Ni 24 horas pasaron antes de que el Ministerio de Igualdad retirase al Ayuntamiento de Almería (PP) la financiación de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género por una campaña que tildó de «aberrante» contra las agresiones sexuales a menores. El Ayuntamiento reconoció su grave error. Las feministas de la plataforma Contra el Borrado de las Mujeres exigen la misma diligencia a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género para acabar con carreras de tacones, contenedores para tapones, pasos de peatones pintados de arcoíris y talleres de maquillaje que se encuentran en la última hornada de despilfarro de esos fondos, una relación que ya han remitido al departamento de Ana Redondo. Noticia Relacionada estandar No Las delegaciones del Gobierno en las autonomías serán puntos violeta para atender a víctimas de violencia de género Miriam Antolín La ministra de Igualdad asegura que la renovación del Pacto de Estado en esta materia es «posible», pero «probablemente» sin Vox En esta tercera ocasión y después de haber denunciado que se están financiando desde catas de chocolate hasta numerosas iniciativas por el Orgullo LGTB, que nada tienen que ver con la lucha contra la lacra machista, las feministas mantienen que partidos de todos los colores políticos (se incluye por primera vez a Geroa Bai y Bildu al frente de algunos de los ayuntamientos que malemplean los fondos públicos) están cometiendo atropellos contra el uso de ese dinero público que les corresponde al distribuir los fondos del Pacto de Estado. En el nuevo y deshonroso inventario se incluyen de nuevo desde cursillos para hablar en público (Ayuntamiento de Arbizu-Arbizuko Udala, Navarra, con Gobierno de EH BILDU, en el año 2022), hasta el gasto en mobiliario urbano de algunos municipios para poner bancos en el mismo (Ayuntamiento de Alaraz, Salamanca, con Gobierno de Cs y PP, en los años 2023-2024), una carrera de Mujeres organizada por el Ayuntamiento de Alsasua, Navarra (Gobierno Geroa Bai en 2023) e Izquierda Unida, en el año 2019, se los gastó en un taller de yoga, financiado por el ayuntamiento de Aspe, en Alicante. A Sofía Cristo, la hija de Bárbara Rey, en el municipio de La Ribera de Cartaya, en Huelva, le pagaron con fondos del Pacto de Estado cedida a abc La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha instado al Ministerio de Igualdad a que formule «instrucciones precisas» sobre el uso de dichos fondos de modo incorrecto para sufragar iniciativas como la de Almería que no se adecúan a los objetivos que persigue el pacto. Las mujeres denuncian Otra de las grandes novedades de esta tercera entrega de carteles y campañas en las que se ha usado mal el dinero estatal es que han sido particulares las que se han dirigido a la plataforma. «Muchas mujeres nos han remitido otros ejemplos del mal uso que se está haciendo de los fondos del Pacto de Estado. Provienen de todo el territorio español, de gobiernos locales y autonómicos de diferentes partidos políticos: PSOE, PP, IU, EH Bildu, Geroa Bai, Podemos … y de diversas agrupaciones locales. Que todos los partidos políticos estén incurriendo en un uso indebido de los fondos no puede ser excusa para tapar esta mala praxis en un tema tan sensible en el que están en juego la vida de las mujeres y sus hijas e hijos«, sostienen las feministas en un comunicado. Noticias Relacionadas estandar No Mónica García presenta su candidatura a la OMS: «Es hora de que España tenga más relevancia» Javier Palomo estandar No «Déficit ecológico»: España agota este lunes todos los recursos naturales que le corresponden para este año EP Por esta razón, esta asociación ha remitido a Redondo cada uno de los casos, «en la confianza de que el ministerio cumpla su compromiso de investigar y actuar para impedir un desvío de fondos que los sustrae a las acciones finalistas del Pacto de Estado». Y acaban: «Esperamos que la ministra de Igualdad exija mayor diligencia a la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género en su labor de fiscalización y seguimiento del uso de los fondos, así como en la elaboración de las instrucciones a las diferentes administraciones respecto de los criterios de gasto que son aceptables».
