"Protección, no prisión", reclaman las activistas marroquíes de los derechos de la mujer

Aunque se ha progresado en los últimos años, la mujer en Marruecos, en los casos de acoso, violación o ser siorprendida en adulterio, distan mucho de los habituales en la sociedad occidental. Según las estadísticas del informe de la Fiscalía sobre la aplicación de la política penal para 2024, la organización Movilizando por los Derechos (MRA) ha registrado más de 12.333 procesamientos en virtud de los artículos 490 y 491 del Código Penal. El primero castiga las relaciones sexuales entre personas de distinto sexo con una pena de entre un mes y un año, mientras que el segundo prevé una pena de entre uno y dos años de prisión para cualquier persona casada declarada culpable de adulterio.

Un vídeo publicado recientemente por la ONG como parte de su iniciativa "Protección, no prisión" recopila estas cifras para resaltar la persistente brecha entre los enfoques punitivos y protectores del sistema de justicia penal. Los casos registrados muestran que, en el lapso de pocos años, los enjuiciamientos por diversas formas de violencia contra las mujeres han aumentado ligeramente, mientras que los relacionados con infidelidades han disminuido levemente. Saïda Kouzzi, abogada y miembro fundadora de la asociación MRA, comenta estas cifras, aunque subraya que "es imposible afirmar si realmente ha habido un aumento o una disminución".

Las autoridades "tienden a orientarse más hacia el Código Penal que hacia la ley 103.13 sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres en casos de relaciones extramaritales, haciendo caso omiso de las circunstancias que las rodean”, subrayó. “Cuando es difícil comprobar la violencia, muchas mujeres abandonan sus denuncias, sobre todo las de violación, para evitar ser acusadas de mantener relaciones extramaritales”.

"Esta práctica también refleja una dimensión insidiosa de la violencia, por ejemplo, cuando las mujeres son objeto de amenazas de enjuiciamiento por diversos motivos si no abandonan los procedimientos que inicialmente querían iniciar, en casos de violación o presión tras un acto consensuado", afirma Saïda Kouzzi, quien lamenta que "criminalizar las relaciones extramaritales dificulta el acceso a la justicia para las víctimas".

"Estas situaciones plantean interrogantes sobre hasta qué punto las disposiciones de la ley 103.13 protegen a las mujeres víctimas de violencia que se retiran de sus procesos judiciales cuando perciben el riesgo de verse implicadas en lo que sería un caso de índole moral", agrega.

La abogada y activista opina que "no se puede controlar lo que hacen dos adultos que consienten, especialmente en un espacio privado, y considera que esto entra dentro del mantenimiento del orden público: en el caso de una relación consensuada, no hay ni una violación de ese orden, ni víctimas cuya situación requiera la intervención del Ministerio Público".

Sin embargo, explica Saïda Kouzzi, "esta última solo interviene para verificar si el acusado cumple efectivamente con la orden de alejamiento contra la víctima cuando esta última notifica a las autoridades judiciales una violación de dicha medida". Según ella, este proceso judicial "plantea serias dudas sobre los conceptos de protección, prevención y castigo, a la luz de lo dispuesto en la Ley 103.13 sobre la lucha contra la violencia de género", informa Yabiladi.

El número de mujeres expuestas a las disposiciones de los artículos 490 y 491 del Código Penal "podría incluso superar las 12.333, si se tienen en cuenta las que no acuden a la justicia, en casos de violencia o chantaje, para evitar quedar comprendidas en las disposiciones contra las relaciones extramaritales".

En este sentido, la iniciativa «Protección, no prisión» también busca sensibilizar sobre la movilización de recursos humanos «en casos de relaciones extramaritales consensuales», mientras que "las acusaciones por acoso sexual en el lugar de trabajo o en espacios públicos siguen siendo mínimas en comparación con la magnitud del fenómeno en la sociedad", afirma Saïda Kouzzi. Subraya que "estos incidentes ocurren precisamente en lugares donde la Fiscalía tiene el deber de intervenir para mantener el orden público".