Tema pendiente. El miércoles 22 de mayo pasado se presentó en el Congreso un proyecto de ley que plantea despenalizar la eutanasia bajo estrictas condiciones. Lo propone el congresista Jorge Flores Ancachi y lo firman cinco de sus colegas de bancada. Dicha iniciativa abre la posibilidad de un debate que no debería postergarse más y que debe hacerse con especialistas y otras voces autorizadas.
En el Perú no existe una ley que legisle sobre la eutanasia: Ana Estada, la primera persona en el país que accedió al derecho de poner fin a su vida, lo logró mediante una sentencia judicial cuyos efectos solo estaban circunscritos a su caso. Si una persona con condición similar a la de ella quisiera acceder a esta figura, tendría que iniciar un proceso judicial porque actualmente sigue siendo un delito.
Pero esta semana se presentó en el Congreso, a través del Congresista Jorge Flores Ancachi, un proyecto de ley que propone una modificación en el Código Penal para incluir un artículo que señala que “no constituirá delito de homicidio la eutanasia practicada por un médico con licencia” siempre que se cumplan estrictas condiciones para el procedimiento.
Entre esas condiciones se contempla que el paciente sufra de una enfermedad terminal o de una condición médica grave y persistente que le provoca sufrimientos intensos y constantes; y que haya expresado su consentimiento expreso, libre e informado para la eutanasia, mediante documento escrito, con firmas ante notario público o una autoridad competente.
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También exige que su decisión haya sido validada por un comité ético compuesto por un médico especialista en la enfermedad del paciente, un psicólogo o psiquiatra, y un abogado, quienes confirmarán que la decisión ha sido tomada de manera libre, sin coacción o influencia indebida, y con pleno entendimiento de su situación. Y que se ha realizado una segunda evaluación por un médico independiente que confirme el diagnóstico y la competencia del paciente para tomar decisiones.
“El procedimiento de eutanasia deberá ser realizado en un establecimiento de salud autorizado, siguiendo protocolos establecidos por la autoridad de salud competente. Todo acto de eutanasia que no cumpla estrictamente con los requisitos establecidos en este artículo será considerado homicidio”, dice el proyecto.
En el Perú, solo dos personas han podido hacer valer su derecho a lo que llaman una muerte digna: Ana Estrada y María Benito. Dejaron este mundo en abril y mayo de este año.
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Ana sufría de polimiositis, una enfermedad que deteriora los músculos y avanza hasta impedirte respirar y valerte por ti mismo. En sus últimos años, prácticamente, no podía moverse y hablaba con dificultad por una traqueotomía. A su vez, María Benito sufría de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que mermó sus facultades. A diferencia de Ana, ella no solicitó la eutanasia, sino que se negó al tratamiento médico, algo no penado.
La abogada Josefina Miró Quesada Gayoso, que patrocinó ambos casos, señala que un proyecto de ley para modificar la actual penalización de la eutanasia es un paso importante y es la oportunidad para empezar un debate que justamente los casos citados han puesto sobre la mesa y debería ser abordado ya.
“Lo ideal sería que este proyecto pase a comisiones donde debería darse este debate con especialistas, en el que se garantice la pluralidad de opiniones, haya participación de la sociedad civil organizada y se pueda organizar un debate transparente”, señala. No obstante, también indica que otra discusión está vinculada a las posibilidades de que este proyecto prospere, y avance a las etapas que se requieren para su eventual aprobación.
El proyecto está en la Comisión de Constitución. Y aunque se puede impulsar un debate serio, el tema podría no avanzar. En marzo, el congresista Alejandro Muñante logró que se apruebe el dictamen de un proyecto de su autoría que defiende el “derecho de objeción de conciencia frente a las imposiciones del Estado”, en casos como aborto, eutanasia y otros. Es decir, que médicos y personal de salud puedan negarse a realizar estos procedimientos, aunque la ley lo considere legal en ciertos casos.
Algunas bancadas como la de Renovación Popular —que lidera Rafael López Aliaga— también sería renuentes a apoyar la iniciativa. Y hay varios congresistas evangélicos que no quieren ni oír hablar del tema.
No es la primera vez que se plantea el tema de la eutanasia en el Congreso. El 2021, el Congresista Gino Costa presentó un proyecto de ley —a la luz del caso Ana Estrada— para “regular el derecho que le asiste al paciente de pedir ayuda médica para poner fin a su vida, en el ejercicio de derechos fundamentales como la autonomía y la dignidad humana”. No tuvo éxito.
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Sin embargo, se trata de un tema de total actualidad. En febrero pasado, Ecuador despenalizó la eutanasia después de una lucha legal que inició Paola Roldán, paciente de ELA que logró un fallo a su favor y cuya muerte sensibilizó a su país acerca del tema. En otro país vecino, Colombia, la eutanasia es legal desde 1997 y a lo largo del tiempo ha ido ampliando el ámbito de aplicación a través de siete sentencias.
“Incluso, se permite en casos de niños y adolescentes bajo rigurosas condiciones. Y una de las sentencias amplió el alcance de enfermedades terminales a enfermedades incurables, siempre con las debidas garantías. Colombia es el país que mejor ha delimitado el derecho a la muerte digna”, precisa Josefina Miró Quesada.
En Uruguay, el juez puede exonerar al médico, bajo ciertas circunstancias, en caso del llamado “homicidio por piedad”. Argentina cuenta con la ley de muerte digna, y México tiene leyes parecidas en algunos estados.
Miró Quesada explica: “Un debate es necesario. He recibido otros casos, el de Ana María no fue el único en el país. Hay personas que no es que quieran hoy o mañana o en un tiempo corto poder acceder a la eutanasia o poder tener el control sobre su muerte, sino que son diagnosticadas con enfermedades que se sabe que serán muy crueles y que quieren tener la garantía de que van a poder decidir no transitar por un proceso de muerte y sufrimiento. Esa demanda existe y es importante que el Congreso esté a la altura de las personas que lo necesitan”.
En los últimos años, varios países han legislado sobre la eutanasia y la muerte digna a través de su Congreso o de sus tribunales. El 2020, el Tribunal Constitucional de Alemania despenalizó el suicidio asistido. Ese mismo año, Italia despenalizó el suicidio asistido a través de una sentencia de su máximo tribunal. El 2021, en España, una ley dada por el Gobierno despenalizó la eutanasia “respondiendo a una demanda sostenida de la sociedad”. Fue refrendada por el TC en 2023.
En Portugal se despenalizó la eutanasia a través de una ley congresal en mayo del 2023. Y Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, la legalizaron hace varios años.
Hay países que plantean que no tiene sentido que la eutanasia sea delito. Y han permitido su acceso bajo determinadas circunstancias: Canadá, Nueva Zelanda, algunos estados de México y EEUU.
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Opositores. En el Perú, la Iglesia católica, atendiendo a su principio de defensa de la vida, se ha opuesto a figuras como la eutanasia.
El partido Vox español se opuso a la eutanasia en ese país, pero el TC no le dio la razón.
