Este martes la Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó la creación de un nuevo régimen simplificado de fideicomisos financieros con el objetivo de agilizar y facilitar la emisión de valores en el mercado de capitales.
Esta iniciativa, dispuesta a través de la Resolución General 1031 del Boletín Oficial, incluye regímenes diferenciados según el impacto de la emisión y busca promover el acceso al financiamiento en un entorno más dinámico y competitivo.
Según el Gobierno, este nuevo régimen de oferta pública automática "fomentará la competitividad entre los emisores al reducir las barreras de entrada al mercado de capitales" ya que permitirá acceder "a financiamiento en menor tiempo", lo que "favorecerá el desarrollo económico, la innovación y la creación de empleo".
Para la CNV, esto es relevante para "acelerar el proceso de emisión de valores en mercados dinámicos donde las oportunidades de financiamiento pueden surgir y cambiar rápidamente": todos los detalles.
El nuevo esquema establece un régimen de autorización automática para ofertas públicas de bajo impacto, permitiendo la emisión de valores fiduciarios por montos de hasta 1.000.000 de UVAs.
Este sistema elimina la necesidad de presentar prospectos y otros documentos, así como la autorización previa de la CNV, aunque mantiene ciertas condiciones.
Según lo dispuesto, los fiduciarios deberán conservar la documentación que acredite los esfuerzos de colocación para acceder a los beneficios impositivos.
Para emisiones de hasta 7.000.000 de UVAs, se prevé un régimen de mediano impacto. En este caso, será necesario elaborar y publicar un prospecto en la Autopista de Información Financiera, presentar estados contables anuales y difundir informes de control y revisión, entre otros requisitos.
No obstante, la CNV subrayó que "este régimen será sustancialmente más simple en cuanto a sus exigencias dispuestas para el régimen general".
Ambos regímenes establecen que la colocación primaria y la negociación secundaria de los valores deberán estar dirigidas exclusivamente a inversores calificados.
Finalmente, aunque el régimen implica una notable desregulación, el organismo afirmó que no se comprometerán los estándares de supervisión: "Quedan a salvo las facultades previstas en la Ley N° 26.831 y sus modificaciones respecto de la supervisión y la protección de los inversores".
