La matanza espantosa que el joven Salvador Ramos perpetró en una escuela de primaria de Uvalde (Texas) hace ahora dos años no surgió de la nada. Así lo defienden dos demandas interpuestas por las familias de las víctimas -19 niños y dos profesores-: una contra el fabricante del arma que utilizó el asesino y otra contra dos compañías de popularidad extrema entre adolescentes como Ramos: Activision, la creadora del videojuego bélico 'Call of Duty' y Meta, la propietaria de Instagram. Noticia Relacionada estandar No El informe de la matanza escolar de Texas acusa a los policías de grave negligencia David Alandete En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve la lentitud de los 400 agentes durante la masacre de niños Las familias sostienen que estas compañías tuvieron un papel protagonista en «preparar» al autor de la tragedia y de concertarse con el fabricante de armas, Daniel Defense. Es la primera vez que los familiares de víctimas buscan una indemnización por parte de actores a los que en muchas ocasiones se cita como ingredientes de la epidemia de tiroteos masivos que sufre EE.UU., pero que nunca son responsabilizados por ello. La demanda ha sido presentada por el abogado John Koskoff, que ha tenido un papel relevante en la rendición de cuentas ante tiroteos. Él fue quien logró en 2022 una indemnización de 73 millones de dólares para las familias del tiroteo en una escuela de Newtown (Connecticut) por parte del fabricante de armas Remington. Hasta ese momento, había sido muy difícil que los fabricantes rindieran cuentas por las matanzas en las que se usan sus armas. Koskoff abrió una ventana a esas indemnizaciones y ahora busca ampliarlo hacia otros actores que pueden tener influencia en el comportamiento de los asesinos. Según una de las demandas, Meta y Activision «expusieron a sabiendas al asesino al arma, le condicionaron para que viera en ella la solución a sus problemas y le entrenaron para usarla». «La verdad es que la industria de las armas y Daniel Defense no actuaron solos. No podrían haber llegado hasta este chico sin Instagram», sostiene el abogado en su escrito. «Ellos no podían exponerle a la dopamina de matar virtualmente a una persona. Eso es lo que hace 'Call of Duty'», añade sobre el videojuego bélico más popular. El videojuego permite a los usuarios utilizar simulaciones de armas reales, que se pueden encontrar en el mercado, en situaciones de alta violencia. Por ello, expone la demanda, Activision se ha convertido en la «vendedora más prolífica y efectiva de rifles de asalto en EE.UU.». Ramos compró una versión de 'Call of Duty' en noviembre de 2021, seis meses antes de la matanza, que incluía en su presentación el modelo DDM4V7 de Daniel Defense que después el asesino utilizó en el tiroteo. Al mismo tiempo, Instagram invita a gente como Ramos a la compra de armas de este tipo. La red social prohíbe que las fabricantes de armas compren anuncios en su plataforma. Pero, al mismo tiempo, les abre otra puerta: permite que las compañías compartan mensajes promocionales en sus cuentas corporativas. Algunos de ellos, con mensajes que algunos podrían ver como una forma de empujar a la violencia. 'Los cazadores cazan', decía uno de estos mensajes, con soldados y ningún rastro de animales. 'Rechaza ser una víctima', rezaba otro, con una persona sacando un rifle de asalto del maletero de un coche. Noticias Relacionadas estandar No El Papa se reúne con decenas de niños en Roma y les pide «construir un mundo de paz, un mundo que tiene un futuro» Javier Martínez-Brocal reportaje No El 'Beach Horror': cuatro muertos y muchas incógnitas tras el hundimiento en Palma Mayte Amorós La demanda defiende que Activision y Meta promocionan este tipo de armas poderosas, de estilo militar, de forma consciente en población vulnerable, como jóvenes «inseguros sobre su masculinidad, muchas veces víctimas de 'bullying' y que necesitan mostrar fuerza y dominio». «Los demandados mastican chicos adolescentes marginados y escupen protagonistas de tiroteos masivos», dice el escrito de Koskoff, que tendrá un camino cuesta arriba en tribunales para tratar de extraer indemnizaciones a las compañías.
