La Fiscalía ha rebajado de 19 a 17 años su petición de cárcel para el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana por los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad en documento mercantil en el marco del caso Erial. Anticorrupción ha retirado los cargos inicialmente atribuidos por falsedad en documento oficial, lo que reduce en dos años la reclamación inicial de pena al antiguo dirigente del PP, que se sigue enfrentando también a una multa de cuarenta millones de euros. El portavoz del Ministerio Público ha presentado este martes sus conclusiones definitivas en la fase final del juicio, que se celebra en la Audiencia de Valencia, por la supuesta trama que derivó mordidas millonarias a sociedades extranjeras. El testaferro confeso de Zaplana, su amigo íntimo Joaquín Barceló, y su jefe de gabinete en Presidencia de la Generalitat, Juan Francisco García -que también admitió los hechos tras alcanzar un pacto con el fiscal- verán disminuida sustancialmente su petición de prisión a menos de dos años, con suspensión de la pena, y una multa. Barceló se enfrentaba a ocho, mientras para García se solicitaban xx inicialmente. MÁS INFORMACIÓN noticia Si Zaplana, del todo a la nada A estas conformidades «de carácter parcial» se han sumado los empresarios y hermanos Vicente y José Cotino, sobrinos del político fallecido Juan Cotino, para. Aunque «puede parecer una postura humillante», ha indicado el fiscal Pablo Ponce, «ellos se han inculpado y han relatado la participación que han tenido otras personas. Eso no mina su credibilidad». «Han tenido la valentía de reconocer hecho graves» en el ejercicio de su defensa, que se lleva a cabo «de manera individual» y no colectiva. Al expresidente valenciano y de Bancaja José Luis Olivas se le mantiene la acusación de delito continuado de cohecho, pero se retira la de prevaricación, por lo que la petición de pena se rebaja de seis a dos años. Además, la Fiscalía ha retirado la acusación contra tres de los quince procesados en el caso Erial al considerar que «su participación no ha quedado acreditada» en los hechos que se juzgan. «No existe prueba suficiente para sostener la acusación» contra la exdiputada Elvira Suances y los empresarios Pedro Romero y Ángel Salas, que se enfrentaban a una petición de cinco años de prisión por un presunto delito de blanqueo de capitales. Han podido abandonar el banquillo y se les absolverá en la futura sentencia.
