La reciente reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, en Colombia, introduce cambios significativos que afectarán a los pensionados a partir de 2025. La ley busca fortalecer el Fondo de Solidaridad Pensional y mejorar la cobertura para los hogares de bajos ingresos en el país.
Con la aprobación de esta norma, se establece un nuevo sistema de protección social integral que incluye un cobro adicional para ciertos jubilados. Este descuento se aplicará a quienes perciben pensiones más altas, asegurando que los recursos se destinen a quienes más lo necesitan. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de esta reforma.
La Ley 2381 establece un sistema de pilares que incluye componentes semicontributivos, contributivos, solidarios y de ahorro voluntario. Este enfoque busca diversificar las fuentes de financiamiento y asegurar una mayor inclusión de los sectores más vulnerables.
Los pensionados con ingresos inferiores a diez salarios mínimos no se verán afectados por el nuevo cobro. Sin embargo, aquellos que perciben entre 10 y 20 salarios mínimos enfrentarán una deducción del 1% sobre su mesada, mientras que los que superen los 20 salarios mínimos tendrán un descuento del 2%.
El gobierno argumenta que el Fondo de Solidaridad Pensional será fundamental para ofrecer ayudas a los sectores de ingresos más bajos, como el bono pensional. Esta iniciativa busca reducir las desigualdades en el acceso a las pensiones y garantizar un soporte económico a los hogares más vulnerables.
La Subcuenta de Subsistencia, que recibirá los recursos recolectados, desempeñará un papel crucial en la implementación de estas ayudas. La reforma también establece reglas claras para las cotizaciones dentro del Pilar Contributivo, asegurando que la base de cotización no sea inferior al salario mínimo legal vigente.
A pesar de la aprobación de la reforma, esta enfrenta desafíos legales en la Corte Constitucional. Existen demandas que podrían modificar aspectos clave de la normativa antes de su plena implementación. Se espera que, una vez resueltas estas disputas, el sistema esté en funcionamiento para mediados del próximo año.
El Gobierno sostiene que la reforma mejorará la cobertura para los pensionados, ampliando las bases del sistema actual. Sin embargo, sectores y sindicatos han expresado preocupaciones sobre el impacto que estos descuentos podrían tener en las finanzas de los jubilados con mayores ingresos.
