Para abandonar los combustibles fósiles y desbloquear los beneficios económicos de la transición verde, los políticos e industriales deben trabajar juntos.
Frente a los valores récord de las temperaturas en el mundo, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró que “debemos pasar de un año de calor abrasador a uno de ambición abrasadora”, pero para abandonar los combustibles fósiles y desbloquear los beneficios económicos de la transición verde —como la creación de empleos y el acceso universal a las energías limpias— los responsables políticos y líderes industriales deben trabajar juntos para convertir los compromisos adoptados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) de Dubái en gigavatios renovables reales.
La COP28 marcó un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático: unidos por el Consenso de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), los líderes mundiales se comprometieron a abandonar los combustibles fósiles y acordaron triplicar la capacidad energética renovable para alcanzar al menos los 11.000 gigavatios y duplicar la eficiencia energética de aquí al 2030.
Pero la ambición por sí sola no será suficiente para cumplir esas metas y limitar el calentamiento global a 1,5 °C, los gobiernos deben invertir en tecnologías renovables maduras y económicamente eficientes, que se puedan poner en funcionamiento rápidamente (integradas al almacenamiento energético de larga duración, el hidrógeno verde y la optimización de los sistemas, esas tecnologías representan la manera más confiable y flexible para acelerar la transición energética).
Indudablemente, las energías renovables moldearán el paisaje energético mundial en los próximos años: se prevé que tanto la energía solar como la eólica crezcan de manera significativa, y que las centrales hidroeléctricas constituyan la columna vertebral de la flexibilidad de las redes.
Por ello las energías renovables están en condiciones de convertirse en la fuente dominante de electricidad del mundo en el siglo XXI.
Pero —como indica un informe conjunto previo a la COP28, elaborado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) y la Alianza Mundial de Energías Renovables (GRA, Global Renewables Alliance)— para triplicar la capacidad renovable los sectores privado y público deben cooperar.
Las asociaciones debieran centrarse en iniciativas que ofrezcan resultados inmediatos, como la movilización del financiamiento de bajo costo, la aceleración de los procesos de emisión de permisos, la finalización de las conexiones retrasadas entre las redes, la reforma de los mecanismos gubernamentales de subasta para los proyectos de energías renovables y la diversificación de las cadenas mundiales de aprovisionamiento.
En el seno de esos esfuerzos debe residir un sólido compromiso con la inclusión y participación activa de las economías en desarrollo. Irena y GRA están demostrando ese compromiso con su colaboración en los informes anuales encargados por la presidencia de la COP 28 para el monitoreo de los avances hacia el objetivo de triplicar la capacidad renovable y facilitar la transición energética.
Debemos, sin embargo, acelerar la acción (sobre todo, si la meta es garantizar la distribución equitativa del progreso en el mundo); aunque la capacidad energética renovable aumentó 473 gigavatios en el 2023, los beneficios económicos de la transición energética no alcanzaron a todos los países. De hecho, el 83 % de esos aumentos se concentró en China, la Unión Europea y Estados Unidos; muchos países del sur global quedaron desatendidos.
La transición hacia las energías renovables es preocupantemente lenta en muchas partes del mundo: estamos desperdiciando oportunidades para atender al desarrollo del África subsahariana y los desafíos al acceso en ella, donde más de 500 millones de personas carecen de electricidad.
La lentitud de la transición puede atribuirse en gran medida a la falta de financiamiento asequible y planificación adecuada, y de los marcos de políticas y mercado necesarios para fomentar la adopción de las energías renovables. Es revelador que los subsidios públicos a los combustibles fósiles hayan alcanzado los 1,3 billones (millones de millones) de dólares en el 2022: aproximadamente la inversión anual necesaria para triplicar la capacidad renovable antes del 2030.
Un primer paso fundamental para alentar una mayor cooperación público-privada y cumplir las ambiciosas metas de la COP28 es reformar la arquitectura financiera mundial. Por ejemplo, África alberga al 17 % de la población del mundo, pero solo recibió menos del 2 % de la inversión mundial en energías renovables durante las últimas dos décadas, lo que pone de relieve la necesidad de reducir los costos del capital y atraer a inversionistas privados.
El desarrollo de conglomerados industriales y programas de subsidios también podrían contribuir a impulsar entornos favorables a la innovación y la asociación público-privada.
Los compromisos recientes de los líderes mundiales ofrecen atisbos de esperanza: los líderes africanos se comprometieron durante la Cumbre Climática de África del 2023 en Nairobi a aumentar la capacidad renovable de ese continente en por lo menos 300 gigavatios de aquí al 2030.
Esta campaña procura reducir la pobreza energética e impulsar la oferta mundial de energías limpias, económicamente eficientes y adecuadas para el uso industrial.
En palabras del presidente de Kenia, William Ruto, defensor clave del acuerdo de Nairobi, la crisis energética actual “es un llamado de atención a que los combustibles fósiles son lo opuesto a la libertad, pero, sin embargo, el mundo se ha encadenado a ellos. Debemos librarnos de esos grilletes”.
Para ello, Ruto creó la Asociación Acelerada para las Energías Renovables en África (Accelerated Partnership for Renewables in Africa), una alianza internacional de gobiernos y partes interesadas liderada por África con el objetivo de aligerar el uso de las energías renovables, aumentar el acceso a ellas, alentar la industrialización verde y fortalecer la resiliencia económica y social.
Los gobiernos y líderes empresariales debieran aprovechar el impulso político actual para alentar la cooperación entre los responsables políticos y los inversionistas privados.
Los gobiernos deben desarrollar marcos de políticas y mercado adecuados para facilitar la transición hacia las energías renovables y el sector privado —históricamente responsable del 86 % de la inversión mundial en energías renovables— está en condiciones de liderar la acción.
Juntos podemos lograr un futuro energético limpio, seguro y justo... pero para hacer realidad esa visión debemos actuar rápidamente.
Francesco La Camera es director general de la Agencia Internacional de Energías Renovables.
Bruce Douglas es director ejecutivo de la Alianza Mundial de Energías Renovables.
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