Presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD)
Es fácil generalizar y opinar sobre lo desconocido, señalando maliciosamente con el dedo en informes oficiales a quienes solo tratan de defender sus derechos. También es peligroso lanzar juicios de opinión sin tener en cuenta la de todas las personas afectadas, porque la parcialidad no permite medir bien las consecuencias. Y cuidado con éstas, que se ceban siempre con los más vulnerables.
Quiero pensar que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha tenido en cuenta todas estas cuestiones en la elaboración de su dictamen de 20 páginas, con fecha de 22 de marzo de 2024, en el que «deplora perpetuación de un sistema educativo», refiriéndose al español y la Educación Especial, «que segrega, en la práctica, a más de 40.000 personas con discapacidad, del cual un 40% son personas con discapacidad intelectual».
Así, en apenas 20 páginas, se juzga la realidad y el derecho a elegir de más de 40.000 familias que, con toda seguridad, acumulan muchos más papeles que justifican su decisión a optar por la Educación Especial. Una elección que, dicho sea de paso, está garantizada en el artículo 27.3 de la Constitución Española. Nadie hoy se atrevería a cuestionar el derecho constitucional de las familias en elegir el tipo de educación que escogen para sus hijos, mucho menos en el caso en que tu hijo es un menor con discapacidad.
Sentada esta premisa irrefutable, además lo que verdaderamente importa es el bienestar de los menores con discapacidad. Y el hecho de que casi la mitad del alumnado de Educación Especial tenga discapacidad intelectual dice mucho de la diversidad de la discapacidad y de las necesidades de cada persona.
A este respecto, afirma la periodista Melisa Tuya en la última entrega de «El Rincón Social», el podcast de CEDDD, que «dentro de la discapacidad hay dos hermanas pobres, que son la discapacidad intelectual y la salud mental». Y desgraciadamente, los estudiantes que tienen alguno de estos dos tipos de discapacidad no se van a poder integrar tan fácilmente en la educación ordinaria como a todo el mundo le gustaría y como pretende la Lomloe. Primero, por falta de recursos en el sistema educativo; segundo, porque el 90% de las personas con discapacidad que recibe educación ordinaria es víctima de bullying; y tercero, porque la educación especial en estos casos es después de más de 70 años de experiencia, el mejor sistema educativo que existe. ¿Consentiremos como sociedad atropellos para nuestros hijos como los que propone la Lomloe?
