línea oficial del partido en política exterior esté hoy alineada con la posición que adoptaron el presidente del Gobierno y el ministro hace cuatro años.
¿Qué les comentan?
Les cuesta explicar el motivo del giro. Y lo que aflora, sobre todo, es la sensación de incoherencia. No se puede defender con firmeza el derecho internacional en Ucrania, en Oriente Medio o en cualquier otro conflicto y, sin embargo, apartarse de él cuando se habla del Sáhara Occidental. Esa contradicción debilita el discurso. Le resta solidez y credibilidad. Y eso lo perciben también muchas personas dentro del propio Partido Socialista.
Usted acaba de volver de Tinduf. ¿Cómo está el ánimo allí?
Hemos encontrado a un pueblo que, cincuenta años después, sigue firme en sus reivindicaciones y en su resistencia. Son cinco décadas de construcción y consolidación de un Estado en el exilio, en condiciones de refugio, y aun así la determinación sigue intacta. Hay una voluntad clara de que la solución definitiva llegue por la vía pacífica, pero también una convicción igual de firme de no aceptar nada que sea contrario al derecho internacional.
¿La lucha armada sigue siendo una alternativa real?
Sí. De hecho, desde 2020 hay una guerra, aunque muchas veces se la quiera presentar como de baja intensidad. Pero existe, cuesta vidas humanas y hace imposible hablar seriamente de paz y estabilidad sin abordar antes esa realidad. No es el escenario deseado por el pueblo saharaui. Durante 29 años, desde 1991 hasta 2020, se apostó por un plan de paz basado en la celebración de un referéndum de autodeterminación. Ese referéndum no llegó y, mientras tanto, Marruecos consolidó su ocupación con la complicidad de actores occidentales, entre ellos países europeos como España y Francia, y siguió explotando recursos naturales del territorio. Aun así, nosotros seguimos tendiendo la mano a una salida pacífica, pero con la misma determinación de continuar la lucha mientras no haya una solución justa.