La herida por la que sangra el PSOE a su izquierda es siempre la misma. El feminismo. Entendiéndolo cada uno con una sensibilidad diferente, y sobre todo, atravesado por un asunto que provoca una sempiterna discusión: ¿es más feminista regular o pretender abolir la prostitución ? ¿Se protege más a la mujer que ejerce la prostitución dándole derechos y regulándola como desempeño laboral o se la cuida más persiguiendo a sus inductores y castigando a los clientes? El cisma estaba servido antes de empeza r y el Congreso de los Diputados volvió ayer a ser testigo de una profunda división entre los socialistas, que presentaron una proposición de ley «para eliminar el proxenetismo (o el lucro que genera la prostitución )», y sus socios de investidura, que reprocharon que la tramite a puertas de los comicios europeos y votaron en contra. El PP amagó durante todo el día con la abstención, pero la dejó caer. La derrota parlamentaria socialista supone la de mayor envergadura desde que en 2019 ERC tumbó los presupuestos generales del Estado, provocando que Sánchez adelantase las elecciones. En estos cinco años, el Gobierno ha visto cómo la Cámara Baja frustraba la convalidación de dos reales decretos leyes o cómo, el pasado enero, Junts forzaba la máquina y devolvía la ley de amnistía a la Comisión de Justicia para obligar al Ejecutivo a encarar una nueva negociación. Ahora, una medida estrella del PSOE, registrada por su grupo parlamentario, recibe un sonoro portazo del Congreso a las primeras de cambio, en su mera toma en consideración. Los socialistas ya encajaron un revés en la Cámara Baja este febrero, con la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero ninguno de esta entidad. En toda la legislatura pasada, no se tumbó ninguna proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Sí decayó la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'ley mordaza', pero aunque el PSOE la apoyaba, la había registrado el PNV. El mayor susto fue el de la reforma laboral, salvado 'in extremis' por el error en la votación del diputado del PP Alberto Casero. El resultado final fue de 122 votos a favor, 36 abstenciones (los de Vox y Podemos) y 184 ‘noes’, liderados por los de Sumar. La prueba más evidente de que Sumar estaba enfadado fue que solo unas horas antes de que la diputada Gala Pin subiese a la tarima, fuentes del PSOE mantenían que «seguían negociando» con el partido de Yolanda Díaz y confiaban en su aval. Pero Sumar ya había decidido que se opondría. Incluso se lo había confirmado a colectivos de prostitutas con los que venía trabajando desde hacía meses para definir su postura. No se lo había comunicado al PSOE. En una rueda de prensa a tres bandas, las marcas de Sumar partidarias de regular el «oficio» de la prostitución (Más Madrid, los Comunes y Compromís) negaron la mayor y dijeron que no se había producido ningún contacto con el PSOE. Es más, mostraron que su indignación venía de atrás y la exhibieron ayer, en el día clave de la toma en consideración de la iniciativa. Claves de la propuesta del PSOE para modificar el Código Penal La inducción «en todas sus formas» La inducción a la prostitución o proxenetismo se amplía, según la proposición de ley orgánica del PSOE para modificar el Código Penal de 1995, y lo castiga «en todas sus formas»: con penas de prisión de tres a seis años y multa de 18 a 24 meses a quien «empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o mantenerse en la prostitución». Aunque tenga el consentimiento de la persona, la inducción a la prostitución se castigará con pena de cárcel. Un agravante que contempla es si la «víctima» está en estado de gestación. Tercería locativa o dueños de burdeles y locales Se introduce un nuevo artículo, junto al 187 del Código Penal, que es el nuevo artículo 187 bis, sobre la tercería locativa, que pena a quien «destine un inmueble, local o establecimiento o cualquier otro espacio a facilitar la prostitución de una persona aun con su consentimiento». La pena será de 2-4 años de prisión y multa de 18-24 meses. No hay sanción para las prostitutas; sí a clientes A quien concierte o convenga actos de naturaleza sexual a cambio de dinero también se le condena a pagar una multa de 12-24 meses. Ese será el castigo a los clientes de la prostitución que recoge esta propuesta. «En ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución», añade. Y en una disposición adicional posterior se recoge el reconocimiento de víctimas directas a las personas en situación de prostitución. La diputada Gala Pin cargó contra los socialistas por presentarla en un tiempo y una forma que rechazan: «Es puramente electoralista», acusó. Los de Sumar estaban que literalmente se mordían las uñas, si bien en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta Díaz se afanó en explicar que piensa «cuidar de la coalición» y que el Gobierno «goza de buena salud». La discusión en sus filas también fue de alto voltaje hasta fijar una posición unánime en torno a este tema. Izquierda Unida, por ejemplo, es partidaria de abolir la prostitución y castigar a los clientes, pero ayer el voto fue uno. «El PP es abolicionista» El mismo debate espoleó a las filas del Grupo Popular, aunque con un carácter más pragmático. Se debatieron durante toda la jornada entre la ambigüedad de dar luz verde a Pedro Sánchez (absteniéndose) o traicionar sus principios abolicionistas. El PP apoyó un texto idéntico la pasada legislatura –votación del 7 de junio de 2022–. A pocos minutos de iniciarse el Pleno vespertino, fuentes populares insistían a ABC en que «el tema es muy delicado» y se resistían a «la instrumentalización que estaba haciendo el PSOE». Para Ferraz es un tema estratégico en plena carrera electoral y una bandera ideológica prioritaria. Ya en la tribuna, la vicesecretaria de Igualdad del partido, Ana Alós, juzgó de «claramente insuficiente» y también «oportunista» que el PSOE vuelva a registrar una proposición que dejó aparcada seis meses después de aquel junio de 2022. Alós lanzó una propuesta alternativa –que «no hemos registrado para no ponernos la medalla», dijo– y desafió al PSOE a retirar la suya y consensuar una nueva en el seno de otros órganos como la comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y es que en esta cruzada, PP y PSOE sí tienen una única voz al expresar que «la prostitución es violencia contra las mujeres», repitieron sin fisuras las parlamentarias Andrea Fernández y Ana Alós . La ministra de Igualdad, Ana Redondo , así como los miembros de ONG de ayuda a meretrices, asentían en la Cámara Baja. Aunque Redondo reivindicó luego en los pasillos: «Solo las socialistas defendemos los derechos de las mujeres frente a los proxenetas». Alós cuestionó que «no existe voluntad política por parte del PSOE, que saca su bandera de la igualdad como cortina de humo cada vez que tiene un problema» y le entra «la prisa abolicionista» en plena carrera electoral. Fernández, por su parte, arengó al PP para que mantuviese su voto favorable a la propuesta que ya obtuvo su respaldo anteriormente. «En 2021 hubo una sola sentencia condenatoria de un proxeneta», razón suficiente –dijo– para modificar el Código Penal de 1995 y «ampliarlo». MÁS INFORMACIÓN noticia No Un análisis de sangre permitirá diagnosticar el trastorno bipolar noticia No Reino Unido anuncia una compensación de más de 245.000 euros a los afectados por las trasfusiones de sangre contaminada Los socios de Sánchez fueron pasando, uno tras otro, por la tribuna del Congreso para criticarlo por «oportunista y demagogo», por «abandonar» a las meretrices «a quienes no han escuchado» y dejar sus vidas a su suerte al penalizar a los arrendatarios de habitaciones o clubes para ejercer la prostitución. «Y al día siguiente de la ley, ¿qué pasará con ellas?», se preguntaba Pilar Vallugera, de ERC. La diputada republicana fue la más enérgica al acusar al PSOE de llevarlo al Pleno justo ahora: «Sabe que rompe la legislatura».
