Este viernes, tras dos prórrogas, finalizó la "Etapa 1" del blanqueo de capitales con la adhesión de más de 100 mil contribuyentes y la exteriorización de u$s 20.085 millones, pero en el ínterin provincias y municipios plantearon el cobro de impuestos adicionales. También resta por ver cuánta información les comparte el fisco.
"Hoy se termina la primera etapa del proceso de Regularización de Activos. El monto declarado en efectivo hasta el día de ayer fue de u$s 20.085 millones. Adicionalmente, se declararon u$s 2.432 millones por otros conceptos", escribió el ministro de Economía, Luis Caputo en X.
Pero sobre la recta final, a sabiendas de que al 31 de octubre pasado ya se habían generado 104.390 adhesiones al Régimen de Regularización de Activos, actores del escenario político subnacional impulsaron, y en dos casos, ya concretaron acciones que cambiarían las reglas de juego.
Con la presentación de la Ley Tributaria 2025, la gobernación de Santa Fe, a cargo de Maximiliano Pullaro, planteó la adhesión, pero con una franquicia u$s 100 mil y para cuando se supere un alícuota del 2% aunque con la posibilidad de computarlo -en ciertas circunstancias- contra otro impuesto.
"[El] impuesto especial genera un crédito fiscal a cuenta de Ingresos Brutos (IIBB), para nuevos emprendimientos productivos y de construcción de viviendas", destacaron en la presentación a cargo del ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Lo que generó fuertes críticas entre los especialistas, quienes consideraron que su aprobación sería "inconstitucional" dado que, por la Ley 27.743, la recaudación del impuesto especial de regularización se coparticipa y no se puede crear otro análogo. Además de que se expone el manejo de las finanzas provinciales.
"El Gobierno provincial está reconociendo que recauda por encima de lo que permite la ley y a su vez, están inventando un nuevo impuesto para poder devolver el dinero que tomaron indebidamente", destacó el socio de Expansion, Diego Fraga.
Apenas unas horas después de que se conociera la intención del Gobierno de Santa Fe, que de aprobarse se sumaría al impuesto que ya cobra Neuquén, se conoció que en la Municipalidad de Salta aprobó cobrar una Tasa Especial "que será equivalente al 1%" del impuesto nacional.
A pesar de las alertas que estos movimientos generaron entre los contribuyentes y los tributaristas, quienes alegaban que "se atenta contra la seguridad jurídica", el intercambio de información entre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los gobiernos subnacionales no estaría aceitado.
"ARCA no nos mandó ningún tipo de información del blanqueo", comentó una alta fuente de una agencia de recaudación de una importante provincia a El Cronista. Una situación que se da en medio de la consolidación del nuevo organismo tras la disolución de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En donde, si bien, su titular, Florencia Misrahi cuenta con un plazo de 60 días hábiles, establecido por el Decreto 953/2024, para elevar al Poder Ejecutivo una propuesta sobre las competencias, facultades, derechos y obligaciones y de la estructura del nuevo organismo, los convenios y acuerdos suscriptos continúan vigentes por el artículo 7.
A pesar de este escenario, aún faltan definiciones de otras provincias al respecto, como la de Buenos Aires. "Lo importante es ver qué hacen las grandes jurisdicciones como Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Santa Fe", afirmó en una entrevista con este medio el titular de la Agencia de Recaudación, Cristian Girard.
