A la sombra de Brasil. Este año se dictará sentencia en los juicios a los expresidente Alejandro Toledo y Ollanta Humala. El juicio por los pagos ilícitos en los contratos del Metro de Lima sigue en desarrollo. En julio y agosto, comienzan los juicios a Keiko Fujimori y Jorge Tito Acurio. Otros 10 casos pasarán a juicio el 2025
Ocho años después de que el tsunami Lava Jato impactara en el Perú, con sus esquemas de corrupción en los contratos de construcción estatal, el Poder Judicial, a través de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, dio inicio a la etapa decisiva de los juicios públicos y sentencias que definirán la verdad de los hechos y la responsabilidad de los involucrados.
Sí, en 2017, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, creó un Equipo Especial de Fiscales para investigar estos casos, ahora el presidente de la Corte Nacional, César Sahuanay, anunció que el Poder Judicial evalúa la creación de un Juzgado Penal Colegiado ad hoc para encargarse de todos los juicios vinculados a la corrupción de Odebrecht, hoy Novonor, en el Perú. Esta no será una tarea fácil para los jueces.
En Brasil, desde 2023, a pedido de los empresarios condenados por Lava Jato, la Corte Suprema Federal inició la revisión de las actividades del Grupo de Tarea y el juez de Curitiba, Sergio Moro. A partir de lo cual, se han anulado todas las pruebas y procesos relacionados con Odebrecht, lo que en Brasil se considera como la muerte de Lava Jato.
La situación judicial en Perú es distinta. En Brasil, las investigaciones, juicios y sentencias se desarrollaron en paralelo. Tras el hallazgo de actos ilícitos, seguían las detenciones, el juicio y la condena. En el Perú, ante el descubrimiento de un pago ilícito de Odebrecht, vinieron las prisiones preventivas y las investigaciones, que han durado de siete a ocho años.
Hoy, solo hay un condenado: el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez. El resto de los involucrados están libres y sin condena. Los empresarios del 'Club de la Construcción' se acogieron a la colaboración eficaz, aceptaron pagar una reparación civil y recibieron sentencias sin pena de cárcel.
De tal manera que los juicios públicos alcanzarán a los políticos y funcionarios del Estado. Los casos de Lava Jato en el Perú se pueden separar en dos grupos: los delitos de corrupción por los sobornos que realizó Odebrecht para obtener contratos de obras públicas, como el Metro de Lima, la Interoceánica, la vía de evitamiento de Cusco, la Costa Verde en Callao, la Línea Amarilla y otros.
Luego, están los casos de lavado de activos relacionados con los aportes a las campañas políticas de 2006, 2010, 2011 y 2016 realizados por la constructora Odebrecht a los partidos y candidatos presidenciales, como el Partido Nacionalista Peruano de Ollanta Humala y Nadine Heredia, Fuerza Popular de Keiko Fujimori, el fallecido Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán y Alejandro Toledo.
De estos procesos, el Metro de Lima está en juicio. El caso de la vía Evitamiento Cusco, con el ex gobernador regional Jorge Acurio Tito, comenzará a juzgarse en agosto. Los demás casos entrarán a juicio a partir del 2025.
Se prevé que antes de diciembre se dicte sentencia a Ollanta Humala y al Partido Nacionalista Peruano y existe una alta posibilidad de una condena absolutoria. El juicio a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular comenzará en julio próximo. Los aportes a otros partidos siguen en investigación.
En los casos de corrupción, más allá de las pruebas entregadas por Brasil que se han declarado ilícitas, están las declaraciones de colaboradores eficaces peruanos, los depósitos y transferencias bancarias, el movimiento de las cuentas, y el incremento patrimonial. La repercusión de lo que acontece en Brasil será mínima.
En los casos de lavado de activos, aunque la Fiscalía y la Procuraduría lo minimicen, el impacto puede ser catastrófico. Para que exista lavado de activos, el dinero del aporte tiene que ser ilícito. Al anularse los procesos a Marcelo Odebrecht con el argumento de que fue presionado por los fiscales encabezados por Deltan Dallagnol y el juez Sergio Moro para admitir una serie de hechos ilícitos contra personas inocentes y acogerse a la delación premiada, la ilicitud del dinero de los aportes queda en duda.
Según la sentencia del juez federal brasileño José Antonio Dias Toffoli, esa presión ilícita afectó los procesos del grupo empresarial Odebrecht y 76 exfuncionarios de la constructora. En tanto, se anulan los procesos de las operaciones Erga Omnes, Omertá, Cobra, Acarajé, Xepa, Instituto Lula, Sitio de Atibaia-Lula, Sin Fondos-Torre Pituba, Braskem y Lils Palestra-Lula.
En el juicio al expresidente Ollanta Humala, en septiembre de 2023, sus abogados lograron que la justicia brasileña declarara que Perú no podía utilizar las declaraciones de los directivos de Odebrecht. Ahora, esos interrogatorios no tienen valor jurídico. Eso incluye aquellas donde se habla de la existencia de un fondo ilícito del Partido de los Trabajadores, del cual el presidente Lula le pidió a Odebrecht hacer un aporte al Partido Nacionalista Peruano.
Ojo. Dias Toffoli señaló que la sentencia de delación premiada contra Marcelo Odebrecht sigue vigente, pero solo en los beneficios premiales otorgados. El resto no tiene valor. En el Perú, quedan las declaraciones de colaboración eficaz de Jorge Barata y los funcionarios de Odebrecht Perú, pero ninguno vino a declarar ante los jueces.
En el juicio por financiamiento a Fuerza Popular y Keiko Fujimori, el exministro Jaime Yoshiyama ya tiene una sentencia de Brasil que también impide utilizar las declaraciones de los directivos de Odebrecht. Ahora, van a pedir que se incluya la sentencia de Dias Toffoli y todas sus consecuencias. Las audiencias lo definirán todo.
