Pedro Sánchez inauguró ayer lo que denominó «séptimo año del Gobierno de coalición progresista», como si fuera el calendario de la nueva España democrática, un claro indicio del personalismo en el que ha caído el presidente del Ejecutivo. Su discurso, sin embargo, no aportó nada novedoso, porque estuvo trufado de promesas ya conocidas. No se contuvo en lanzar mensajes populistas sobre la fiscalidad, anunciando que «vamos a gravar a quienes ya tienen en el banco para vivir cien vidas», lo que permite preguntarse a qué se ha dedicado en los seis años que lleva en La Moncloa. Un ejemplo de su levedad política. El auditorio no estaba formado por medios de comunicación convocados para preguntar libremente, sino por una clá de ministros y afines, incluyendo a los secretarios generales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores. Una mínima estética de distancia les habría venido bien a ambas organizaciones sindicales. El problema del nuevo curso político es que el Gobierno no tiene más proyecto que el de asegurar a Sánchez la permanencia en el poder. No puede garantizar nada de lo que anuncia, como lo demuestra el hecho de que el Estado no tiene para 2024 Presupuestos Generales y que los de 2025 estén en el alero por la amenaza de Junts de liquidar la legislatura. Ayer mismo, los senadores del partido de Puigdemont recordaron a la ministra María Jesús Montero que pueden acabar con el Gobierno en cuanto se lo propongan. La intervención de la ministra Montero en el Senado no hizo otra cosa que mantener la política de opacidad sobre el acuerdo con Esquerra Republicana, aun a costa de hacer el ridículo de invocar un artículo del Estatuto de Cataluña derogado por el Tribunal Constitucional en una de sus partes fundamentales. Montero se inmola cada vez que habla. El séptimo año del Ejecutivo progresista se mantiene en la senda del deterioro institucional que provoca en toda democracia el aferramiento al poder de un Gobierno incapacitado para liderar el país. Sánchez usa las prerrogativas que le confiere la ley con manifiesta falta de lealtad democrática y autocontención, la primera virtud que pierden los gobernantes iliberales. La implacable colocación de personas de su confianza en instituciones del Estado se parece cada día más a la colocación de un campo de minas por un ejército a la fuga. El nombramiento de su hasta ayer ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco España cierra, por ahora, la nómina de la guardia pretoriana que Sánchez está formando a su alrededor. Si para la democracia es un serio riesgo el modo de gobierno que tiene Sánchez, tanto o más puede serlo su legado a medio y largo plazo. No es fácil restaurar el buen funcionamiento de instituciones sacudidas por la manipulación y el sectarismo. Basta comprobar lo que ha tardado el Consejo General del Poder Judicial en volver a una incipiente –y en período de prueba– normalidad. Las mismas referencias que hizo Sánchez a Cataluña expresan una sólida voluntad de engañar al mayor número de españoles durante el mayor tiempo posible. Decir que el Gobierno de Salvador Illa «trabaja por la unión de los pueblos de España» es una burla aventada con los privilegios pactados con ERC para sacar a Cataluña del régimen fiscal común. El sanchismo se retrató ayer en apenas dos horas exhibiendo algunos de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene: engaño, oposición de la oposición y colonización de las instituciones.
