El Gobierno excluye de la regularización de inmigrantes los delitos cometidos que no estén penalizados en España

El texto presentado desde Moncloa para la nueva regularización de inmigrantes que ha entrado en vigor este miércoles, tras su publicación en el BOE, excluye los delitos cometidos en sus anteriores países de residencia que no se encuentren penados en el ordenamiento jurídico nacional.

Tal y como ha podido confirmar LA RAZÓN. tras consultar la nueva disposición íntegra publicada durante la madrugada, los inmigrantes que en los últimos cinco años cuenten con antecedentes penales en su historial sin efecto jurídico en España podrán recurrir a la "cancelación" antes de que se notifique la resolución del procedimiento para obtener el permiso de residencia. "No se tomarán en consideración los antecedentes susceptibles de cancelación en España", reza el documento presentado.

Sin el efecto de una mera declaración responsable, que si fue registrada en el borrador de la normativa el pasado mes de enero, se reduce la importancia de los informes policiales sobre los ciudadanos que busquen regularizar su situación. Moncloa se reserva la última palabra para dictaminar una resolución. ya sea con opinión favorable o negativa.

"La existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización", reza la nueva regulación presentada. Ahora bien, será una pieza fundamental para constatar que el sujeto "no representa una amenaza para el orden público o la seguridad". Para dictaminar esta circunstancia se comprobará la inexistencia de antecedentes penales y la valoración del informe policial correspondiente.

Se reclamará la inexistencia de antecedentes penales

En el día de ayer la ministra portavoz y de Migraciones, Elma Saiz, recurrió a la Ley de Extranjería y apuntó que para obtener el permiso es condición "sine qua non" la inexistencia de antecedentes penales. A diferencia de la primera propuesta presentada, en la que si en el plazo de un mes no se producía una respuesta del país de origen serviría la declaración responsable, se ha elevado el plazo a tres meses.

En el caso de que no se produzca una respuesta, se otorgará una prórroga de quince días extras en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería antes de suspender el dictamen definitivo. El documento durará un año y no se recoge la posibilidad de cometer delitos en España una vez otorgado el permiso de residencia. Se supone que se regirán por el ordenamiento jurídico nacional.

La medida no ha contentado a todos los socios del Ejecutivo. Fuentes de Podemos tacharon la obligatoriedad de presentar el historial para verificar la inexistencia de antecedentes penales como una "concesión" por la presión mediática. Además, la secretaria general de la formación, Ione Belarra, criticó el "excesivo" trámite burocrático promovido por el PSOE.

El abuso de los Reales Decretos

Al ser presentado como un Real Decreto, no ha contado con la necesidad de obtener la luz verde del Congreso de los Diputados. Desde su llegada al poder del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta el pasado mes de enero, el Ejecutivo ha recurrido en 168 ocasiones a esta fórmula para eludir el bloqueo parlamentario al que se encuentra abocado desde hace meses.

Comparado con sus antecesores ha roto todos los récords en su intento de gobernar por decreto. En este sentido, ha sumado 60 más que el expresidente popular, Mariano Rajoy, y el triple que el primer presidente del sistema democrático, Adolfo Suarez.