El ambientalista azerbaiyano Anar Mammadli iba a buscar a su hijo a la guardería cuando fue detenido delante de todos los niños. Un arresto de tantos, que ilustra la represión en curso en el país anfitrión de la COP29, prevista en noviembre.
Encarcelado desde su detención el 29 de abril, Anar Mammadli se expone a ocho años de prisión por "contrabando" si es juzgado culpable, según dijo a AFP su colega Bashir Suleymanli.
Juntos fundaron la organización Climate of Justice Initiative, para promover la defensa del medioambiente en este país rico en hidrocarburos y gobernado de forma autoritaria.
La organización "se vio obligada a cerrar bajo la presión del gobierno, antes incluso de haber empezado a sensibilizar a la opinión pública acerca de cuestiones medioambientales", expone Suleymanli.
"No disponemos de ninguna plataforma para hacernos oír, sin hablar de que no podremos organizar manifestaciones durante la COP29", del 11 al 22 de noviembre en la capital Bakú, añade.
Grandes organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado el caso contra Mammadli, que estiman basado en acusaciones "espurias", y exigen por ello su puesta en libertad.
Amnistía ve en ello la señal de una "represión continua contra los militantes de la sociedad civil", antes de la COP29, que reunirá a delegaciones de cerca de 200 países convocados por la ONU.
En las calles de Bakú, las calles están siendo renovadas y los edificios pintados de nuevo. Y es que las autoridades quieren dar la mejor imagen de la capital para cuando lleguen los representantes de las delegaciones.
Grupos internacionales de defensa de los derechos humanos han llamado a la ONU y al Consejo de Europa a "aprovechar la dinámica de la COP29" para "poner fin a la persecución de las voces críticas" en Azerbaiyán.
Selon Kenan Khalilzade, de la organización ecologista Ecofront, de Bakú, afirma que los preparativos de la COP20 han dado lugar a "presiones gubernamentales" crecientes sobre los ambientalistas.
Él mismo asegura que fue brevemente detenido el año pasado durante una manifestación en Soyudlu, un pueblo remoto del oeste del país.
En 2023, la policía disparó pelotas de goma y lanzó gases lacrimógenos contra los aldeanos que se manifestaban contra la construcción de un estanque destinado a recoger los residuos tóxicos de una mina de oro cercana.
Varios manifestantes fueron detenidos como parte de la violenta represión, y Soyudu estuvo cerrado por la policía durante semanas.
"La policía me amenazó con adoptar medidas severas si algún día intentaba regresar a Soyudlu", cuenta Khalilzade a la AFP.
Según una investigación efectuada por Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorcio de periodistas, la mina en cuestión, formalmente explotada por la empresa británica Anglo Asian Mining, es en realidad propiedad de las dos hijas del presidente azerbaiyano, Ilham Aliev.
Cualquier señal de disidencia en Aazerbaiyán suele ser objeto de una respuesta firme del poder, muy criticado en Occidente por la persecución de opositores políticos y el amordazamiento de la prensa.
A sus 62 años, Ilham Aliev dirige Azerbaiyán desde 2003, cuando murió su padre el presidente Heydar Aliev, un antiguo general del KGB y ex dirigente comunista de cuando el país era una república soviética.
La Unión por la Libertad de los Presos Políticos de Azerbaiyán publicó una carta con 288 nombres, entre los que hay responsables de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas.
En mayo, Human Rights Watch destacaba que la represión en Azerbaiyán plantea "preocupaciones graves" en cuanto a la posibilidad de que los ambientalistas puedan "participar de manera útil" en la COP29.
Por su lado, el ministerio azerbaiyano de Exteriores rechaza estas acusaciones como "sesgadas e inaceptables", y cree que obedecen a "motivos políticos inapropiados".
Khadija Ismayilova, una periodistas de investigación que pasó varios meses encarcelada tras revelar un caso de corrupción, insiste en que las delegaciones de la COP29 deberían interesarse seriamente por el balance de Azerbaiyán en materia de derechos humanos.
"Los países participantes de la COP29 deben ser conscientes de que la sociedad civil está aplastada y oprimida", apostilla.
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